La “complejidad” del proceso de reordenación del sector público empresarial de la Ciudad cuyas líneas maestras pactaron anteayer por escrito el Ejecutivo local y los sindicatos y “la urgencia que aconseja iniciar cuanto antes la reestructuración” implican “la necesidad de instrumentarlo en dos fases”, según el contenido literal del acuerdo rubricado, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este periódico.
Según el texto, “en una primera el personal laboral de las sociedades se integraría en sus condiciones actuales en los organismos autónomos, con su misma organización, convenio colectivo y relación laboral”. De esta forma, los trabajadores temporales mantendrían su empleo “en los mismos términos y por las mismas causas que motivaron la celebración del contrato, de manera que quedarán extinguidos cuando desaparezca la causa que los motivó o se dé alguna de las causas legales previstas en la legislación vigente”.
En una segunda fase “habría que proceder a la determinación de un organigrama y de la plantilla de personal dentro de cada organismo autónomo y en negociación siempre con las distintas centrales sindicales con representación”.
En todo caso, el pacto firmado deja claro que “como resultado del proceso no puede producirse un aumento de la masa salarial en la Ciudad Autónoma”.
“La intención del proceso de reestructuración del sector público institucional”, advierte el documento, “no es la de convertir en funcionarios de la Administración General de la Ciudad a los empleados de las sociedades mercantiles que se integran en los organismos autónomos, sean estos preexistentes o de nueva creación”. Sólo los funcionarios de la primera podrán pasar voluntariamente de una a otra, pero no así los empleados públicos de la administración institucional. Además, se garantiza “el retorno de los mencionados funcionarios o personal laboral de la Administración General de la Ciudad que se encuentren desempeñando puestos de trabajo en el sector periférico por los procedimientos establecidos”.
Tal y como ya se sabía, el actual mapa de 6 organismos autónomos, diez empresas municipales y dos fundaciones dará paso a otro con sólo dos sociedades públicas (la del Tryp y Acemsa), un ente público (RTVCE), las mismas fundaciones (Ceuta 2015 y Premio Convivencia) y ocho organismos autónomos para, entre otros objetivos, “mejorar la gestión presupuestaria de la Ciudad, afianzando la estabilidad, mejorando la eficiencia, y compatibilizando todo ello con el mantenimiento del empleo estructural”.
En el documento se cifran en 6,7 millones lo ahorrado ya este año en la Administración periférica de la Ciudad con respecto al ejercicio precedente.
Los próximos pasos
Fórmula
Prestación de servicios. La Asamblea debe, en el caso de los organismos preexistentes, “añadir a los servicios públicos que ya gestionan los que hasta ahora se prestaban por las sociedades en cuyos derechos y obligaciones se subrogan”. Con los de nueva creación, “decidir la gestión directa” con ellos de los servicios públicos que ofrecían las empresas municipales subrogadas.
Gestión
Estructura. Según el acuerdo rubricado por el Gobierno local y los sindicatos, será necesario, “en un momento posterior, aprobar, para cada uno de los organismos resultantes, su organigrama y plantilla de personal”.
Estatutos
Dos vías distintas. Al igual que en lo referente a la fórmula de prestación de servicio, los acuerdos a adoptar por la Asamblea “serán distintos en función de que se trate de organismos preexistentes o de nueva creación”. En los primeros habrá que modificar los estatutos sociales “para adaptarlos a la nueva situación derivada de la absorción de las competencias y funciones de las sociedades mercantiles que se integren en los mismos”. En los segundos se prevé que será necesario aprobar unos nuevos estatutos “que contemplen las competencias y funciones de las sociedades mercantiles que se integren en los mismos”.