Nunca en elecciones generales habíamos votado dos veces al año. Y llevamos cuatro votaciones en cuatro años. Votar es cívico, democrático y bueno, porque cuando un pueblo no pueda votar, ¡malo!. Tan malo como cuando exija votar de forma ilegal e inconstitucional. Votando, los ciudadanos ejercemos nuestro derecho inalienable de elección de nuestros representantes. Pero hace falta que luego quienes resulten elegidos se responsabilicen, con seriedad y rigor, de formar gobierno con las mayorías posibles que puedan conformarse atendiendo al mandato recibido de las urnas. Si no, ¿para qué vota el pueblo?.
La primera vez no se formó gobierno sólo por desacuerdo en cómo repartirse los ministerios y por bloqueo. Se desaprovecharon hasta cuatro combinaciones distintas posibles entre partidos constitucionalistas. Y nos obligaron a votar por segunda vez al no satisfacerles lo que votamos. Y ahora no sabemos cuándo tendremos que votar de nuevo, porque escribo el día siguiente de los comicios y, aunque ni soy político ni conozco los entresijos de la política, pero atendiendo solamente a los resultados que arrojan las urnas, resulta: que el centro se ha debilitado, se polarizan los extremos radicales, crece el independentismo y se fragmentan más ambas Cámaras; aparte de los enormes gastos para el Erario Público que ha costado la paralización política, más el daño económico y el impacto negativo que dicha parálisis comporta, afectando mucho a la imagen internacional y marca “España”. ¿Por qué partidos constitucionalistas de distinto signo no pueden formar conjuntamente gobiernos programáticos sólidos, como se hace en otros países, en defensa del Estado, del bien común y los intereses generales?. Así, el desprestigio de la política y los políticos parece asegurado.
Pues como ya hemos votado y con nuestra modesta opinión ni perjudicamos ni favorecemos a nadie, en uso del derecho de opinión y de expresión, tenemos el deber moral de decirles claro a los políticos: La representación popular que con el voto se les confiere no es para que, caprichosamente, cada partido luego haga según más le convenga. La política y los políticos son los que deben estar al servicio de los ciudadanos, y no éstos al servicio de los políticos, cuyo principal objetivo es ganar poder y escaños. Luego, “si te vi no me acuerdo y hasta dentro de otros cuatro años”. Eso crea desánimo, abstención, desafección política y lleva a pensar que “todos los políticos son iguales”, porque suelen hacer de la política el “arte de decir mentiras”. Aunque me consta que también hay políticos serios, probos y honrados.
No se imaginan el enorme rechazo que los electores sentimos hacia quienes tan tontos nos creen como para que tanto nos mientan y engañen. Y mentir es lo que les hace perder más votos. Recuerdo de mi niñez aquellos mayores entre los que me crié en Mirandilla. Eran esclavos de la verdad y de su palabra dada, cuando con tanto aplomo nuestros abuelos hablaban empleando expresiones de tanto peso que hasta las hacían con invocaciones religiosas, como: “Lo que yo digo va a misa” y “mi palabra es sagrada”. Y, si alguien mentía, sería tenido muy en deshonor y reprobado por la sociedad.
Ahora se miente a discreción, se engaña con argucias y artimañas. Aquellos políticos de 1978 habían luchado en las trincheras frente a frente, pero, después, parecieron nacidos para el dialogo, pactando con manos izquierda y derecha para hacer equilibrios y llegar a acuerdos, cediendo todos algo; guardándose respeto mutuo, trato correcto y lealtad institucional, dándose el abrazo pacífico para reconciliar España. Hoy están sus nietos y la política es distinta, pareciendo como si el fin justificara los medios. En general triunfan más la mentira y el engaño. Y lo peor es que la sociedad se va acostumbrando y hasta ve con cierta simpatía la habilidad para engañar de desaprensivos y espabilados. Fíjense en algunas de tantas mentiras con las que los cinco líderes políticos nos “obsequiaron” en el debate electoral. El que menos, mintió tres veces; otros, muchas más; aunque relacionaré alfabéticamente sólo tres por cada uno, midiendo a todos con el mismo rasero.
Albert Rivera: 1. Propuso que el IRPF “no llegue a quitar ‘la mitad’ del sueldo en algunas Autónomas”. Y no es verdad. El tipo marginal máximo estatal está fijado en el 45 %; si bien, en Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, La Rioja y Valencia sí aplican hasta un 48 %, pero en ninguna alcanza ni sobrepasa el 50%, porque lo afirmado no significa que los contribuyentes entreguen ese porcentaje sobre el total de su salario a la Agencia Tributaria, sino solo sobre el tramo máximo.
2. Propuso permisos de paternidad iguales para hombres y mujeres. Y eso ya está aprobado desde el año pasado, progresivamente para los hombres, hasta conseguir la equiparación en 16 semanas en 2021.
3. Dijo que la corrupción en España alcanza a 48.000 millones de euros. No es cierto. La corrupción es una de las peores lacras que corroe y más repudia a las personas honradas. Pero lo de los 48.000 millones procede de un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de 2015 que se refiere a los sobrecoste en los concursos de obra pública, que podían suponer desviaciones al alza del 25% sobre el presupuesto, pero que nada tiene que ver la corrupción con el origen de esas desviaciones. Ese informe ha sido utilizado varias veces, extrapolando datos y cruzando información de todo tipo. Pero la cifra no se refiere a la corrupción.
Pablo Casado: 1. Dijo que fue el PP el que paró el ‘plan Ibarretxe’, en referencia a la propuesta secesionista que el lehendakarie llevó al Congreso en 2005. Pero, en ese momento, el presidente del Gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero. El plan soberanista recibió 313 votos en contra (PSOE, PP, Izquierda Unida, Coalición Canaria y Chunta Aragonesista). Votaron a favor PNV, ERC, EA, Nafarroa Bai y el BNG, con sólo 29 votos. Incitativa per Catalunya se abstuvo.
2. Manifestó que la declaración de Pedralbes pactó la figura de un “relator internacional” que mediara entre Cataluña y Españas. No es verdad. El “relator internacional”, en la Declaración de Pedralbes no se menciona, aunque sí pidió Cataluña que una “persona encargada de facilitar el diálogo” figurara en la “mesa de partidos”, que, según explica el documento, «será quien facilitaría la coordinación de los trabajos, convocatorias y fijara el orden del día”. Aquél fue un acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Torra para mejorar las relaciones entre ambos ejecutivos. Las referencias al “relator internacional” figuran luego en un documento aparte que Torra entregó a Sánchez y que después fue filtrado, pero no estaba en la Declaración de Pedralbes.
3. Preguntó a Sánchez: “¿Por qué no retira la Declaración de Pedralbes, en la que se decía que la monarquía era franquista, que la Guardia Civil y la Policía Nacional eran fuerzas represoras y que la justicia no era independiente?”. No es cierto. El comunicado conjunto pactado entre el gobierno de Sánchez y el de Cataluña el 20-12-2018, no incluye alusiones a la monarquía, ni a las fuerzas de seguridad, ni sobre la independencia judicial.
Pablo Iglesias: 1. Manifestó que “el artículo 50 de la Constitución Española dispone que las pensiones se tienen que revalorizar conforme al índice de precios de consumo”. Esta afirmación no es correcta, dado que la Carta Magna no hace referencia alguna al IPC. Dicho artículo 50 se limita a decir que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”; pero sin mencionar el IPC.
2. Dijo que tampoco se cumple con el artículo 31 de la Constitución, que exige que el IRPF sea progresivo. No es verdad. El IRPF, al ser un Impuesto directo y personal, sí es progresivo (quien más gana, más paga). Se aplica el tipo marginal que corresponda a cada tramo de renta del trabajo. Los tipos se aplican de forma que un sueldo de 70.000 euros anuales no pagará el tipo máximo del 45 % por el total de los ingresos, sino que pagará el 19 % por los primeros 12.450 euros, el 24 % entre 12.451 y 20.200 euros, el 30 % entre 20.201 y 35.200 euros, el 37 % entre 35.201 y 60.000 euros, y el 45 % entre 60.001 y 70.000 euros.
3. Afirmó que la banca española no paga el Impuesto de Sociedades, y que debe pagar los 60.000 millones de euros que le concedió el Estado. No es cierto. El tipo de gravamen general del Impuesto de Sociedades es del 25% para el grueso de compañías y del 30% para entidades de crédito o petroleras. La Agencia Tributaria publicó las cuentas anuales consolidadas de ese Impuesto por primera vez recientemente, con datos actualizados hasta 2016. Dichos datos reflejaban que el tipo efectivo sobre la base imponible en este impuesto es del 23% en entidades de crédito sobre el beneficio en España, frente al 21,0% de las empresas no financieras y el promedio total del 21,25%. Por otro lado, Iglesias insiste en decir que la banca no ha devuelto al Estado 60.000 millones de euros por el rescate financiero, que no fue a los bancos, sino a las extintas cajas de ahorros. La banca, de hecho, también puso dinero para comprar aquellas cajas. El propio supervisor bancario ha calculado que la cifra está sobre los 40.000 millones.
Pedro Sánchez: 1. Afirmó que la competencia de prisiones fue traspasada al Gobierno de la Generalitat por el Partido Popular. No es cierto. La transferencia de las cárceles catalanas fue concedida a Cataluña por el Gobierno de Felipe González en 1983.
2. Dijo que 530.000 nuevos puestos de trabajo crearon desde el tercer trimestre de 2018. No es verdad. Según la encuesta de población activa (EPA) hasta el último trimestre de 2019 se han creado 346.300. Ni siquiera si se examinan las cotizaciones de la Seguridad Social la cifra se acerca. En esta magnitud se han registrado 460.000 cotizantes.
3. Expresó que “quien indultó a los terroristas de Terra Lliure fue el Partido Popular”. No es exacto. En 1994, el Gobierno de Felipe González indultó a Jordi Petit Ferrer, ex activista de la organización terrorista Terra Lliure que estaba condenado a 18 años de cárcel por varios delitos de estragos. En junio de 1996, ya con José María Aznar en La Moncloa, el Ejecutivo popular indultó a otros 15 condenados por pertenencia a Terra Lliure y cuyo perdón no fue tramitado por el anterior Gabinete socialista porque se extravió el expediente.
Santiago Abascal. 1. Afirmó que el 86% de las denuncias de violencia de género son archivadas. No es cierto. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, el año pasado se interpusieron 166.961 denuncias por violencia de género. También expresó que el 70 % de los imputados por delitos sexuales son extranjeros. No es cierto. Un 70,1 % de los detenidos o investigados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual son españoles.
2. Dijo: “Después de la manada de 2006 ha habido más de 100 manadas. En España el 70% de quienes están imputados son extranjeros”. No es cierto. Según el Informe sobre delitos contra la libertad e Indemnidad Sexual de 2017 (Ministerio del Interior) un 70,1 % de los detenidos o investigados por delitos sexuales eran españoles, frente a un 29,9 % extranjeros.
3. Dijo que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha convertido a muchos hombres en presuntos culpables, que hay un 86 % de denuncias archivadas. Datos inciertos. Tal porcentaje es una barbaridad. Apenas llega al 1,3. Según el Informe sobre Violencia de Género del año 2018 del Consejo General del Poder Judicial, fueron archivadas definitivamente 385 de las 29.028 sentencias dictadas, lo que supone un 1,3%. El informe, elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, revela que del total de sentencias dictadas, el 57,14% fueron condenatorias (16.586).
He intentado ser sincero, objetivo e imparcial. Ojalá que pueda servir para algo, pero no creo.