El equilibrio presupuestario y la confianza de Europa y de los inversores son condiciones “sine qua non” para la recuperación económica y la creación de empleo. La grave crisis económica y financiera que hoy se padece en España es el resultado de una política errática del Gobierno del PSOE y fruto del despilfarro del dinero público durante sus ocho años de gobierno. De no haberse negado la crisis y de haberse adoptado las medidas que la situación entonces demandaba, los efectos no hubiesen sido tan nefastos para la economía, ni el sobrecoste de la inversión en deuda pública en relación a la alemana, hubiera superado los 300 puntos; ni hubiésemos alcanzado esos 5.500.000 de personas en paro, ni los jóvenes se hubieran planteado emigrar a otros países en busca de un mercado laboral más sostenible.
A los detractores de las medidas adoptadas por el Gobierno del Sr. Rajoy en tan sólo cien días de Gobierno, he de decirles, que los hombres de estado se identifican por sus actos y cuando un gobierno acomete tantas reformas en tan poco tiempo en un intento de reconducir la economía y la estabilidad presupuestaria, el apoyo debe ser incuestionable por el bien del país y por el de todos los españoles si queremos que ésta, nuestra España vuelva a ser la que fue en tiempos no muy lejanos, y todos sin excepción, hemos de participar en ello; ese enorme agujero económico y el déficit público del 8.5% que por herencia ha recibido el actual Gobierno nos impone sacrificios que habrán que asumirse por el bien común y en la medida de las posibilidades económicas de cada uno de los españoles y empezando por supuesto, por el mismo Gobierno al ajustar el gasto en 27.300 millones de euros convirtiendo los PGE en los más exigentes y austeros de la democracia al recortar un 17% de media el presupuesto de cada ministerio: 17.800 millones de euros, y se hace un mayor esfuerzo de ajuste en las partidas menos productivas; se congelan las retribuciones de los altos cargos quedando en 400.000 euros menos que las del Gobierno socialista; y como no puede ser de otra forma, las transferencias a los sindicatos (¿) se reducirán en 6,2 millones de euros.
Los PGE favorecen los derecho sociales y a los ciudadanos más vulnerables; cuatro de cada diez euros van a pensiones y prestaciones por desempleo; asciende la aportación de todas las pensiones en un 3,2% (115.826 millones de euros); se eleva en un 35,6% su aportación a la financiación de las pensiones mínimas; se mantiene por supuesto, las prestaciones por desempleo; de cada cien euros, más de la mitad se destinará a programas sociales, se mantienen las partidas de Educación destinadas a becas y las políticas sociales y de seguridad; no se reduce el sueldo de los funcionarios y sólo las empresas más grandes verán aumentado el IRPF por un tiempo limitado a dos años.
La responsabilidad política de todos los grupos parlamentarios impone el coadyuvar en aquéllas medidas de interés general que sean sometidas a debate por el actual Gobierno. Un “NO” a la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera viene a romper las reglas de juego en su día consensuadas por los dos grupos mayoritarios y deja claro ante los españoles, que poco o nada interesa al principal grupo de la oposición los intereses de España; más aún, cuando su líder, sólo hace acto de presencia para “votar” negándose a presenciar en el hemiciclo el debate sobre una medida de suma importancia y absolutamente necesaria para recuperar la confianza e iniciar la senda del crecimiento y por ende, la creación de empleo; lamentable esa falta de responsabilidad política y de sentido de estado.
