Las incoherencias de la crisis

Torpe e incoherente fue negar la crisis. Torpe  porque mantener esa actitud voluntarista obligaba a aplicar una política económica paralela en el sentido del ciclo, - lo contrario hubiera sido delatorio -, e incoherente porque se aplicaba sobre una falsa realidad. Paradójicamente se dio coherencia a una incoherencia y para colmo se aplicaban, extemporáneamente, algunas medidas de corte keynesiano que agravarían las consecuencias de la crisis, toda vez que se añadían, además, en un momento de endeudamiento público alarmantemente creciente.
Esta disparada política económica,  necesariamente, terminaría en el desastre económico que nos encontramos al finalizar el año anterior.
Iniciada la nueva legislatura se ponen de manifiesto algunas sorpresas que van apareciendo a la vista de las cifras de las principales magnitudes económicas deficientemente evaluadas, anteriormente, e incluso ocultas. Se genera la consiguiente alarma y la urgencia, primero, de adoptar medidas para hacer frente sin demora a las obligaciones más perentorias del Estado y, después, a ir perfilando otras reformas de carácter estructural que vayan permitiendo sanear las cuentas públicas, en lo sucesivo, en el corto, medio y largo plazo. ( Entre tanto  y como ocurre en las películas de Hithcock, cada vez que se abre un armario va apareciendo un nuevo cadáver).
Son diversas las razones de los desequilibrios presupuestarios que nos llevaron a esta situación y sobre todo el corto espacio de tiempo, tres/cuatro años, en el que de un superávit de casi dos puntos del PIB, se pasa un déficit de casi nueve puntos.
Para reducir el déficit y atender perentoriamente a las obligaciones de la deuda pública se acude a adoptar medidas de reducción del gasto (Por la vía de recortes de aquéllas partidas presupuestaria de más volumen) e incrementar los ingresos (Por la vía de aumento  de la presión fiscal en conceptos impositivos de más rápida recaudación).
La deuda pública al iniciarse el año alcanzaba la cifra de 774.550 millones de euros, es decir el 72 % del PIB, según el siguiente detalle:
592.572 millones de euros la Administración Central, supone el 76,5  % del total.
145.118     de las Comunidades Autónomas   (13,48  % ) y  36.860      milones de las Corporaciones Locales     (4,76 %)       
El Gasto Público ascendía a 483.000 millones de euros, suponía el 45 % del PIB y se repartía así:
La Administración Central el 21,8 %
Las Comunidades Autónomas el 36,9 %  
La Seguridad Social  el 28,5 %, y Corporaciones Locales el 13,4 %      
El número de empleados era de 3.104.100, de ellos con contrato indefinido  2.414.300  lo que supone  el 77,8 % y temporales 689.900, es decir, el 22,2 %.
Los cargos políticos electos eran 73.515 (Congreso 350; Senado 266; Diputados Autónomos 1.218; Consejos Comarcales 1.810; Diputados provinciales y Consejos Insulares 1.409 y Alcaldes y Concejales 68.462)
El coste de las correspondientes nóminas era de 115.000 millones de euros, distribuidos así: Administración Central recibía el 29 %; las Comunidades Autónomas el 53 % y las Corporaciones Locales el 18%.
El número de Empresas Públicas era de 2.400, las cuales deben 55 millones de euros. (Las estatales 32.586 millones ; Las autonómicas 13.191 y las de las Corporaciones Locales 9.000).
El gasto estimado para atender las pensiones en el presente  año es de 115.825, 93 millones de euros. Esta cifra se ha duplicado desde el año 2000.
Las primeras medidas anunciadas para actuar sobre el déficit se estima alcanzarán los 56.440 millones de euros (13.530 para 2012;  22.860 para 2013 y  20.005 para 2014). ¿Será posible alcanzar el objetivo?  Y  ¿Será suficiente?. No conviene olvidar que, hasta ahora, las medidas que se están adoptando no son  operativas de modo instantáneo, son leyes que se van a desarrollar sucesivamente e irán surtiendo efecto paulatina y progresivamente. La  importancia de actuar con oportunidad en todo programa de política económica es fundamental, y, al contrario, es  imponderable el coste económico  y social adicional que ha de soportar  una sociedad cuando se actúa extemporáneamente ( Este ha sido el caso). Estas medidas provocarán un efecto  crowding-out (2) y sólo será perceptible su éxito o fracaso cuando al final de esos tres/cuatro años pueda construirse la Curva de Laffer (3)
Siguen y seguirán otra serie de medidas estructurales obligadas en sectores y capítulos importantes, ( Laboral,  administrativo, energético,  educación, sanidad,  transporte, etc.), con el fin de equilibrar las finanzas públicas, privadas y de entidades financieras, que permitirán estabilizar la economía, en su conjunto, en un plazo estimado de tres/cuatro años, circunstancia absolutamente imprescindible para iniciar una política de estímulos al crecimiento y desarrollo sobre bases firmes.
Las recomendaciones de la Comisión Europea son  complementarias a las anteriores y sucintamente son:

1ª.- Proyecto de ajuste  presupuestario 2013-2014, que requiere se determine un techo de gasto y partir del cual se visualice claramente el esfuerzo de consolidación  presupuestaria a todos los niveles del Estado.
2ª.-  Acelerar la entrada en vigor del retraso de la edad de jubilación y cuantas medidas requiera la viabilidad del sistema.
3ª.-  Implantar la fiscalidad verde. Quien contamine pague.
4ª.-  Reforma financiera. Limpieza definida del sector y recuperación de la confianza de los inversores.
5ª.-  Mejorar y depurar el mercado laboral coordinándolo entre la administración y diversos organismos.
6ª.-  Liberalizar los servicios profesionales facilitando la entrada de los nuevos.
7ª.-  Reducir la pobreza infantil y la precariedad de los mayores de 45 años.
8ª.-  Liberalizar el transporte ferroviario y aeroportuario.
9ª.-  Potenciar las viviendas de alquiler y la protección de los propietarios.
10ª.- Aumentar la supervisión de los órganos reguladores y estimular la unidad de mercado para que las empresas puedan ejercer su actividad a lo ancho y largo del territorio nacional con el fin de aumentar su eficacia en materia de distribución o de regulación.  

No existe, ni técnicamente es posible arbitrar, otra alternativa a la existente, dada la delicadísima situación límite actual. Intentar anticipar o simultanear una política de crecimiento a/o con la de estabilidad, hoy, sería un grave error,  porque  son imposibles e inexistentes las oportunidades de financiar  proyectos de desarrollo, ni por la vía del crédito privado, prácticamente inexistente, ni del sector público, hoy obligado a  ajustar las cuentas públicas a la baja.
Por encima de todo existe la voluntad firme y anunciada como objetivo prioritario por los responsables de conducir nuestra economía, de solucionar el más grave de los problemas sociales que sufre España: EL PARO, y a su solución definitiva apunta toda la política económica de nuestro país en los momentos actuales. Una economía liberal-capitalista moderna no se puede permitir el lujo de mantener inactiva una cifra tan elevada de su capital humano, tanto desde un punto de vista social como económico.
En otra ocasión se analizará el impacto que, como consecuencia de otra u otras decisiones,  se producirá  en la economía española. En esta ocasión parecía oportuno centrar este análisis en algo que está candente en la opinión pública, en estos momentos, y puede ayudar a la reflexión de tan severas como indeseadas medidas que se ven obligados a tomar los responsables de ejecutar la política económica.

(1)  Es economista y miembro del Grupo de Opinión “Salvador de Madariaga”
(2) Se trata de un efecto de exclusión, según el cual  la política fiscal pierde posibilidades, ya que el gasto público que estimula la economía  debe ser financiado por recursos que reducen la capacidad de inversión del sector privado.
(3) Se debe al economista norteamericano de igual nombre y consiste en la representación gráfica de la forma en que evoluciona la recaudación por impuestos, respecto a los tipos impositivos y de ella se puede deducir, “ex post”,  el resultado de un determinado programa. ( Formó parte del arsenal teórico de Reagan a partir de 1981)