Aún no hay Gobierno pero en su debut las comisiones de Interior y Justicia del Congreso han pedido enterrar dos de los proyectos estrella del que todavía está en funciones y la vuelta a la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 (la llamada "ley Corcuera") y la derogación de la prisión permanente revisable.
Dos normativas con apenas ocho meses de vida y ya abocadas al fracaso si el PP no renovaba su mayoría absoluta en las elecciones del 20 de diciembre, porque el resto de los grupos parlamentarios anunció a bombo y platillo que las derogarían si conseguían que los populares fracasaran en las urnas.
En cualquier caso, ambas decisiones de hoy no tienen ningún efecto ejecutivo en tanto que instan a un gobierno inexistente a tomar esas medidas, pero sí han proyectado una respuesta simbólica y unánime a dos leyes muy polémicas, aprobadas en su día en solitario por el PP y recurridas ante el Tribunal Constitucional.
Pero en lo que podía interpretarse como una cierta marcha atrás del PSOE, el debate de la propuesta de ERC de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana ha dejado la iniciativa un poco descafeinada, porque los socialistas han conseguido que el promotor aceptara una enmienda transaccional para derogar los aspectos que incorporaba la conocida como "ley mordaza" respecto a la de "la patada en la puerta" o ley Corcuera de 1992.
Los socialistas no han interpretado el resultado final del debate como una "marcha atrás" en sus promesas, ya que, según han indicado a Efe fuentes de este partido, el objetivo es que se supriman los preceptos que ellos mismos recurrieron ante el TC y volver a la anterior normativa para que las fuerzas de seguridad no se queden sin un respaldo legal en su quehacer.
Así, lo que el PSOE quería eliminar son los artículos que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados "en meros indicios y sospechas" y los que no ofrecen suficientes garantías jurídicas en los controles en la calle y en los cacheos.
Todo ello sin olvidar la disposición adicional que incluyó el PP para modificar la Ley de Extranjería y legalizar los rechazos en frontera en Ceuta y Melilla, que la oposición siempre interpretó como devoluciones en caliente de inmigrantes y que, según han recordado diversos portavoces, han sido cuestionadas por organismos internacionales.
En entredicho ha estado desde su aprobación hace nueve meses la figura de la prisión permanente revisable, contemplada en la reforma del Código Penal y que hoy ha puesto de acuerdo a todos los grupos, excepto el PP, para su "inmediata" derogación.
Y es que para todos los grupos la prisión permanente revisable no es otra cosa que una cadena perpetua "encubierta" y supone "todo un ataque a los principios constitucionales en favor de la reinserción de los penados".
Una afirmación que siempre ha rechazado el PP, quien se ha mirado en otros países de la UE para justificar una medida que se aplica a los delitos más execrables y abyectos y que, además, goza del apoyo de dos tercios de la población.
Ha sido el argumento que hoy ha esgrimido el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, que ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha acreditado la compatibilidad de esta figura con los derechos internacionales.
Además, no han sido las únicas iniciativas adoptadas en el estreno de ambas comisiones, que han ofrecido una imagen diferente a la de la anterior legislatura al haberse conseguido aprobar un buen número de propuestas.
Entre ellas, el Congreso ha dado su respaldo a rebajar de 120.000 a 50.000 euros el límite para perseguir como delito el fraude fiscal, a eliminar las tasas judiciales a pymes y ONG o a no aplicar la limitación en los plazos de instrucción judicial que contiene la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por unanimidad, la comisión ha dado un sí a que el Gobierno emprenda las medidas necesarias para que todos los agentes de las fuerzas de seguridad cuenten con chalecos antibalas como dotación imprescindible para garantizar su seguridad, una proposición que ha sido presentada por Podemos.
