El pasado viernes se acabó el recuento del voto de los españoles residentes en el extranjero. Como era de esperar, mayoritariamente votaron a la izquierda, aunque por efectos de la Ley D’Hont, el último escaño de Madrid haya pasado desde el PSOE al PP. Desde el punto de vista de la investidura, esto no hace variar en casi nada el escenario. El resultado final ha sido que las fuerzas de la extrema derecha y la derecha (que ha hecho suyos los postulados de ésta), no llegan a la mayoría absoluta. Este resultado solo lo afirmaba claramente el CIS, como expliqué en mi último artículo del pasado domingo sobre el concepto y el valor de una encuesta.
Pero, pase lo que pase, y aunque la situación nos llevara a la repetición del proceso electoral allá por Navidad, lo más probable es que Pedro Sánchez y el Gobierno progresista de España, en funciones o reelegido, ostentará la presidencia del Consejo de la Unión Europea durante este semestre, tras su nombramiento el pasado 1 de julio. Para mí es uno de los efectos positivos más importantes del resultado electoral. Me explico.
La prestigiosa Revista de Derecho Social de la Editorial Bomarzo, en su número 102, correspondiente a los meses de abril a junio de 2023, hace un interesante análisis de las consecuencias de esta presidencia española, así como de la anunciada reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Para ello ha contado con dos importantes especialistas. El profesor Jorge Uxó, del campo económico, y el profesor Antonio Baylos, del campo del derecho social.
El profesor Uxó, explica que la aparición de la inflación, a consecuencia de la guerra de Ucrania, que en España ha sido controlada, entre otras cosas, por la denominada “excepción ibérica”, ha alterado el marco existente, volviendo a poner sobre el tapete las políticas monetarias que se relacionan con el artículo 127 del TFUE (Tratado Fundacional de la Unión Europea), que se ha traducido en el aumento creciente de tipos de interés por el BCE. Lo que la propia Comisión europea ha señalado es que el desafío principal es cómo abordar el incremento de la deuda pública acumulada tras las sucesivas crisis económicas de los últimos 15 años, para hacerla compatible con el mantenimiento del ritmo de crecimiento sostenido y un nivel de inversión pública elevado, necesario para abordar la transición ecológica y digital, y otros objetivos de la Unión, como la seguridad energética, la autonomía estratégica y la resiliencia social y económica.
La propuesta de la Comisión Europea, pese a que mantiene los parámetros clásicos del 3% del déficit y el 60% de la deuda establecidos en Maastricht, se hace cargo de estos hechos y propone diferentes formas de abordarlos, según la situación de cada país y la sostenibilidad de su deuda. Es decir, la reducción de la deuda ha de abordarse de forma “realista y gradual”, para no perjudicar el crecimiento económico y las inversiones públicas, que bien orientadas, no solo favorecen el crecimiento a medio plazo, sino que por ello mismo refuerza la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El profesor Baylos, por su parte, reclama que el Pilar Social Europeo sea parte integrante de la Gobernanza Económica y del “Marco de Convergencia Social”. Es decir, realza las declaraciones de los gobiernos español y belga en el foro social de Oporto del 27 de mayo de 2023, que insiste en reclamar la coherencia entre las políticas macroeconómicas y fiscales europeas con la orientación social recogida en el Pilar Social, que se concibe desde esta perspectiva como un marco de derechos mínimos que se conecta con la resiliencia económica y la igualdad de oportunidades. Dichas declaraciones, a su juicio, muestra el compromiso de estos dos gobiernos en el avance de una agenda social más sólida, a lo que, sin duda, contribuirá la presidencia de la UE por parte de España.
Como nos explican los editorialistas de esta revista, lo que la presidencia española del Consejo de la UE va a intentar en el ámbito laboral es priorizar el diálogo social y la negociación colectiva, el trabajo decente y la economía social. En la producción de normas, llevarán a cabo propuestas de directiva sobre plataformas digitales, revisión de directivas sobre exposición al amianto y al plomo; revisión de la Directiva sobre Comités de Empresa Europeo; fomento de un acuerdo colectivo europeo sobre teletrabajo y derecho a la desconexión. Y también se prevé la elaboración de documentos no vinculantes sobre democracia en la empresa y la relación entre precariedad y salud mental. Y en el aspecto de la gobernanza económica se pretende la adopción de una decisión del Consejo que incorpore el procedimiento del mecanismo de convergencia social, propuesto por los gobiernos de España y Bélgica, como uno de los elementos que deben integrar la valoración que se efectúa de las políticas económicas y presupuestarias de los estados miembros.
La tremenda movilización de las fuerzas progresistas de este país ha evitado la vuelta a la caverna y va a hacer posible que todas estas medidas positivas para el bienestar colectivo puedan ser introducidas en las instituciones europeas, gracias a que el presidente español, Pedro Sánchez, se mantendrá como presidente de turno del Consejo de la UE durante todo el semestre.
Esta es la principal enseñanza de estas elecciones. La movilización ha hecho posible lo que todos los progresistas queríamos que sucediera. Así se han forjado las conquistas de derechos sociales a lo largo de la historia.