El borrador del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería permitiría a los extranjeros en esta situación a percibir ayudas a las que antes no tenían derecho por ser ilegales
El gobierno dará papeles a los inmigrantes ilegales cuyos hijos hayan nacido en España. Es un borrador pero la intención es clara: regular la situación de residencia de los extranjeros que tengan hijos españoles a su cargo. Bajo la fórmula de arraigo familiar, los extranjeros recibirán un permiso de residencia temporal, por un plazo de un año, siempre y cuando el menor conviva con ellos y viva a su cargo. Estos progenitores, al cabo de un año, ya que han estado en una situación regular, podrán obtener otro permiso de manera normalizada de acuerdo con la situación y los requisitos que cumpla. El texto beneficiará a muchas mujeres que residen en Ceuta en situación irregular y que poseen la custodia de los niños.
El nuevo reglamento, que desarrolla la actual ley en vigor aprobada hace dos años, será debatido en el Consejo de Ministros y se espera su puesta en marcha. Una medida muy acertada para los organismos que trabajan muy de cerca con extranjeros, pero de la que quedarían algunos flecos por cortar.
La trabajadora social del Centro Asesor de la Mujer de Ceuta explica que "es bueno que el nuevo reglamento prevea el arraigo familiar porque son muchas las mujeres extranjeras casadas con ceutíes que al separarse se quedan con hijos a su cargo en la más absoluta indefensión y no podían acceder a ningún recurso al estar indocumentadas. Ahora estarán en situación legal, pero el permiso de residencia les permite sólo eso: la residencia. Sería un permiso de trabajo el que realmente les diera el empuje para lograr romper el círculo de la dependencia de ayudas sociales”, explica Gema Prieto. El permiso de residencia, sí permitiría en cualquier caso que los que lo obtengan estén apuntados al Inem para recibir cursos de formación.
Una de las novedades es también la de que las inmigrantes irregulares que denuncien maltrato no serán expulsadas del país. El texto señala que se les abrirá un expediente que se suspenderá en al acto, a la espera de una orden de protección o de un informe del fiscal. Antes del borrador ni siquiera se obligaba a abrirles un expediente. En cualquier caso, la situación para la mujer denunciante sigue siendo la misma que decía el texto anterior: se la protegerá desde el primer momento y se le ofrecerá residencia y permiso de trabajo, algo que se lleva haciendo desde la aprobación de la ley hace ya dos años.
El Gobierno espera fomentar que estas víctimas pierdan el miedo a denunciar y puedan beneficiarse de la máxima protección posible, de hecho el 40 por ciento de las víctimas mortales de la violencia de género son de origen inmigrante y un porcentaje similar de las denuncias también son presentadas por extranjeras.
