Nueva jornada de declaraciones enmarcadas en el ‘caso Emvicesa’, las últimas antes del parón de agosto y previas a la nueva testifical que, ya en septiembre, prestará Susana Román quien fuera presidenta de la Comisión Local de la Vivienda. Ayer le tocó el turno a la suegra del trabajador de la naviera que figura como investigado en esta trama, habiendo pasado de presunto intermediario a cliente. Ella también declaró en calidad de investigada ante la magistrada Raquel Lucini, reconociendo que había abonado 12.000 euros por conseguir, de esta manera, una vivienda. En la línea de lo declarado por su yerno, dijo haber tenido conocimiento de la existencia de un ‘portuario’ que presuntamente servía de enlace para la consecución de viviendas de esta forma irregular. Del dinero entregado solo habría recuperado dos mil euros, mientras que de lo demás, de momento, se ha perdido. Su manifestación vino a verificar la versión del trabajador de la naviera que, dijo, se había reunido con Antonio López para que le devolviera algo del dinero entregado, pudiendo recuperar solo esos 2.000 euros. También ayer prestaron declaración las dos técnicos jurídicos de Emvicesa, cuyas declaraciones habían sido requeridas por uno de los abogados presentados. No fueron declaraciones de peso, que pudieran dar un vuelco a la investigación. De hecho bien pudieran equipararse a la mediatizada de la Infanta Cristina con sus repetidos ‘no sé’ o ‘no me acuerdo’, ya que ante las preguntas de las partes, en muchos de los asuntos que pretendían ser esclarecidos, respondieron con poca aportación. Sí que, en cambio, quedó de manifiesto una vez más que Emvicesa era algo así como un particular disparate, una entidad dominada por la anarquía en la que nada se hacía como se debía, siguiendo un orden y un protocolo estructurado. De las manifestaciones de ambas técnicas quedó de manifiesto el desmadre y la confusión que rodeaba todo lo que tenía que ver con esta empresa municipal de la vivienda, tal y como se ha puesto de manifiesto en otras declaraciones y ha quedado en evidencia con el desarrollo de esta operación que deja ya medio centenar de investigados y tres personas en prisión preventiva, entre ellas Antonio López.
¿Qué pasaba con la vivienda?
El ‘caso Emvicesa’ ha venido a demostrar, depare lo que depare la justicia, que la política en materia de vivienda era caótica en Ceuta. De hecho, de las declaraciones ofrecidas por las técnicos ante Lucini puede deducirse que el procedimiento seguido en varias ocasiones no era el adecuado, dominando una especie de anarquía o sin tenerse en cuenta a las jurídicos cuando convenía. De hecho, una de ellas manifestó que cuando consideraba que algo no funcionaba bien, lo dejaba claro en informes que se prestaban ante la autoridad competente y que podían no gustar. La Comisión Local funcionaba como un mero órgano político.
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