La secretaria judicial cesada por Vilar denuncia el caso en el juzgado de Algeciras

El enfrentamiento surgido hace unos meses entre la secretaria de Gobierno de Justicia, Josefa Vilar, y una funcionaria destinada como secretaria judicial en varios departamentos ha terminado con la presentación de una denuncia en el juzgado de Algeciras.

La denunciante, que fue cesada después de ejercer de secretaria judicial sustituta en el Penal número 2 y de igual función para la UPAD del Mixto número 3 y 2, quiere que se investigue si tanto Vilar como el gerente territorial, Francisco Cano, habrían podido incurrir en una posible comisión de un delito de coacciones y/o prevaricación contra su persona.
La denunciante, residente en Algeciras, ha plasmado en su denuncia, a la que ha tenido acceso El Faro,  que ha “sufrido coacciones” después de que se le requiriera fijar su residencia permanente en Ceuta bajo “amenaza de proponer mi cese al Ministerio si no lo hacía”, indica. La funcionaria argumenta que no ha recibido queja alguna por la forma de desarrollar su trabajo y que el servicio prestado en el juzgado no se había resentido en ningún momento por el hecho de que su residencia no estuviera en Ceuta.
A pesar de resaltar la inexistencia de “amparo legal” que sustentara un cese por este asunto, la denunciante explica que se le instó a ello, algo a lo que se negó por lo que la inicial amenaza terminó convirtiéndose en un cese efectivo que le fue notificado en marzo de este mismo año.
“No existe obligación legal para los secretarios judiciales de residir en la ciudad en la que se tiene plaza o se ejerce como secretario sustituto, ni tan siquiera se trata de una decisión discrecional del secretario de Gobierno, ni es una cuestión que deba autorizar, en su caso, ni el secretario coordinador ni el secretario de Gobierno”, indica la afectada.
En la denuncia reclama la investigación pertinente del juzgado por lo ocurrido al considerar que la secretaria de Gobierno se ha “valido de su posición jerárquica para intentar obligarme a residir en Ceuta a pesar de no estar obligada a ello por normativa alguna”, sentencia. Sostiene la denunciante que habría sufrido coacciones y que los hechos podrían ser constitutivos de una prevaricación puesto que “mi cese”, expone en la denuncia, “deviene de una resolución dictada a sabiendas de su injusticia, carente de una mínima motivación fáctica y jurídica y en base a una propuesta de la secretaria de Gobierno dictada sin fundamentación jurídica ni fáctica alguna”, explica.
La funcionaria señala la falta de objetividad en su cese por cuanto la propia secretaria de Gobierno “fue quien propuso mi nombramiento hasta en tres ocasiones, nombramientos que fueron firmados por el gerente sin que hubiese variado mi lugar de residencia y sin que ésta hubiera sido un obstáculo para dichos nombramientos”. En este caso no ha tenido ni expedientes disciplinarios, ni apercibimientos, ni habría incumplido su horario o habría mostrado una  falta de diligencia en el trabajo. A la espera del paso que dé ahora el juzgado de Algeciras competente para investigar lo sucedido, la afectada indica que después de haber sido cesada no ha vuelto a trabajar, temiendo que, dado el estancamiento del mercado laboral en la actualidad, su situación no varíe en mucho tiempo. “No he hecho mal mi trabajo como secretaria judicial sustituta, ni incumplido mi horario laboral, ni he faltado de forma injustificada de mi puesto, ni he tenido quejas por hacer mal el trabajo”, lamenta, encuadrando el caso en un claro abuso de poder.

Choque de posturas inamovibles que han terminado en los juzgados

La denuncia presentada en un juzgado de Algeciras por esta funcionaria no es más que el punto y final a una historia de desencuentros y choques de posturas que han saltado a la prensa en los últimos meses. El sindicato CCOO arropó a la funcionaria haciendo suya su queja y presentando varios escritos oponiéndose a un cese que finalmente se ha llevado a cabo. La secretaria de Gobierno siempre ha considerado que estaba actuando conforme a la ley, indicando que la causa oficial del cese es la incompatibilidad de los deseos de la funcionaria (residir en Algeciras mientras desarrolla la labor encomendada en el citado Juzgado Mixto) con lo que marca la Ley y el consiguiente plus de residencia a percibir por el funcionariado ceutí. Es decir, en ningún momento habría existido causas ajenas ni coacciones. El sindicato, en cambio, ya expresó en su día que se estaba dictando una resolución “injusta” y sin “fundamentación alguno”, criticando que “el cese anticipado de un funcionario, se produzca sin la menor motivación al respecto, como ha sucedido”, explicó en su día. Vilar, al contrario, siempre ha dicho que el cese “estuvo amparado por la  Ley” y recordó que “había otra denuncia de un funcionario titular que formaba parte de la Bolsa, que también ha llegado al Ministerio de Justicia, en la que se decía que podía incurrirse en una prevaricación administrativa mantener a alguien que reside fuera de Ceuta”.