El equipo de gobierno defendió ayer que la sentencia del TSJA que invalidaba un acuerdo anterior plenario en Pozo Rayo para la construcción de viviendas protegidas no habla en ningún momento de ilegalidad, sino que el estudio de detalle que era la figura de planeamiento escogida no era la adecuada, y tenía que haber sido una modificación del plan general. Aróstegui dijo que con esa cuestión se perdía por unos años la construcción de la única promoción que la Ciudad iba a realizar en este año.
