ONG y Plataformas Sociales entre las que figuran Amnistía Internacional, Cáritas o CEAR, han solicitado formalmente al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de constitucionalidad contra la Ley de Seguridad Ciudadana por vulneración de derechos fundamentales.
Las entidades, que han sido recibidas por Soledad Becerril, presentaron un documento conjunto consensuado el pasado 26 de marzo que expone la posible inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley, como los relativos a los registros corporales externos, a la libertad de información y de expresión y a los rechazos en frontera de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla.
Según informaron después de la reunión, estas organizaciones han instado a la Defensora del Pueblo, institución competente para acudir al Tribunal Constitucional, porque consideran que esta es "una vía democrática y pacífica de mostrar su disconformidad" con un "retroceso en el reconocimiento y acceso" a derechos reconocidos por la Constitución y diversos tratados internacionales.
Entre los promotores de la iniciativa están, además de los mencionados, Andalucía Acoge, Asociación Apoyo, Asociación Solcom, Coordinadora de Barrios, Greenpeace, Plataforma del Tercer Sector, Red Acoge, Rights International Spain, Servicio Jesuita a Migrantes, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, la Coordinadora de ONGD y la Plataforma No Somos Delito.
Todas comparten la "convicción de que existen fundamentos jurídicos suficientes para impulsar el Recurso de Inconstitucionalidad" y confían en las gestiones que la Defensora del Pueblo vaya a llevar a cabo en este sentido. Asimismo, se comprometen con la ciudadanía a llevar un seguimiento de las mismas.
La queja presentada por este grueso de entidades de corte social se suma a otras que se han hecho públicas a través de profesionales como es el caso de los colegios de abogados.
