El comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, ha aclarado al europarlamentario de IU Willy Meyer que España aplica una retención del IRPF a los trabajadores de nacionalidad marroquí respecto de sus rentas del trabajo en España que está “plenamente en consonancia con los principios de fiscalidad internacional y con el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE”.
Además, el húngaro ha señalado en su respuesta por escrito a una pregunta del español que la Comisión Europea considera que la legislación española vigente “no excluye” el derecho de los trabajadores que viven en Marruecos y trabajan en Ceuta y Melilla “a presentar una declaración de la Renta”, pero recuerda que “esta acción no tendría ningún efecto porque la devolución del impuesto no es ni posible ni necesaria, de forma que el tipo de retención a cuenta aplicado coincide en este caso con el tipo impositivo final”.
“El artículo 65 del Acuerdo Euromediterráneo indica que los trabajadores marroquíes y los miembros de sus familias gozarán de igualdad de trato con los trabajadores nacionales en el ámbito de la Seguridad Social”, amplía Andor, a quien Meyer interpeló para saber si los trabajadores transfronterizos que cotizan a la Tesorería española deberían tener derecho a las mismas prestaciones que dicho servicio garantiza a los nacionales.
No obstante, el comisario aclara que el efecto de ese artículo respecto a la legislación española en materia de asistencia sanitaria “está por determinar, ya que la legislación nacional establece si un trabajador no residente puede tener acceso al sistema sanitario español”. “Por lo que se refiere a otras prestaciones de la Seguridad Social”, compara, “garantiza claramente la igualdad de trato en lo que concierne a todas las prestaciones”.
El húngaro augura que “el efecto del artículo 65 quedará aún más reforzado cuando se llegue a un acuerdo sobre la decisión de aplicación del Consejo de Asociación que actualmente está siendo negociada por las autoridades marroquíes, la Comisión y los Estados miembros, y tal decisión entre en vigor”.
