Las esposas ‘invisibles’, la otra cara de la lucha contra el fraude en el empadronamiento

Baja en el padrón. Al Ámbar asesora a mujeres que no pueden renovar la residencia aunque tienen marido e hijos españoles. Propone revisar la normativa de Extranjería para estos casos.

Libros de familia numerosa en cuya foto solo aparecen el padre y los descendientes mientras que la imagen de la madre ha sido eliminada al carecer de permiso de residencia aunque viva con ellos en la ciudad. Quizá ésta sea la mejor expresión visual del limbo al que se enfrenta una bolsa significativa de mujeres que han sido dadas de baja en el padrón municipal.
Ésta es solo una parte del reverso de la lucha contra el fraude intensificada por la Ciudad y la Delegación desde 2010 –por sus ramificaciones con otras prácticas– y que esta semana presentó la cifra de 4.000 desempadronamientos en 2013 en aplicación de la normativa vigente. Pero, ¿qué ocurre con esas personas que quedan al margen de la legalidad? ¿Todas son bajas de individuos que quieren aprovecharse de las prestaciones?
La Asociación de Mujeres Al Ámbar, con sede en el Príncipe Alfonso, intenta dar respuesta a un colectivo de féminas que viven “desde hace muchos años en Ceuta y tienen maridos e hijos españoles”. A diario llegan hasta Habiba Abdelkader, presidenta de la entidad, y Sabah Ahmed, su vicepresidenta, varios casos de estas características. Solo en la mañana del viernes, atendieron a seis.
Hedhum Ben Yusef es una de ellas. Casada por el juzgado con un vecino del Príncipe de 68 años, le niegan la residencia porque su marido, que está enfermo, solo ingresa 300 euros mensuales y le solicitan al menos 800, relata en la oficina de Al Ámbar.
Cuando la afectada deja de formar parte del padrón de habitantes, de forma inmediata recibe la baja en la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, por supuesto, su acceso a la sanidad pública queda restringido a los supuestos que responden a criterios humanitarios. Una pérdida de cobertura sanitaria y social que acarrea problemas a estas familias, “a pesar de que las progenitoras lleven décadas viviendo en Ceuta”, alertaron desde la asociación.
Abdelkader y Ahmed explican que Extranjería concede la residencia en función de si la solicitante tiene hijos españoles, es decir, contrajo nupcias con un ciudadano de esta nacionalidad con quien tuvo descendencia, mientras que la renovación del permiso dependerá de que haya un contrato de trabajo por unos ingresos mínimos fijados por la administración. “Tal y como están las cosas, ¿quién consigue un contrato de trabajo hoy día?”, apunta la presidenta.
“Nos encontramos con el problema de que Extranjería exige a la afectada el certificado de empadronamiento y cuando van a pedirlo a la Ciudad, le piden la residencia”, como ya denunciaron ambas, un círculo vicioso en el que quedan atrapadas sin posibilidad de regularizar su situación, añade Reduan Alí, voluntario de la asociación.
La solución que proponen desde Al Ámbar consiste en el reconocimiento inmediato a estas féminas del permiso de residencia al tener hijos españoles, siempre y cuando sean vecinos que acrediten años de estancia en Ceuta y no desde fechas recientes. Estas activistas de los derechos de la mujer lamentan que la clase política solo recuerde a los vecinos del Príncipe cuando se acercan las elecciones, mientras que las perjudicadas sienten que sufren un “maltrato psicológico” a diario.

Hassan Amar Al lal

“Mi mujer fue a pedir un certificado para el Inem y le dicen que le dieron de baja a ella y a mis dos niños ¿En casa qué, vivo yo solo?”

Hassan Amar Al Lal llegó a la oficina de Al Ámbar indignado. “La Ciudad ha dado de baja a mi mujer y mis dos hijos de siete y tres años. Nos dicen que pueden estar entre los 4.000 desempadronados de 2013”, señaló. “Mi esposa fue a pedir un certificado para el Inem –actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)– hace unos cinco días y le dijeron eso”, añadió Amar, quien confía en que tan solo sea una “equivocación” porque, insistió, ella está casada con un español y sus hijos nacieron en este país. Este vecino señaló que, en caso de que la administración solicite documentación con la que certificar sus palabras, dispone del contratato de la vivienda que habita junto a su familia por una mensualidad que ronda los 500 euros. “Entonces, ¿qué me están diciendo, que en casa vivo yo solo?”, se preguntó mientras sostenía su DNI y la tarjeta de residencia de su esposa.

Fatna Bazra

“Me quedé sin sanidad cuando hace un año mi marido murió, con quien tengo cuatro hijos”

Fatna Baznar es también vecina del Príncipe. Su esposo, con quien trajo al mundo a sus cuatro hijos, falleció hace un año y desde entonces soporta el peso de su ausencia y de la situación de irregularidad en la que ha quedado a pesar de que su marido e hijos son españoles. De hecho, su hija de 24 años estudia en Granada. Para demostrar sus palabras, muestra su pasaporte marroquí y el DNI de una de sus hijas, la más pequeña de 18 años. Después de más de 28 en Ceuta, ¿por qué aún carece de permiso de residencia? “Entregué toda la documentación que me pedían pero los trámites se han alargado tanto en el tiempo que ahora me veo en esta situación, sin cartilla sanitaria ni posibilidad de que me receten los medicamentos. Solo tengo derecho a Urgencias del Hospital”, lamenta esta mujer. Durante este tiempo, Baznar se encontró sin posibilidad de inscribirse a algún curso de formación o alfabetización que la dotara de herramientas con las que encontrar un puesto de trabajo. Tamou El Garquani es otra de las mujeres que se encuentra en esta situación. En la sede de Al Ámbar otra mujer de 69 años relata que lleva empadronada 20 en Ceuta pero no le dan la pensión por jubilación porque no avisó de que su marido había fallecido.

Hind Rajia

“En dos meses tengo que renovar la residencia pero no tengo contrato laboral”

Hind Rajia lleva nueve años casada con un ceutí, aunque lleva 15 en la ciudad, y tiene cinco hijos españoles. “En dos meses tengo que renovar el permiso de residencia pero no tengo un contrato de trabajo”, explica, un requisito que la administración le exige para continuar con esta condición. En caso de que le retiren este reconocimiento temporal, perderá cualquier derecho a la sanidad pública o acceso a ofertas de empleo del SEPE, entre otras limitaciones.