La trama buscada

• A Vivas le llegaron informaciones de presuntos pagos por aparecer en la lista de adjudicatarios; las Defensas esperan ahora conocer qué esconde el sumario

“Las viviendas en Ceuta se daban por unos pocos, a otros pocos y sin criterio ninguno”. Esta aseveración, contenida en el auto de levantamiento de secreto de sumario del ‘caso Emvicesa’ publicado esta semana, advertía ya de las líneas por las que se mueve una investigación judicial y policial que nunca antes se había producido en Ceuta. De hecho, el tiempo en que la misma ha permanecido protegida por el secreto de sumario ha batido todos los récord, al igual que lo ha hecho el volumen de tomos y diligencias practicadas por el juzgado de instrucción número 3. Más de 5.000 folios, cientos de escuchas telefónicas transcritas, declaraciones, testimonios de ‘clientes’ que han reconocido haber pagado por la obtención de una vivienda... Es una auténtica trama de presunta corrupción en la política de adjudicación de viviendas de promoción pública en la que no se respetó ni la debida transparencia, ni el control, ni, sobre todo, la igualdad entre los ciudadanos a la hora de poder acceder a una de estas casas.

Las Defensas de los más de 40 investigados aún no disponen del sumario digitalizado, lo que, denuncian, les ha creado una clara indefensión porque, una semana después de haberse levantado el secreto de sumario, desconocen, por ejemplo, las acusaciones concretas y los cargos que se mantienen contra sus patrocinados. La semana próxima esperan saber algo más, mientras se tiene evidencia de lo que la magistrada Raquel Lucini entiende demostrado después de meses de indagaciones y trabajos constantes sobre el mismo asunto.

“Tras parte de las diligencias practicadas, se ha sabido que dado que Servicios Sociales nunca ha informado a Emvicesa (al menos en las promociones estudiadas) de las personas necesitadas de viviendas, de sus terribles circunstancias de necesidad, ni ha pasado por registro ningún documento que acredite dichas comunicaciones (pese a que eran viviendas de protección oficial), y ha quedado acreditado que nadie baremaba las necesidades de los demandantes de vivienda (ni en Asuntos Sociales ni en Emvicesa), se concluye (en unión de otras muchas diligencias) que las viviendas en Ceuta, en las promociones objeto de estudio, han sido adjudicadas sin someterse a procediendo legal alguno, ni criterio de sostén institucional, ni baremo de realidad social”, expone Lucini en su auto.

Las promociones estudiadas datan de 2013 y tienen su fijación inicial en la promoción de las 170, una relación de adjudicaciones que se considera totalmente ilícita y que pone en evidencia el modus operandi que iba a seguirse con las 317 de no haberse producido el cese del exgerente de Emvicesa, Antonio López. El runrún que había en la calle de irregularidades en torno a la adjudicación de las casas llegó también a oídos del presidente Vivas. Uno de sus asesores directos le trasladó una información oficiosa de un policía local que le venía a indicar que se estaban pagando 3.000 euros por ser incluido en la lista. Dicen que esto motivó el cese de López. Sea así o no, lo que sí motivó fue el punto y final de lo que la magistrada del ‘caso Emvicesa’ ha venido a señalar como presunta trama de corrupción, reseñada en las investigaciones efectuadas por la propia Policía Nacional a través de sus unidades de UDYCO y Delincuencia Económica. Unas investigaciones que han sacado a la luz una presunta organización criminal encabezada por López a quien dibujan como jefe y desarrollada gracias a la existencia de intermediarios directos, de agentes comerciales y de clientes que eran captados por personas que tenían contacto con esta presunta trama. Y junto a López, asoma la participación de los empleados de Emvicesa detenidos, sumisos totalmente a las directrices de éste aun cuando ya había sido cesado.

La operatividad de esta trama, que permitía el pago de hasta 12.000 euros por resultar adjudicatario, se llevaba a cabo gracias a la falta de control y rigor de los políticos presentes en la Comisión Local de la Vivienda.