La UIP en el Tarajal costó al Estado 20 millones de euros desde 2006

Los empresarios incumplen el acuerdo alcanzado hace ocho años con Delegación para contratar la seguridad privada.

La Delegación del Gobierno y la Comunidad de Propietarios de los Polígonos del Tarajal mantienen un pulso sobre el tablero del ‘comercio atípico’ entre la ciudad y el país vecino. La Administración General del Estado insta a los comerciantes a continuar contratando a los 16 auxiliares de seguridad que sirven de refuerzo a la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional (UIP) en tareas de traducción, ordenación del tránsito de porteadores o la instalación y desinstalación de vallas; mientras que los empresarios responden que carecen de recursos suficientes para pagar esas nóminas.
La problemática en torno al tránsito de mercancías es cíclica, es decir, existen conflictos recurrentes que estallan cada cierto tiempo. La vigilancia privada, que ahora proporciona Seguriber, es una de estas ‘minas’. Corría 2005 cuando el Gobierno inauguraba el Biutz o puente de la Cerveza, dando así respuesta a una reivindicación histórica de los empresarios del Tarajal para activar la economía de la zona.
Según un informe oficial fechado en 2006 al que tuvo acceso El Faro, la apertura de este paso diseñado para un tránsito de no más de 10.000 porteadores, estuvo acompañado por una ronda de negociaciones entre las partes implicadas.
En estos contactos, según el mismo documento, quedaba recogido que la Delegación habilitaba el Biutz por 600.000 euros –el cerramiento corrió a cargo de la Ciudad por 300.000– y, desde diciembre de 2004 hasta el mismo mes de 2005, Policía Nacional y Local se encargaron de la seguridad fija. En contraprestación, los comerciantes se comprometían a colaborar y a contratar la seguridad privada para el recinto. Sin embargo, los polígonos nunca llegaron a cumplir su parte del acuerdo hasta que contrataron a Seguriber para sustituir a los ‘plantos’ en 2014, es decir, ocho años después.
Entonces, ¿quién se encargó de mantener el orden desde 2006 ante el incumplimiento de los representantes de las naves? La UIP de la Policía Nacional, lo cual generó un gasto para las arcas públicas que, según pudo conocer este diario, asciende a 20 millones de euros. La contratación de la empresa tenía un coste de entre 69 euros –la más barata– y 200 euros –la más cara– por mes y nave, según el informe de ese año.
Las cifras barajadas por los polígonos, publicadas por El Faro en 2006, variaban sensiblemente de las contenidas en este documento pero, en definitiva, consistía en que el Tarajal tuviera seguridad privada como cualquier otro centro comercial.
Ocho años después, no solo aumentó la cifra de porteadores que pasan por los polígonos –de 10.000 iniciales a más de 30.000– sino que el incremento estuvo acompañado de una mayor dotación de funcionarios de la Policía Nacional –de entre 12 y 16 hasta alrededor de 40 en función de los grupos–. Con lo cual, la inestabilidad ha aumentado y la seguridad privada se hace más necesaria en la actualidad.
Sin embargo, la situación ha tomado unos derroteros que parecen alejarse de una solución. La Comunidad de Propietarios decidió este martes reducir los auxiliares de 16 a seis a partir del próximos lunes, antes de proceder a la cancelación del contrato con Seguriber, el próximo 30 de noviembre. La Delegación del Gobierno, en la reunión del viernes pasado, trasladó a los presidentes asistentes que es impensable mantener el servicio con menos auxiliares y, en ese caso, retiraría a la UIP del recinto, lo cual conllevaría el cierre del puente del Biutz.

Seguriber considera inviable el servicio con seis auxiliares
Seguriber, la empresa de vigilancia privada que presta servicio en los polígonos del Tarajal desde hace 10 meses, conoció de mano del presidente de uno de los polígonos del Tarajal que la decisión adoptada en asamblea significa que, a partir del próximo lunes, el recinto solo cuente con seis auxiliares en vez de 16.
La mercantil que suministra los auxiliares de seguridad solicitó a los comerciantes que le comuniquen esa disminución de personal por escrito a lo cual, lamentó Antonio Borrego, director de zona de Seguriber en Ceuta y Melilla, recibió el silencio por respuesta. La razón estriba en que, para materializa el despido de estos trabajadores, tiene que basarse en una reducción de plantilla.
Por otra parte, Seguriber remitió ayer un escrito tanto a la Delegación del Gobierno como a la Ciudad Autónoma en el que informa de que, a fecha de ayer, desconoce qué ocurre y está interesado en conocer cuál es la situación. “Si son seis personas, yo me niego a que se queden allí –polígonos– porque, al final, vamos a tener problemas”, indicó Borrego en referencia a la gran afluencia de personas y las dificultades para ordenar su tránsito.
El Gobierno de la Plaza de los Reyes, en el último encuentro en torno a este asunto, planteó que si se quedan seis auxiliares cerrará el polígono. Una medida que, de dictarse, la Administración General del Estado tomaría sin que el Tarajal II –paso de mercancías que sustituirá al Biutz– se haya inaugurado debido a los continuos aplazamientos.
Las facturas pendientes de pago, que ascendían a unos 120.000 euros, estimó la empresa, fueron sufragadas “en parte” por los empresarios de los cuatro polígonos durante esta semana. En cuanto a la afirmación hecha por los comerciantes sobre la ampliación de efectivos sin consultar a los representantes del colectivo, este portavoz de Seguriber señaló que existe un documento sobre la incorporación e, incluso, de una patrulla nocturna en coche.

También pidieron ayuda con anterioridad
¿La Ciudad prometió destinar 175.000 euros?
Algunos comerciantes, en la asamblea de este este martes, se quejaron de que la Ciudad aprobó conceder 175.000 euros a la seguridad privada pero, finalmente, no los han recibido. Del mismo modo, en 2006, los empresarios manifestaron que no tenían medios para afrontar las nóminas y solicitaron la ayuda de ambas administraciones.   
Presuntos irregulares los preparan en la calle
Suciedad por el embalaje de bultos de dudosa procedencia
Empresarios del Tarajal criticaron esta semana que presuntos indocumentados ocupan y ensucian tanto los viales como el acerado de los polígonos por las tardes cuando preparan bultos de productos de dudosa procedencia. El colectivo consideró necesario que la Policía Local acuda en horario de tarde para hacer cumplir las ordenanzas.