Casi un año y medio después, la promoción de viviendas protegidas del Monte Hacho volverán a ser hoy protagonistas de la Sesión Plenaria en la Asamblea.
La coalición Caballas, que en marzo de 2013 logró un acuerdo del Pleno para “actuar de manera inmediata y urgente en la promoción de conformidad con los informes técnicos, jurídicos y financieros que al respecto sean pertinentes”, esgrimirá ahora un “demoledor” dictamen de EMVICESA que certifica que el importe estimado de las obligaciones de la constructora no ejecutadas o realizadas con fórmulas o materiales de peor calidad “ascendería a 467.000 euros de presupuesto de ejecución material, 733.980 de presupuesto de contrata, una vez aplicada la baja, gastos generales, beneficio industrial y revisión de precios a IPSI”.
El listado de taras recopilado por los técnicos de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta se eleva a casi medio centenar de partidas y apartados pero podría ser mucho mayor si a la revisión de finales del año pasado se añadiese otra más a fondo. “Con un examen más detallado de la promoción en los capítulos de instalación eléctrica, contraincendios, urbanización, etcétera”, alerta el informe, “se podrían encontrar nuevas partidas no detectadas hasta la fecha y que no se hayan ejecutado con la misma calidad y/o cantidad a las proyectadas”.
Para el primer grupo de la oposición en la Asamblea este es el último botón de muestra del “paradigma de la incompetencia e irresponsabilidad con la que actúa el Gobierno de la Ciudad” que a su juicio supone la gestión de la promoción de viviendas ‘86 Viviendas Protegidas en la Falda del Monte Hacho 1ª Fase (Europan 5)’, una iniciativa que inicialmente iba a costar unos 10 millones con 127 casas y otros tantos garajes y que finalmente absorbió 12,5 millones para levantar 86 viviendas y unos cuarenta aparcamientos. “A pesar de que la licencia de primera ocupación y calificación definitiva tiene fecha de 17 de diciembre de 2009 todavía no se ha firmado el acta de recepción satisfactoria de la obra, un hecho en sí mismo inexplicable”, añade la formación que lidera Mohamed Ali.
Ahora Caballas va a pedir al Pleno que inste al Ejecutivo local a hacer cuatro cosas: 1) incautar “de manera inmediata” el aval constituido por ‘Acciona Infraestructuras’ como “garantía de la ejecución de las obras de la promoción”; 2) acometer “por la vía de urgencia” las obras necesarias; 3) abrir un expediente “para determinar las responsabilidades a que hubiera lugar por el abono de una cantidad superior a 700.000 euros por obras no ejecutadas o ejecutadas en una cantidad o calidad inferior a la proyectada”; y 4) emprender ante la jurisdicción competente “las acciones legales pertinentes para, además de exigir las responsabilidades correspondientes, lograr la devolución de las cantidades abonadas indebidamente”.
A tenor de lo reflejado en el informe, las deficiencias son múltiples. Se analizan detalladamente hasta diez capítulos con “graves irregularidades” entre las que figuran partidas no ejecutadas, otras ejecutadas con calidad inferior a la proyectada, y otras ejecutadas en menor cantidad a las proyectadas. Todas ellas abonadas, incluso la baldosa de revestimiento original, que tenía un precio superior en un 232% a la realmente colocada.
Ali dice que los responsables de la promoción deben ser “Márquez, López y Román”
A. Q. CEUTA
El portavoz del primer grupo de la oposición en la Asamblea defendió ayer en declaraciones a los medios que el Gobierno local está “obligado” a “resolver de inmediato las deficiencias que muestran las viviendas de la promoción del Hacho, cuyas víctimas directas son los adjudicatarios de las mismas”. A renglón seguido, Mohamed Ali espera que el Ejecutivo que preside Juan Vivas tome “todas las medidas a su alcance” para “conseguir recuperar hasta el último euro de dinero público indebidamente pagado a la constructora”.
Para terminar, el localista espera que el PP explique hoy “qué va a pasar con la tantas veces prometida segunda fase de una serie de viviendas que costaron más de lo presupuestado por un modificado que mutiló decenas de casas y garajes y que nunca se ejecutó realmente, como ahora sabemos gracias a un informe técnico al que nadie había prestado o querido prestar atención”.
Desde el punto de vista de Ali “el primer responsable de este engendro de gestión mala e irregular” es “el ahora diputado nacional Francisco Márquez, que entonces dirigía Emvicesa”. Al también miembro del Ejecutivo local suma “al viceconsejero de Vivienda, ex gerente de la empresa municipal, Antonio López, y a la consejera de Fomento, Susana Román, que llevan un año y medio sin cumplir un Acuerdo Plenario y no han hecho nada con los informes técnicos que obran en su poder”.
