La sociedad, ante el mayor recorte de derechos

La aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana ha venido a sumarse a este estado de recortes en derechos que está sufriendo la sociedad española. Primero metieron la tijera en nuestras carteras reduciendo nuestros salarios a tiempos remotos y ahora quieren quitar el único recurso que aún nos queda como ciudadanos: el de la protesta para no tener que oír a la calle que no está de acuerdo con ver como servicios esenciales: salud, educación, seguridad, justicia... quedan restringidos al disfrute de unos pocos, mientras la gran mayoría asiste al cierre de todas las puertas que dan acceso a ellos.
Este país no necesita una nueva Ley de Seguridad Ciudadana. La necesita el Partido Popular, el Grupo Popular y su gobierno para evitar que la sociedad le siga sacando los colores y recordando que por este camino solo unos pocos vivirán con dignidad y el resto se alimentará de sus migajas.
Aunque el Consejo de Ministros al final haya intentado descafeinar un poco este proyecto de ley sigue siendo una restrictivo, que deja a la sociedad desnuda e impotente frente al poderoso. Mantiene sanciones que ni siquiera el propio ministro sabe aclarar en qué consisten, como la referente a “ultrajes a España, a las autonomías, a entidades locales o instituciones, a símbolos, himnos o emblemas efectuadas por cualquier medio cuando no sean constitutivos de delito” actos que se consideran como sanción grave y tendrá un coste para el bolsillo del “acusado” de hasta 30.000 euros.
La misma cantidad por participar en manifestaciones o concentraciones no convocadas legalmente frente al Congreso, Senado. No tienes dinero para pagar la luz o la calefacción, pero si para pagar una multa de 5 millones de las antiguas pesetas. ¿Acaso se piensan que a los NUEVE MILLONES de pobres que ya viven en España, de ellos casi tres en pobreza severa, les va a preocupar que les pongan una multa por ir a gritar frente a las altas instituciones del Estado que tienen hambre y que los que debería solucionarlo no hacen nada?
AUGC lleva muchos años exigiendo, derechos para los trabajadores de la Guardia Civil. Pidiendo que se les equipare al resto de la sociedad en  su derecho de manifestación, representación y libertad de expresión completo y no coartado, y este proyecto de Ley ha obrado el milagro de equipararnos. No nos ha dado a nosotros más derechos, se los han quitado a la sociedad, así ahora los guardias civiles ya nada tendrán que pedir, porque nada podrán mejorar.
Así esta ley es para los ciudadanos españoles como las concertinas de Ceuta y Melilla, una medida de disuasión pasiva. Disuaden a la sociedad española de protestar contra lo que considera un retroceso, rasgando sus derechos como la concertina rasga la piel, el cuerpo de aquellos que buscan un mundo mejor.
A los ciudadanos de la valla para dentro nos amordazan y a los que tratan de llegar a un mundo mejor, porque desgraciadamente seguimos teniendo un tercer mundo, se les rodea con cuchillas para que el miedo al dolor sea más grande que el deseo de saltar.
A AUGC, como le ocurre con el proyecto de ley de seguridad ciudadana, no le gusta la concertina y se ha posicionado en contra de que vuelva a instalarse en el perímetro fronterizo con Marruecos. Y lo ha hecho por varias razones. La primera: humanitaria, porque por mucho que se empeñen no es una medida disuasoria. Cuando uno huye del hambre y la miseria, unas cuchillas puestas en una alambrada no suponen ningún freno. El deseo de una vida mejor te impide ver las lesiones que esas cuchillas te van a producir. Pero AUGC también dice no a la concertina porque los problemas sanitarios que va a originar tendrán que solucionarlos los guardias civiles con el consiguiente peligro para su salud.
Los guardias civiles que llevan años prestando servicio en Ceuta y Melilla ya tienen la experiencia de tiempos pasados cuando este método disuasorio estuvo instalado. Cada inmigrante que siguió intentando desesperadamente saltar la valla y que sufrió graves lesiones físicas debió ser atendido en primer lugar por los agentes que se encontraban de servicio. Y todo ello sin que a nadie se le ocurriera pensar que en primer lugar habría que tener en cuenta el plan de Riesgos Laborales de la propia Institución. Algo que han vuelto a ignorar. Porque desconocemos si el inmigrante sufre algún tipo de enfermad contagiosa, que, además de transmitir a los agentes, podría terminan “infectando” también a sus familias.
Una vez más, AUGC ha vuelto a comprobar cómo en estos tiempos de crisis y recortes importan poco los derechos laborales de unos trabajadores y los derechos humanos de aquellos que solo quieren mejorar sus condiciones de vida, a los que se quiere tratar como delincuentes, cuando en realidad su único delito es huir del hambre y solo les mueve la desesperación. Los otros delincuentes -los usureros y pasadores- esperan pacientemente para seguir extorsionando a niños, hombres y mujeres desesperadas que tratan de pasar.
La instalación de la concertina ha sido la solución fácil cuyas consecuencias pagaran los agentes. Algún responsable político se ha preguntado ¿quién va a ser el que se va a encargar de atender, repeler y devolver a un inmigrante lleno de magulladuras, cortes y sangre? ¿Los encargados de recogerlos al otro lado de la frontera se harán cargo de él? ¿Y a quién beneficia esta situación?
AUGC nació con la idea de defender los intereses de los guardias civiles como personas y como ciudadanos españoles y no acepta que se les trate como ciudadanos de segunda clase. Ese es nuestro leitmotiv: luchar por los guardias civiles, pero también lo es fomentar el respeto a los derechos humanos y ha sido este respeto y defensa de la dignidad del HOMBRE lo que le ha valido a la organización el premio Derechos Humanos. Por eso ahora AUGC se ha posicionado en contra de este “método disuasorio pasivo no agresivo” como lo han llegado a definir.