De nuevo surge una polémica en el ámbito sanitario. De nuevo está relacionada con las ambulancias, un servicio que por increíble que parezca podría peligrar si MP y otras empresas relacionadas con el transporte sanitario como Royda, adjudicatarias del Ingesa, no abonan la indemnización de 54.000 euros para los trabajadores a la que un juez del TSJA les ha condenado.
Así las cosas, y con el Ingesa también condenado de manera solidaria, si la situación no se arregla, y eso parece al menos de momento, el sindicato Comisiones Obreras, que es el que representa a la plantilla, ya ha advertido de que pedirá el embargo de los vehículos, es decir, de las ambulancias, si es que la empresa se sigue negando a pagar, con las consecuencias que ello tendría para la asistencia sanitaria en Ceuta. Lo más lógico es que eso no vaya a suceder, es decir, que la administración sanitaria reaccione antes de que ocurra, y que las ambulancias no dejen de circular en ningún momento. Pero es también una llamada de atención hacia un conflicto, el de las ambulancias, que dura ya demasiado tiempo. Son ya unos cuantos años los que trabajadores, usuarios y en general los ceutíes estamos al tanto de problemas en el transporte sanitario terrestre. Una llamada de atención también hacia los gestores del Ingesa y sus procedimientos de adjudicación. Han sido muchas las veces que los sindicatos han criticado y puesto en cuestión las empresas que se llevan los concursos de las administraciones públicas por no ser las más adecuadas. En el caso de las ambulancias, el conflicto ha sido permanente en las dos últimas legislaturas. La gota que ha colmado el vaso ha sido esta sentencia del TSJA. Pese a ser un servicio esencial la realidad es que no se le ha prestado, ni antes ni ahora, la atención que debiera.
