Ha dejado de ser noticia la lentitud con la que actúa la Justicia en nuestro país. Si algún día, un asunto importante se resuelve en un plazo de tiempo prudente, sensato, aceptable... habrá que elevarlo a la categoría de asunto de portada.
En la mayoría de las ocasiones la carencia de recursos humanos y de medios técnicos impide que se produzca esa noticia. Si a eso le sumamos la falta de interés que a veces se detecta para que avance una determinada causa, la posibilidad de una resolución en un tiempo lógico se convierte en ciencia ficción.
La instrucción del sumario del incendio del Monte de la Tortuga nunca será noticia por su tramitación en un tiempo aceptable. Hoy vuelve a ser un asunto de actualidad porque ha motivado el cierre del expediente que abrió por la misma causa la Ciudad Autónoma. Días antes la Consejería de Medio Ambiente se había dirigido al Juzgado Militar para que le informara de los resultados de su investigación, pero ante la falta de respuesta, ha sido necesario decretar el archivo de dicho expediente antes de que llegara su fecha de caducidad. Y a continuación, abrir uno nuevo y dejarlo suspendido para que cuando haya una resolución judicial, aún tenga valor.
Ocurre que aunque la Administración local desee tramitar el expediente con la máxima celeridad, no tiene ninguna posibilidad de hacerlo hasta que llegue la respuesta del juzgado.
La contestación que espera la Ciudad Autónoma no es la única cuestión que está en el aire. El conjunto de la sociedad ceutí también se pregunta por qué se ha atascado en la fase de instrucción un caso que aparentemente no representa una gran complejidad para la investigación. Además, habría que preguntarse si en estas circunstancias es posible luchar contra el fuego desde los juzgados. ¿Qué respeto puede imponer a un supuesto pirómano una Justicia que avanza a trompicones y a la que hay que estar constantemente azuzando para que no se quede dormida?
Las acciones delictivas y los comportamientos imprudentes que provocan que cada año importantes perdidas ecológicas por el fuego necesitan sentencias ejemplares y contundentes, incluso si quien se sienta en el banquillo y debe asumir responsabilidades son nuestras Fuerzas Armadas.
