La sostenibilidad del sistema público de pensiones, por José Aureliano Martín

La sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones se ha vuelto un tema recurrente cada cierto tiempo

Yo lo vengo escuchando desde que el entonces ministro socialista de economía metió la tijera en las mutualidades de los funcionarios. Seguía, paso a paso, los informes del Banco de España, que hablaban de estos recortes (para la mutualidad de sus empleados no).

Lo que hizo el Sr. Boyer (con la anuencia del Sr. González) fue brutal. No se conformó con suprimir la mutualidad de la previsión, por ejemplo, a los funcionarios de la Seguridad Social. Fue más allá y recalculó pensiones ya concedidas hasta rebajarlas considerablemente, pasándose por el forro el principio de irretroactividad de las normas perjudiciales para los derechos de los ciudadanos.

Evidentemente, como les pasó con el caso Rumasa, los Tribunales les obligaron a rectificar, al menos en la parte más salvaje de la reforma. Pero la mutualidad quedó suprimida.

Si no hubiera sido así, algunos de los que hemos trabajado para esta institución durante más de 35 años, ya podríamos estar jubilados con el 100% de la pensión máxima.

La cuestión es que, cuando se acercan periodos electorales, se inician campañas de fomento de los fondos privados de pensiones, o de los seguros sanitarios privados, utilizando para ello el argumento de la “inminencia” de la quiebra de todo el sistema. Nos informan de la cantidad de pensionistas que ha de sostener cada persona activa. También del deterioro de la sanidad pública y de las largas listas de espera que tiene.

Lo mismo ocurre con el sistema público de enseñanza. Todo lo “público” está en quiebra técnica, según los técnicos de los gobiernos neoliberales.

El último espectáculo bochornoso a cuenta del máster, supuestamente regalado a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido un efecto colateral letal, a saber, la extensión del bulo de la supuesta deficiencia en la gestión de títulos de las universidades públicas.

Pero, veamos si el sistema público de pensiones es o no sostenible. Nuestro sistema público de Seguridad Social es un sistema denominado de “reparto”.

Esto significa que los pensionistas de hoy cobran sus pensiones con los ingresos que se producen por las cotizaciones de los que trabajan. Es uno de los modelos que se contemplan en la ciencia actuarial del seguro.

Pero también hay otros. Está el de capitalización. Nuestras cotizaciones se depositan en una cuenta, privada o pública, a la que se retribuye con una rentabilidad determinada. Al finalizar el periodo de cotización (cuando te jubilas o te quedas inválido), el capital acumulado, junto a sus intereses, se te devuelve en forma de pensión mensual (o de otra forma).

En 1997, el hoy catedrático de economía Ignacio Zubiri, nos decía con una clarividencia proverbial, que la insolvencia del sistema público de pensiones “depende de una serie de supuestos acerca de, primero, la evolución futura de la economía, segundo, el comportamiento del sector público y, tercero, la estructura del sistema de pensiones”.

Por tanto más que la tasa de natalidad, o el número de activos por pensionista, lo relevante será la creación futura de empleos. Todo ello sin perjuicio de eventuales ajustes en la edad de jubilación.

También Pedro Montes, economista del Banco de España, decía un año antes que no era cierto que los sistemas de protección social fueran insostenibles, pues “contando con el crecimiento de la productividad, bastaría una política que pusiese en actividad los recursos humanos disponibles para garantizar no sólo las actuales prestaciones, sino procurar una mejora sustancial de las mismas en el futuro”. Esto es debido a la composición de la denominada ecuación de equilibrio del sistema.

Es evidente que el número de pensionistas multiplicado por la pensión media sería el gasto total de todo el sistema público de pensiones. Este sería un lado de la ecuación. Al otro lado estaría la forma de financiarlo. Para ello habría dos componentes. Por un lado, el producto del tipo de cotización, por el salario medio y por el número de ocupados.

Por otro, las subvenciones que da el Estado, vía impuestos, para sufragar algunos costes añadidos, que están fuera del cálculo actuarial. Haciendo operaciones aritméticas simples, consistentes en, por un lado, dividir ambos lados de la ecuación por el Producto Interior Bruto (PIB).

Y, por otro, multiplicar y dividir el primer lado de la ecuación por el producto del salario medio y el número de ocupados, lo que resulta finalmente es una ecuación de equilibrio, en la que la evolución financiera del sistema de pensiones depende de la evolución de la relación de jubilados y activos, de la participación de los salarios en la economía, del nivel de pensiones respecto a los salarios, del porcentaje de PIB dedicado a financiar pensiones. Es decir, más que la tasa de natalidad, lo relevante será la creación futura de empleos.

Y por supuesto, y aquí está el problema en estos momentos, la cuantía del salario medio, que, al ser tan bajo, no aporta suficiente financiación al sistema.

¿Significa lo anterior que el sistema no ha de reformarse?. En absoluto. Se ha de hacer. Pero se han de tener en cuenta todas las variables que influyen en su salud financiera. Y las más importantes son las relacionadas con la creación de empleo y con el nivel medio de los salarios. Justamente los dos factores más desatendidos por el actual gobierno.

En esas circunstancias, el agujero financiero se hará cada vez mayor. Por supuesto, también habrá que tener en cuenta la edad de jubilación.

Y también habrá que recalcular actuarialmente todo el sistema para fijar unos tipos de cotización y unas bases, que tengan en cuenta el incremento de productividad de los últimos años. ¿Y los fondos privados de pensiones?. Pues también se podrá abordar, pero nunca para sustituir el sistema de reparto por uno de capitalización. En todo caso, para complementarlo.

Lo importante es tener en cuenta que un sistema de reparto no puede fallar, pues su evolución está ligada a la marcha de toda la economía.

Por tanto, hablar de quiebra del sistema, sería tanto como hablar de quiebra de todo el sistema económico. Y, ¿alguien cree que esto lo vamos a consentir?.

Sinceramente, yo pienso que no. Por tanto, vamos a dejarnos de meter miedo a la población y vamos a concentrarnos en lo que, de verdad, sacará a nuestro sistema de la crisis financiera, a saber, la creación de empleo y el nivel de los salarios y las pensiones.