Cada mes se repite la misma escena en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. La Policía Nacional coloca la famosa ‘lista de las maletas’ en la que aparecen los nombres de aquellos hombres y mujeres que van a marchar a la península.
Algunos, los menos, acuden a centros de acogida gestionados por las oenegés. Son los integrantes del colectivo de los vulnerables: familias, madres e hijos, embarazadas, enfermos, mayores... A ellos, mediante la gestión del Gobierno, se les consigue una oportunidad al otro lado del Estrecho lejos de la devolución a sus países de origen. Pero a la gran mayoría les espera otro destino: su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros en la península, en donde podrán permanecer no más de 60 días antes de que se acuerde su devolución a su país de origen o su puesta en libertad.
La oenegé jesuita Pueblos Unidos ha presentado un informe con el que ha analizado cómo viven los inmigrantes detenidos y repartidos en alguno de los ocho CIE que hay desperdigados por la península, desde Madrid a Barcelona, pasando por Valencia, Algeciras o Gran Canaria.
A estos centros van a parar los protagonistas de las ‘listas de las maletas’. Algunos quedan en libertad, otros son devueltos a sus países y, meses después, vuelven a aparecer en los CETI de Ceuta o Melilla. Por uno de estos CIE pasaron los famosos ‘indios del bosque’, quienes tras permanecer casi cuatro años en Ceuta, consiguieron finalmente su regularización. Eso sí, tuvieron que pasar por el tiempo estimado en un centro de internamiento.
Por allí también pasan los argelinos trasladados desde las ciudades hermanas. Para ellos, casi en la práctica mayoría de los casos, se consigue la expulsión vía Alicante hasta Orán. En cada caso hay una historia distinta, y lo que ha pretendido hacer Pueblos Unidos no es más que poner la atención sobre la situación que se encuentran estos inmigrantes.
En España existe una capacidad de internamiento para 2.500 personas simultáneamente, a través de las plazas que ofrecen los saturados CIE. Para Pueblos Unidos, detrás de estos centros se producen auténticas injusticias. Con su denuncia, pretende poner cierta normalidad al trato policial y político que se da a la población migrante.
En su informe ‘Atrapados entre rejas’, Pueblos Unidos señala que ha visitado en 2012 a 323 personas internadas, de un total de 3.060, lo que supone más del 10% de la población interna en el CIE de Madrid en 2012. Las visitas totales realizadas ascienden a 1.277. En algunos de estos centros la entrada se ha llevado a cabo con total libertad, en otros se han topado con cuantiosas trabas.
“La estancia máxima en un CIE son 60 días. De acuerdo con la ley, el único derecho limitado en los CIE es la libertad de movimiento, todos los demás derechos permanecen en vigor y el Estado tiene la obligación de garantizar su efectivo cumplimiento. En España, estos centros dependen del Ministerio del Interior y están gestionados por el Cuerpo Nacional de Policía”, se advierte en el informe. La realidad es bien distinta.
Resulta complicado obtener datos de cuántas personas han sido realmente expulsadas, también de las condiciones de vida que allí se estilan, quedando como resumen que la medida de internamiento se convierte en un arma ineficaz de la que echa mano la clase política para abordar la presencia de inmigrantes en nuestro país.
“No es fácil conocer cuántas personas internan en los CIE españoles y cuántas de ellas son finalmente expulsadas. El Ministerio del Interior no publica cifras sobre los CIE. Aproximadamente 1.000 personas extranjeras ingresan en los CIE cada mes, de las cuales poco más de la mitad son finalmente expulsadas”.
Las personas que vienen de Ceuta y Melilla o que han llegado en pateras y han sido trasladadas al CIE, llevan muy poco tiempo en el país. Pero el resto, en general, son individuos que llevan ya varios años en España y que tienen una orden de expulsión previa. “Nos ha sorprendido mucho el internamiento en el CIE de 18 personas que ingresaron sin tener siquiera la orden de expulsión sino simplemente con la iniciación del expediente sancionador por estancia irregular. A estas personas se les notificó la orden de expulsión estando ya en el CIE”, se indica en el informe, como ejemplo de lo que no debe hacerse pero se hace.
“España es un país con un alto porcentaje de internamientos”, denuncia la oenegé, lamentando que, por ejemplo, la Policía recurra a esta medida no como medida excepcional sino como rutinaria. Internar por internar, a pesar del constatado “fuerte impacto psicológico” que genera entre las personas allí retenidas. La efectividad de este tipo de medidas como forma de controlar la inmigración irregular es nula.
El futuro de los centros
“Para las personas internadas y para sus familiares supone, por un lado, perder en pocas horas su forma de vida y, por otro, encontrarse, sin más, privados de libertad a la espera de que alguien decida el futuro de sus vidas, al margen de las consecuencias que para ellos se deriven. El sufrimiento se agrava en los migrantes sin antecedentes penales, a quienes la ambigüedad de estar encerrados sin haber cometido un delito les causa una profunda angustia y desconfianza”, denuncia la oenegé. En esta situación se encuentran los trasladados desde Ceuta y Melilla, que ni siquiera están fichados. En el CIE de Madrid, el 23% de su internos, lleva menos de un año en España. Solo el 27% de los internados tiene algún tipo de antecedente penal y tan solo se llega a conocer el resultado final del 63% de las personas internadas en CIE, es decir, solo con esas personas se sabe qué ha pasado. “De ellas, el 60% fueron puestas en libertad, casi siempre por decisión judicial o por imposibilidad de documentar o repatriar”. Mientras esto sucede se emiten quejas repetidas por violencia dentro de los centros, sin que puedan investigarse adecuadamente. Pueblos Unidos denuncia en su informe que no procede llevar a cabo una expulsión ni un internamiento por estancia irregular. “Sin embargo, hay numerosos casos de inmigrantes en los CIE por mera estancia irregular, cuya orden de expulsión e internamiento ha sido realizada sin un análisis de su caso concreto”. Lo que debería sancionarse con una multa, pasa finalmente por un proceso distinto.
