La Asociación de la Construcción está “preocupada” por que el Gobierno local no haya dado los pasos aún para modificar la polémica base de ejecución 19 del Presupuesto de la Ciudad para este año, y que sigue vigente a pesar de que el Pleno de la Asamblea decidió revocarla a finales de la legislatura anterior y después de que se alzaran las críticas del sector empresarial de Ceuta.
Esa medida es la que obliga a la administración local a licitar todos los contratos menores a partir de 500 euros “y que nos está destrozando”, según explica su presidente, Francisco Torres, quien subraya que las pequeñas y medianas empresas asociadas están “muy inquietas” ante la falta de información sobre los cambios que el Gobierno local se comprometió a realizar para que a esos concursos pudieran concurrir de manera preferente las empresas locales.
Fue una decisión se que se tomó en el Pleno de la Asamblea el pasado 20 de febrero aunque solo el PP y el PSOE le dieron el visto bueno a esa modificación, con el fin de dejar de sacar a concurso abierto todos los contratos de la Administración local superiores a 500 euros e inferiores a 18.000 euros, en el caso de servicios y suministros, o a 50.000, en el de obras. Según se decidió, sería la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos la que “invitaría” "a concurrir exclusivamente a las empresas y autónomos establecidos en Ceuta,en función del sector al que estén adscritos en el registro del Impuesto de Actividades Económicas. Según defendió en ese momento el portavoz del Ejecutivo Emilio Carreira, el cambio de procedimiento no entorpecía “la competitividad, el ahorro de costes públicos y la igualdad de oportunidades” y argumentaba que, además, propiciaba la “competencia en igualdad de oportunidades”" en un ámbito, el de los gastos menores, que no está regulado por la Ley de Contratos del Sector Público.
Desde el pasado 1 de enero la Administración local publica en su Perfil del Contratante en Internet “todas” sus adjudicaciones superiores a 500 euros para que, “durante un plazo mínimo de siete días”, cualquier interesado pudiese presentar una oferta para que el contrato fuese adjudicado al precio más bajo. El web de la Ciudad Autónoma (www.ceuta.es) hay en la actualidad 623 licitaciones de contrataciones menores adjudicadas o en tramitación.
“Eso nos está destrozando”, dice Torres
El presidente de la Asociación de la Construcción, aunque da margen al nuevo Ejecutivo para que cumpla “sus primeros cien días” de gestión, también admite que el hecho de que la fórmula de licitación de contratos menores no haya variado desde enero está causando “muchos perjuicios” a las pymes. “Nos está destrozando”, subraya. “Nos afecta mucho y aunque digan lo contrario, aquí vienen ahora muchas empresas de fuera que tiran los precios por los suelos y se llevan los contratos, por lo que esperamos de esta nueva legislatura una nueva filosofía”. Las pymes tienen depositada sus esperanzas en el Plan de Barriadas que va a impulsar la Ciudad. “A ver si nos recuperamos un poco”.
El sector de la construcción también apoya la revocación del PGOU
Las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción en Ceuta también respaldan la iniciativa del Gobierno de paralizar la tramitación del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que conllevará el desbloqueo de la tramitación de licencias. “Nos parece que ha sido una idea muy acertada”, explica el presidente de esta asociación. Para Francisco Torres, aunque la anterior consejera de Fomento, Susana Román, “fue oportuna a la hora de llevar a Pleno la aprobación inicial” del documento, el hecho de que las alegaciones hayan sido numerosas y sobre todo importantes ha provocado “que el trámite para resolverlas se haya prolongado demasiado en el tiempo, con el perjuicio que causa porque la ciudad está ahora mismo paralizada y solo trabajan las empresas que habían tramitado su licencia con anterioridad a la aprobación del Plan”.
“Entendemos que el plan del 92 está absolutamente desfasado pero creemos que ha sido una decisión bien tomada que se anule su aprobación y que se incluyan esas alegaciones en el texto inicial”, añade.
La revocación del PGOU fue una decisión tomada por el Consejo de Gobierno hace una semana. El Ejecutivo confía en que la tramitación del texto, que será el que ya había con el añadido de las alegaciones, no se prolongue más allá de 18 meses.
