Lo ocurrido ayer en nuestra ciudad es indefendible. Atacar un vehículo con piedras y huevos, rodearlo, impedir su salida y mantener la agresión pese a que sus ocupantes trataban de explicar que se había producido una confusión constituye un acto de violencia que no admite justificación. Julia Ferreras, diputada de la Asamblea por Ceuta Ya!, ha relatado que llegó a temer por su vida y que tuvo que ser auxiliada por la Policía. El vehículo en el que viajaba junto a Rafael Borrego y Sofía Acevedo terminó gravemente dañado y dos personas fueron detenidas, según las informaciones publicadas.
Conviene decirlo desde el principio y sin matices: la violencia es indefendible, la ejerza quien la ejerza y la sufra quien la sufra.
Una sociedad verdaderamente libre no se construye seleccionando qué agresiones merecen nuestra condena y cuáles podemos comprender, relativizar o incluso celebrar. Se construye precisamente desde la convicción de que determinados límites no pueden depender de nuestra ideología, de nuestras simpatías políticas ni de quién se encuentre al otro lado. La cuestión, por tanto, es bastante más profunda que lo ocurrido ayer en el puerto.
Porque, si aceptamos el principio de la no violencia, debemos aceptar también que la violencia no se reduce a una piedra contra un coche. Existen formas de intimidación, humillación, hostigamiento y violencia verbal o psicológica que, aunque no dejen un cristal roto, también pueden contribuir a deteriorar la convivencia y a convertir al adversario político en un enemigo al que hay que expulsar, silenciar o señalar. Y es aquí donde resulta inevitable mirar hacia atrás.
El pasado 1 de agosto, durante la visita a Ceuta de Alvise Pérez, Vito Quiles y miembros de Núcleo Nacional, nuestra ciudad volvió a vivir una jornada de enorme tensión. Hubo contramanifestaciones, gritos, insultos y un importante dispositivo policial. Alvise Pérez tuvo que ser escoltado hasta el puerto ante la presión de los manifestantes, mientras Vito Quiles abandonaba la concentración en medio de un ambiente de máxima tensión.
No pretendo convertir esteen una defensa de Vito Quiles, sería aberrante. Tampoco considero necesario compartir sus posiciones, sus métodos o su manera de ejercer el activismo político para reconocer algo elemental: una persona no pierde sus derechos porque sus ideas nos resulten profundamente desagradables.
Y es precisamente por eso por lo que merece ser recordada una publicación realizada entonces por Julia Ferreras. La diputada escribió: “Hoy le hemos gritado a los fascistas que queremos una Ceuta unida y no dividida, que su odio no es bienvenido en nuestra ciudad, que su discurso racista que solo pretende sacar tajada de una de las situaciones más difíciles que hemos vivido no tiene cabida entre nosotras. Hoy solo siento orgullo”.
Es legítimo preguntarse qué significa exactamente ese orgullo. ¿Orgullo por defender públicamente una idea de convivencia? Perfectamente legítimo. ¿Orgullo por ejercer el derecho de manifestación y expresar el rechazo a determinados discursos? También.
Pero si hablamos de no violencia, debemos preguntarnos dónde situamos la frontera cuando una protesta deja de ser expresión democrática y empieza a convertirse en intimidación, persecución o acoso. Y esta reflexión cobra todavía mayor importancia al analizar lo ocurrido ayer.
El colectivo navarro Negu Gorriak/Derecho a Techo había anunciado su desplazamiento a Ceuta desde Pamplona. Según su propio comunicado, pretendía llevar ayuda humanitaria y desarrollar acciones de observación, pero también hablaba expresamente de “desobediencia” y “resistencia” frente a lo que el colectivo considera actuaciones violentas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Ejército.
La llegada del grupo generó una protesta previamente convocada en el puerto. Los manifestantes expresaron su rechazo a su presencia y algunos utilizaron consignas extremadamente graves.
Posteriormente se produjeron los altercados y el ataque al vehículo de Ferreras.
Conviene, sin embargo, detenerse también en lo ocurrido durante las horas previas y en el papel desempeñado por quienes finalmente terminaron dentro de aquel vehículo. Rafael Borrego llevaba desde antes de la llegada del colectivo navarro publicando en sus redes sociales su particular interpretación de la realidad ceutí. En una de esas publicaciones describía una supuesta división entre un “centro rico”, “cristiano”, y una periferia asociada a la pobreza y a la población musulmana, y cuestionaba que los medios dieran voz a los ceutíes que se sienten “desesperados y al límite”, calificando de relato de odio las opiniones que no compartía. Durante la mañana había documentado además una manifestación de cientos de ceutíes hacia el Tarajal y, horas después, se encontraba en las inmediaciones del puerto grabando a los concentrados; según imágenes difundidas por él mismo y testimonios recogidos posteriormente por la prensa, llegó a mantener un enfrentamiento verbal con algunos de ellos.
Es en ese contexto cuando Julia Ferreras acude a recoger a Borrego después de que este se pusiera en contacto con ella al encontrarse en la zona del puerto. No hay nada ilegítimo, por supuesto, en que una persona recoja a otra, ni ese gesto puede utilizarse para justificar en lo más mínimo la posterior agresión al vehículo. Pero sí conviene recordar algo que parece haberse perdido en la discusión: Julia Ferreras no dejó de ser diputada de la Asamblea de Ceuta en ningún momento de aquella tarde. Lo era cuando acudió al puerto; lo era cuando decidió recoger a Rafael Borrego; y lo seguía siendo cuando, ya dentro de su vehículo, tuvo que identificarse ante quienes lo estaban atacando. La condición de representante pública no aparece y desaparece en función de la persona a la que acompañe o de las circunstancias en las que se encuentre. Precisamente por ello, cuando ella misma reclama desde el interior del coche que es “diputada de la Asamblea de Ceuta”, está ejerciendo una condición que también ostentaba minutos antes, cuando decidió acudir a recoger a un activista cuyas publicaciones y actuaciones previas eran ya conocidas.
Y esta circunstancia plantea una cuestión distinta, que no tiene nada que ver con justificar lo ocurrido después: ¿dónde situamos la responsabilidad política de nuestros representantes cuando deciden implicarse personalmente en determinados escenarios y junto a determinadas personas? Una diputada tiene, naturalmente, plena libertad para relacionarse con quien considere oportuno y para defender las causas que estime legítimas. Pero también ocupa una posición pública que trasciende sus decisiones estrictamente privadas. Por eso resulta legítimo exigirle la misma coherencia que exigimos a cualquier otro actor de esta crisis: que condene la violencia sin excepciones, que rechace la intimidación venga de donde venga y que no convierta la defensa de unas determinadas ideas en una licencia para relativizar las conductas que puedan resultar incómodas cuando proceden de su propio entorno.
Todo esto exige distinguir responsabilidades. Que un colectivo anuncie desobediencia no justifica que nadie le agreda. Que unos ciudadanos protesten contra su llegada tampoco justifica que lancen piedras. Que alguien viaje en ese contexto tampoco convierte automáticamente en legítima cualquier actuación de quien le acompañe.
Los principios democráticos tienen precisamente la función de impedir que cada grupo establezca sus propias reglas. Por eso resulta razonable preguntarse también por qué el anuncio de acciones de “desobediencia” y “resistencia” no generó, antes de la llegada del colectivo, el mismo debate público sobre los límites de la protesta que ahora se produce después de los disturbios.
Si defendemos que la violencia y la intimidación son incompatibles con la convivencia, debemos aplicar ese criterio con independencia de quién las protagonice y de la causa que invoque. Y aquí aparece, a mi juicio, el verdadero peligro.
Una sociedad empieza a deteriorarse cuando cada grupo construye su propia definición de violencia. Cuando el insulto propio se convierte en libertad de expresión y el del contrario en discurso de odio. Cuando perseguir a alguien es una movilización ciudadana si lo hacemos nosotros, pero acoso si lo hacen contra nosotros. Cuando la desobediencia se presenta como una virtud cuando coincide con nuestros principios y como una amenaza cuando procede del adversario. Ese juego es extraordinariamente peligroso.
Porque ayer algunos manifestantes confundieron a las personas que viajaban en un vehículo con los activistas a los que estaban esperando y terminaron atacando a quienes no eran su objetivo. Ferreras trataba de explicar desde el interior del coche que era diputada de la Asamblea y que se habían equivocado. Según el relato recogido por El Faro de Ceuta, los impactos continuaron hasta que la Policía logró intervenir. La escena debería hacernos reflexionar a todos.
¿En qué momento dejamos de ver personas y empezamos a ver etiquetas? Ya no era Julia. Ya no era Rafa. Ya no era Sofía. Eran, simplemente, aquello que algunos habían decidido que representaban. Y cuando una sociedad alcanza ese punto, el riesgo aumenta exponencialmente. La deshumanización del adversario es siempre el primer paso para justificar aquello que, en otras circunstancias, consideraríamos intolerable.
Ceuta tiene derecho a estar preocupada. Tiene derecho a exigir respuestas. Tiene derecho a manifestarse. Tiene derecho a cuestionar las políticas migratorias, a reclamar mayor seguridad y a exigir responsabilidades a quienes gobiernan. Del mismo modo, quienes llegan a nuestra ciudad tienen derecho a expresar sus posiciones dentro de los límites establecidos por la ley.
Lo que no podemos hacer es convertir la indignación en una patente de corso. Ni para unos ni para otros.
No podemos justificar una piedra porque quien la lanza comparte nuestras preocupaciones. No podemos justificar la intimidación porque quien la sufre representa aquello que rechazamos. No podemos considerar que una multitud tiene razón simplemente porque comparte nuestra causa.
La violencia no deja de ser violencia cuando cambia de camiseta. Y aquí es donde creo que debemos exigir algo más a nuestros representantes, a nuestros activistas, a nuestros periodistas y también a nosotros mismos: coherencia.
No podemos pedir serenidad únicamente cuando estamos siendo atacados. No podemos reivindicar la tolerancia únicamente cuando necesitamos que toleren nuestras ideas. No podemos exigir que se respeten nuestros derechos mientras relativizamos los derechos de quienes pensamos que están equivocados.
Los principios que solo aplicamos cuando nos benefician dejan de ser principios: se convierten en herramientas.
Utilizarla violencia como herramienta política, incluso de manera indirecta mediante la intimidación, la humillación o la deshumanización del adversario, es un juego cuyas consecuencias nadie puede controlar eternamente.
Por eso, lo ocurrido en el puerto debe ser condenado sin ambages. Pero también debería servir para algo más que para señalar a los responsables de la agresión. Debería obligarnos a mirar hacia dentro y preguntarnos qué estamos normalizando, qué estamos justificando y qué límites estamos dispuestos a defender incluso cuando hacerlo significa defender a alguien con quien discrepamos profundamente.
Porque una Ceuta unida no puede ser aquella en la que todos pensamos lo mismo. Debe ser aquella en la que, precisamente porque pensamos diferente, somos capaces de convivir sin convertir nuestras diferencias en una guerra permanente.
Y quizá esa sea la única posición verdaderamente coherente: Violencia, nunca.
Ni cuando la ejerce el adversario. Ni cuando la ejerce alguien que consideramos próximo. Ni cuando creemos que nuestra causa es justa. La ejerza quien la ejerza.
Porque si aceptamos excepciones, tarde o temprano dejaremos de saber dónde estaba el límite.
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Creo que Ceuta ya se perdió. Ojalá me equivoque.
Si ante una "operación militar" de Marruecos, con la connivencia de la OTAN (Marruecos comparte comunicaciones de alto nivel con la OTAN), el pueblo de Ceuta, traicionado por el gobierno y el ejército, no usa la fuerza para contener la violencia usada por Marruecos, vendrán más. Y Ceuta dejará de ser lo que es (con los que hay ahora, ya es otra ciudad, imaginad 100.000 más).🤷🏻♂️