La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta acoge este martes la sesión de cuestiones previas antes del inicio del mayor juicio contra el blanqueo de capitales celebrado en la ciudad con 13 acusados y el cabecilla fugado de la justicia.
Las distintas partes representadas en este procedimiento tienen hoy la posibilidad de presentar una serie de cuestiones anteriores a la celebración de la vista oral que comenzará el 8 de octubre y se extenderá durante todo este mes y parte de noviembre.
Los abogados han ido llegado a la sede del máximo órgano judicial en nuestra ciudad a las 10:30 horas, atendiendo a la citación cursada. En esta primera jornada no hay declaración de acusados, únicamente se atienden las cuestiones formuladas que deben ser resueltas antes del inicio de la vista oral.
Se trata de uno de los juicios más importantes de los celebrados hasta la fecha en nuestra ciudad por blanqueo de capitales.
El máximo órgano judicial en nuestra ciudad afronta una de las vistas más complejas con declaraciones no solo de los acusados -entre los que se encuentra una agente de la Policía Local de Ceuta y miembros de la misma familia- sino también de los autores de la investigación que fue coordinada por la Guardia Civil.
No se podrá contar con el señalado como cabecilla de esta trama, que sigue fugado de la justicia desde que se produjeron las detenciones tras el desarrollo de una operación perpetrada por la Benemérita que comenzó, en su primera fase, en 2019.
Con la misma, la Guardia Civil aseguró haber desmantelado una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Hubo registros y detenciones tanto en la ciudad autónoma como en puntos del sur peninsular. Los agentes se adentraron en casas, chalés además de inmuebles ubicados en el Campo de Gibraltar.
Este operativo se enmarcó en las actuaciones que llevaron a cabo los componentes del OCON-SUR con apoyo del Grupo de Acción Rápida -GAR- amén de efectivos de Policía Judicial e Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.
Las penas que en su calificación inicial solicita el Ministerio Fiscal se elevan a hasta 14 años de cárcel por delitos de blanqueo y organización criminal para las personas que sitúa en la cúpula.
A ojos del Ministerio Público se había constituido toda una empresa criminal dedicada al blanqueo del dinero procedente del tráfico de drogas contando con la participación de miembros de la misma familia.
Las detenciones se llevaron a cabo en dos fases operativas distintas, pero en ninguna de ellas se pudo dar con el presunto cabecilla y uno de sus hermanos que llevan todo este tiempo escondidos.
La Fiscalía considera la existencia de una organización que, con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, realizó labores oportunas para la compraventa, transporte y posterior distribución y comercialización de una gran cantidad de hachís por la zona del campo de Gibraltar y Ceuta.
Los acusados se relacionaban entre sí y se informaban acerca de la existencia de la mercancía y precio y se concretaban las fechas y circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación de compraventa y transporte de la sustancia estupefaciente. Ese negocio ilícito supuso la base del posterior blanqueo de los bienes obtenidos.
En el marco de las investigaciones desarrolladas por el Instituto Armado se ‘marcó’ al presunto cabecilla de este entramado en el que sus integrantes, a pesar de carecer de ingresos suficientes procedentes de actividad laboral, profesional o empresarial lícita, obtuvieron elevados y pingües beneficios patrimoniales ilícitos y manejaron grandes cantidades de efectivo con los que pudieron adquirir un alto número de bienes inmuebles, vehículos a motor y motocicletas, embarcaciones, sociedades mercantiles y hasta ganadería con caballos de pura raza española.
Las Defensas intentarán hacer valer sus informes para avalar la nula relación con los hechos de sus patrocinados.
Los distintos letrados se sientan frente al representante del Ministerio Fiscal que figura como única acusación en este procedimiento.
La vista correspondiente a estas cuestiones previas ha comenzado prácticamente a las doce del mediodía.
La Defensa de una de las acusadas, la única que asiste a la sesión por videoconferencia, ha pedido el sobreseimiento del caso respecto de su cliente argumentando el estado de salud que sufre.
De hecho, la acusada está ingresada en el hospital y, por ejemplo, está sometida a una fuerte medicación.
La Defensa ha pedido un sobreseimiento provisional, es decir, que el juicio siga respecto de los demás acusados menos de ella.
“Es inhumano”, ha advertido la abogada. Ha indicado que su clienta tiene una incapacidad permanente total absoluta, por lo que ha pedido que sea eximida de someterse a esta vista.
“No puedes estar en este acto”, ha insistido.
La Fiscalía ha pedido un pronunciamiento al respecto del médico forense y la Sala, tras un receso, ha considerado que queda eximida de continuar en esta sesión de cuestiones previas sin perjuicio de que se valore si tendrá que seguir presente durante el juicio cuando las sesiones comiencen el 8 de octubre.
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