Lectura del conflicto yemenita desde Marruecos

El flamante soberano de Arabia Saudí, Salmane Ben Abdelaziz, ha resuelto intervenir militarmente en Yemen en el marco de una alianza ad hoc de corte arabo-islámico(sunita).

El nuevo rey aboga por una solución de fuerza que, no exenta de riesgos, aspira a defender los intereses estratégicos de su país frente al avance del chiismo en la región. Desde un punto de vista de medios materiales la relación de fuerzas es muy favorable a los saudíes. Los houthis, los rebeldes yemenitas de orientación chiita, apenas disponen de un rudimentario armamento con el que deben enfrentar lo más avanzado en cazas norteamericanos con tecnología israelí, una sofisticada defensa aérea y, en último término, si llegara a suceder una intervención terrestre, un ejército regular compuesto por más de 150.000 hombres. Durante los últimos tres años el régimen de los Al Saoud ha invertido 140 mil millones de euros en la compra de armamento, que equivale a cuarenta años de presupuesto público yemenita. No obstante, si algo han evidenciado los conflictos de la contemporaneidad es que la superioridad militar, incluso si ésta es abrumadora, no es garantía de victoria. En el vecino Irak, sin ir más lejos, los cientos de operaciones aéreas perpetradas por Estados Unidos contra posiciones del Estado Islámico no han conseguido erradicar el mal. Y Sanaa, la capital, se presenta en la mitología nacionalista yemenita como la única urbe árabe de cierta envergadura que no ha conocido la ocupación extranjera. Yemen es un territorio extremadamente hostil, geográfica y humanamente. Enarbolando la defensa de la “legitimidad” del actual presidente de Yemen, Abd Rabo Mansour Hadi, un personaje falto de experiencia, apoyos y carisma; pero, sobre todo, para impedir el avance de la rebelión chiita auspiciada, en último término, por el sempiterno enemigo iraní, Arabia Saudí ha puesto en marcha una alianza que comprende a más de una decena de países árabes y musulmanes (sunitas). Además de los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), ésta incluye a Egipto, Sudán, Jordania, Turquía, Paquistán y Marruecos. El 26 de marzo, horas después del inicio de los bombardeos sobre posiciones rebeldes en Yemen, Rabat hacía oficial, a través de un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, su participación en la operación. El texto anunciaba la intención del Reino de Marruecos de apoyar la “legitimidad de Yemen” en sus “dimensiones políticas, de inteligencia, logística y militar”. El anuncio intervenía tras la demanda de ayuda explícita del presidente Mansour Hadi para asegurar “la defensa de la seguridad” de Yemen. El contingente movilizado por Marruecos para la ofensiva incluía seis cazas F-16 pilotados por efectivos de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) que ya se encontraban en Emiratos Árabes Unidos después de haber tomado parte en la ofensiva contra las posiciones del Estado Islámico en Siria e Irak. La aportación de Rabat se equipara a la de Jordania, se aproxima a la de Catar (10 cazas) y Bahrein y Kuwait (15 cada uno) y dista de la de Emiratos Árabes Unidos (30) y la propia Arabia Saudí (100). ¿Intervención anticonstitucional? La publicación del comunicado de Exteriores marroquí hizo saltar la polémica, en un primer momento vehiculada a través de portales de información en línea y las redes sociales para, ulteriormente, ocupar las páginas de los soportes de información “tradicionales”. ¿Era legal la implicación del país magrebí en la citada ofensiva? ¿Qué dice la nueva Constitución sobre la participación en una guerra? ¿Quién debe autorizar la intervención del ejército marroquí en el extranjero? ¿No debe ésta encontrarse sometida al visto bueno parlamentario o, al menos, del Consejo de Ministros? La comparecencia semanal del ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, el islamista Mustapha El Khalfi, no arrojó muchas más luces sobre la cuestión, limitándose a señalar que “en ningún caso” se trataba de “una declaración de guerra”, sino de “un gesto de solidaridad al encuentro de Yemen y los países del Golfo” en aras de la defensa de “la legitimidad del reino yemenita”. El artículo 53 de la Carta Magna aprobada en julio de 2011 estipula que “el Rey es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas Reales. Nombra a los empleados militares y puede delegar este derecho”. Además, el artículo 49 señala que el Consejo de Ministros delibera “sobre la declaración de guerra” y el artículo 99 indica que esta declaración debe hacerse “después de ser comunicada por el Rey al Parlamento”. Así las cosas, en declaraciones al canal arabófono de France24, para el presidente del Centro Marroquí de Estudios Estratégicos, Mohamed Benhamou, “Marruecos no se encuentra en una configuración o lógica de guerra, de ahí que no sea necesaria una declaración sobre la misma y que la participación de los cazas marroquíes en Yemen no sea inconstitucional”. Por otra parte, no resulta menos evidente que la intervención de Rabat en la ofensiva yemenita sí debería haber sido objeto de consulta al Consejo Superior de Seguridad (CSS), tal y como contempla el artículo 54 de la Constitución de 2011. Este Consejo está compuesto por una decena de miembros, entre los cuales figura el jefe de Estado, el presidente del Ejecutivo, los presidentes de las Cámaras de Representantes y Consejeros (Senado), así como el presidente-delegado del Consejo Superior del Poder Judicial y los ministros de Interior, Asuntos Exteriores, Justicia y Defensa Nacional. El CSS se presenta como una “instancia de concertación sobre las estrategias de seguridad interior y exterior del país”, encargada de la “gestión de situaciones de crisis”. Atendiendo al artículo 54 no cabe duda que el CSS debiera haber sido objeto de consulta. Pero, ¿qué ocurre con esta instancia? Ocurre que se encuentra inédita, ya que desde la adopción de la nueva Constitución nunca se ha reunido, al menos de manera pública, y tampoco ha sido desvelado su reglamento interior. Casi cuatro años después de la promulgación de la nueva Carta Magna el legislador marroquí aún no ha implementado su marco funcional y competencial. Contra el expansionismo persa El lacónico comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación no pone de relieve las auténticas dimensiones de la contienda en la que Marruecos se ha implicado y cuyo objetivo no podría reducirse a la única y simple voluntad de desalojar a un grupo rebelde tentado por el poder y “restablecer la legitimidad” de un presidente electo o traer el orden a un país atravesado por el caos y la inseguridad. Houthis, Hezbollah, Bachar Al Assad o incluso Nouri Al Maliki son, a ojos de Rabat y del grueso de países musulmanes (sunitas), instrumentos de la inestabilidad que reina en la región y que beneficia al régimen de los ayatolás. Según esta lógica, los rebeldes yemenitas se antojan simples peones en manos de Teherán. El escenario de un poder yemenita detentado por los chiitas es harto peligroso en un Estado fronterizo con países aliados de Marruecos del calado de Arabia Saudí y de los miembros del CCG. Esto es, precisamente, lo que explica la intervención sin ambages de Marruecos, pero también de Egipto y Turquía. Y es que la seguridad de Arabia Saudí y sus aliados del Golfo es también la suya propia. El proyecto de creación de una Fuerza Árabe de Defensa Común, una suerte de OTAN árabe, presentado durante la 26ª cumbre de la Liga Árabe no es otra cosa que una respuesta de un cierto islam (sunita) a las aspiraciones expansionistas persas. En un momento en el que la comunidad internacional se dispone a restablecer sus nexos con el régimen de Teherán, en que las variables geoestratégicas se redistribuyen y las tradicionales nociones de “frontera” se han visto sobrepasadas por alianzas estratégicas que van mucho más allá del inmediato entorno geográfico, con el vecino argelino abiertamente contrario a la intervención militar en Yemen, Marruecos no ha querido quedarse al margen.