La Comisión de Gobernación volverá a reunirse el lunes para debatir la propuesta que su titular, Jacob Hachuel, someterá a su consideración para permitir que el próximo año el precio del billete ordinario de los autobuses urbanos se encarezca de 80 a 85 céntimos después de permanecer más de seis años congelado.
La adjudicataria del servicio, cuya concesión vence el próximo año, alega para reclamar esa subida que durante los dos últimos años el precio del combustible ha subido un 40% (solo en lo que va de 2018, un 18%) y que desde 2015, cuando “comenzaron los problemas de circulación en la frontera, ha perdido 334.000 viajeros: 110.000 en 2015, 125.000 el año siguiente, 65.000 el ejercicio pasado y 34.000 en lo que va de este. Además, ‘Hadu-Almadraba’ argumenta que el Gobierno local le ha impuesto la realización de “líneas deficitarias”.
Según sus cifras, la número 1, que pasa por San Amaro, “solo cubre el 28% de sus gastos” y la de Benzú (número 5) apenas llega al 32%. La del Hospital Universitario (4) supera en ingresos el 50% de los gastos “gracias a la proximidad con la barriada del Príncipe Alfonso”.
La compañía asegura que las tarifas actuales, congeladas desde febrero de 2012, “están entre las más bajas de España, incluida Melilla”, y alerta de que el “deterioro económico” que se ha trasladado a sus cuentas “dificulta acometer inversiones en la renovación del parque de automóviles y hacer frente al incremento salarial solicitado por los trabajadores para el actual ejercicio”.
‘Hadu-Almadraba’ defiende que aunque desde 2016 ha estado “reduciendo gastos para compensar la disminución de ingresos derivada de la bajada de viajeros” es inviable continuar en esa línea: “Continúa la bajada de viajeros dado que el problema fronterizo aún no tiene solución, no tenemos influencia en el precio del combustible y nos vemos obligados a atender las líneas deficitarias”.
“La única solución”, contrapone, “es la actualización de la tarifa ordinaria, lo que propiciaría poder acercar posturas con los trabajadores en la actual negociación del Convenio Colectivo y estudiar la próxima inversión en elementos de transporte”.
El informe técnico emitido sobre la subida de cinco céntimos por trayecto sencillo concluye que “no parece desproporcionado” porque, además, el incremento de costes salariales y del precio del combustible “pueden reducir de manera significativa los resultados previstos”.
Aún elevando ese 6,3% el billete sencillo, que supone el 74% de la facturación total de la empresa (el resto procede de las tarjetas bonificadas por la Ciudad y del bonobús), el aumento global del volumen de negocio de la empresa (4,7%) estaría muy cerca de la evolución del IPC acumulada (4%) y la tarifa local seguirá un 32% por debajo de la media de las 38 principales ciudades españolas (solo en Linares, Logroño y Lugo es más barata).
Según los informes técnicos que obran en el expediente de la subida de la tarifa ordinaria para el año próximo de 80 a 85 céntimos, las concesiones de transporte urbano suelen presentar “un evidente desequilibrio del servicio” porque “los costes suelen superar a los ingresos por tarifa y el Ayuntamiento concesionario se ve en la obligación de compensar dicha diferencia más un beneficio razonable”.
En Ceuta, sin embargo, en la concesión a ‘Hadu-Almadraba’ no se da esta circunstancia porque “la longitud de los trayectos, su mercado potencial (algunas veces, como en el caso de la frontera, casi cautivo) y el número reducido de rutas, unido a una buena gestión empresarial”, han hecho que, históricamente, la concesión ha dado directamente ese “beneficio razonable”.
La concesión ha venido dando en Ceuta un “beneficio razonable”
La Intervención de la Ciudad considera, sin embargo, en su análisis de la propuesta que formula el consejero de Gobernación, que “al modificar la tarifa ordinaria y no el resto de las bonificadas, como en principio parece deducirse de la información del expediente (en el que tan solo se hace referencia a esa subida), este aumento de tarifas afectaría para el ejercicio 2019 al importe que asume la Ciudad Autónoma respecto al resto de bonificadas, circunstancia que deberá ser debidamente cuantificada y presupuestada”.
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