La salida de Sala

El pasado domingo aludí a las recientemente celebradas IV Jornadas Jurídicas de Ceuta. Hoy vuelvo a ellas, o –para mejor decir– a su entorno, con el fin de  exponer, como modesto aunque veterano jurista, mi profunda disconformidad con determinadas declaraciones efectuadas a un medio informativo local por el más significado ponente de dichas Jornadas, Pascual Sala, Presidente del Tribunal Constitucional, cuando manifiesta que el magistrado “interpreta las leyes en función de su ideología, que es una libertad que protege la Constitución”, lo cual, en roman paladino, quiere decir que, según opina Sala, un juez puede amoldar la ley según sus ideas políticas a la hora de dictar sentencia, en uso de un etéreo derecho  constitucional.
Estudié en su día –esto es, hace ya unos sesenta años– las distintas clases de interpretación de las normas legales, desde la literal a la doctrinal, pasando por la jurisprudencial, la auténtica, la restrictiva, la extensiva, la histórica o la analógica, pero jamás leí en ningún libro de texto ni oí mencionar a mis profesores la interpretación  ideológica. El artículo 3 del Código Civil, según redacción dada el año 1974, introdujo como novedoso factor interpretativo de las leyes el de “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, pero es obvio que nadie está facultado ni para identificar tal realidad con su propia ideología política, ni mucho menos para imponer esta última sobre aquella o sobre la literalidad de la ley. Ahora bien, si reflexionamos acerca de la peregrina teoría del señor Sala, entonces  podríamos encontrar explicación a determinadas sentencias del Constitucional que, como mínimo, resultan más que discutibles desde un punto de vista acorde con los preceptos de nuestra Carta Magna e incluso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque para la Justicia nunca será buena la politización de un tribunal. Me duele que al Tribunal Constitucional lo midan según las ideas políticas que se atribuyen a sus componentes, cuando lo esencial es –o debería ser–  la imparcialidad, mientras que aquello que afirma Pascual Sala dice tiene todo el aspecto de ser una clara evidencia de parcialidad.
Por la formación que recibí mientras cursaba la carrera y, sobre todo, cuando inicié mi actividad como abogado junto a mi padre, de quien aprendí macho más que en la Universidad, estoy plenamente convencido de que el deber de un magistrado al dictar Sentencia –sea conservador, progresista o mediopensionista, que de todo hay en la viña del Señor– es aplicar la ley en sus propios términos, según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto y los antecedentes históricos y legislativos, sin mezclar para nada sus ideas políticas. Si no lo hace así, puede suceder lo del titular del Juzgado de lo Social nº 2 de Córdoba, quien se declara “indignado” y que, como tal, se ha despachado a su gusto en una reciente sentencia, en la cual llama “burros” por tres veces a los políticos, pidiendo perdón a los asnos por la comparación. Es muy dueño de pensar como quiera, y hasta es más que posible que muchos se hayan regocijado con su postura, pero por la dignidad y la seriedad de su alta función –nada menos que impartir Justicia– debería haber utilizado otros términos más respetuosos y más propios de algo tan serio como es una resolución judicial. A la hora de juzgar, la ideología tiene que dejarse en casa, porque puede ser muy mala consejera. A saber qué pensará sobre esto el Consejo General del Poder Judicial.
Precisamente en estos días, a Pascual Sala le corresponde cesar como miembro del Tribunal Constitucional, y, en consecuencia, dejar vacante el alto cargo de presidente de dicha institución del Estado. Con todos mis respetos, pues no en balde ha ejercido los más elevados puestos dentro de la Magistratura, le deseo un largo y feliz retiro, apartado ya del mundanal ruido.
Pero haciendo uso de “una libertad que protege la Constitución” –como él mismo dice– nada me impide pensar que con la salida de Sala salen ganando la Justicia y el Derecho. Y la unidad de España, Patria común e indivisible de todos los españoles.