Tras meses escuchando los reproches de las autoridades españolas, entre otros de los responsables de la Delegación del Gobierno en Ceuta y del Ejecutivo local, la Comisión Europea ha terminado asumiendo que será “útil” para tomar decisiones sobre las ciudades autónomas, en particular sobre la situación del fenómeno migratorio en ellas, conocer de realidad ‘in situ’.
Así lo ha asegurado el actual comisario europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, el griego Dimitris Avramópoulos, que en su respuesta a una pregunta por escrito de los eurodiputados españoles Javier Nart y Juan Carlos Girauta ha explicado que “tras una reunión con las autoridades españolas, la Comisión cree útil visitar Ceuta y Melilla para entender mejor la situación sobre el terreno”. “La Comisión mantiene un diálogo con España para abordar la situación de Ceuta y Melilla con el objetivo de llevar a cabo una evaluación global”, ha contextualizado el comisario, que ha reconocido que en septiembre del año pasado, hace apenas seis meses, “la Comisión no estaba considerando el envío de una misión de observación a Ceuta y Melilla”. En realidad, la pregunta de Nart y Girauta iba dirigida a la predecesora de Avramópoulos, la sueca Cecilia Malmström, y pretendía aclarar cómo iban las Fuerzas de Seguridad a proteger las fronteras europeas si se mantenía el principio de que “no debe recurrirse a la fuerza para disuadir del cruce no autorizado” salvo para proteger la seguridad y las vidas de los policías”. Para el griego la vara de medir de la respuesta a los intentos de entrada irregular en la UE debe ser la adopción de medidas “proporcionadas” que solo incluyan la fuerza “en caso necesario y en la medida en que lo exija el desempeño de las funciones de los agentes, con vistas a proteger su seguridad y sus vidas”. Avramópoulos únicamente aclara que las palabras de Malmström (“no debe recurrirse a la fuerza para disuadir del cruce de fronteras no autorizado” y “la vigilancia de las fronteras debe llevarse a cabo sin perjuicio de los derechos de las personas que soliciten protección internacional, en particular en lo que se refiere al principio de no devolución y al acceso efectivo al procedimiento de asilo”) se refieren “específicamente a la vigilancia de las fronteras” y no al símil usado por los eurodiputados interpelantes, que planteaban si la comisaria “entiende que la entrada de extraños en el hogar particular de cualquier ciudadano de la UE (también en Suecia e, incluso, en su domicilio o sus oficinas) no debería ser impedida por la policía, incluso por la fuerza”.
