La radiografía ceutí del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo hizo público ayer el Informe Anual 2012 en el que recoge su valoración y recomendaciones sobre ámbitos como el de la inmigración, el social o el carcelario que tienen que ver directamente con la ciudad autónoma. En total fueron 40 las quejas presentadas ante la institución por ceutíes y poco más de 300 las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad. Para que se hagan una idea, a nivel nacional la oficina del Defensor tramitó el año pasado 280.592 expedientes, entre quejas (33.478), investigaciones de oficio (371) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (246.743).
En el balance oficial cobra especial importancia el apartado que dedica la institución a los inmigrantes, menores o adultos. Se alude expresamente a lo hecho por la Ciudad Autónoma en el caso de los MENA, con el cierre del antiguo centro de ‘La Esperanza’ y su traslado momentáneo al albergue de Hadú.
Es un ejemplo, dice el Defensor, de “largos trabajos de seguimiento y que sólo ha dado sus frutos tras una larga insistencia”, apunta, recalcando que dicha presión pretendía poner de relieve que las condiciones de habitabilidad de los extranjeros no eran las adecuadas. “En distintos informes anuales se recogió la necesidad de cerrarlo, a la vista de sus  graves carencias estructurales, habiéndosele solicitado a la Consejería de Asuntos Sociales de la Ciudad la construcción urgente de un nuevo centro. Igualmente se había dado  traslado a la Fiscalía que, tras comprobar el agravamiento de las deficiencias y la situación de riesgo de los menores acogidos, en noviembre de 2011, decretó por fin su cierre. Se giró una nueva visita en noviembre de 2012, para comprobar el estado del centro, que continuaba funcionando pese al cierre decretado. Las autoridades ceutíes informaron después del cierre inminente y el traslado de los menores, de modo provisional, al Centro San José-Hadu, instalación destinada a fines sociales, acondicionada para albergar a menores”, recoge el informe. El Defensor, que también envió a funcionarios para visitar el centro de Hadú este año, ha destacado el cambio y advierte de que en el Informe correspondiente al año en vigor que se publicará en 2014 se dedicará un apartado al mismo.
A la espera de lo que diga dicho informe sí que se ha sabido ya, porque así se ha informado oficialmente a la Ciudad, que se ha valorado las condiciones de habitabilidad del albergue de Hadú, destacando el cambio experimentado y proponiendo algunas mejoras en infraestructuras.
En el ámbito del internamiento, y en este caso en el penado, el Defensor habla también de las condiciones de la vieja cárcel de ‘Los Rosales’. Y aquí no lo hace precisamente para bien. La sobreocupación sigue siendo la mayor crítica, algo a lo que, precisamente, aludía el pasado fin de semana el sindicato Acaip en un documento en el que cifraba el hacinamiento en un 255%.
Pues bien lo que denuncia el Defensor es el alojamiento que se está dando a los internos en la viaje cárcel, que será reemplazada por la de Fuerte Mendizábal. “Sobre este asunto”, el del alojamiento, “la persistencia de dormitorios colectivos y celdas múltiples todavía es motivo de preocupación e interés por parte de esta Institución con el objeto de que puedan adoptar medidas para corregir esta situación”, lamenta. Se cita expresamente la cárcel ceutí, en la que, como en otro puñado de penitenciarías, hay celdas residenciales colectivas con capacidad para más de cinco internos. En el caso de Ceuta se han detectado dos.
“No obstante”, aclara, “en los casos en los que se ubica a más de dos internos en una celda, las dimensiones de la misma superan los 16 metros cuadrados”, señala.
El CETI no escapa a las consideraciones hechas por el Defensor, aunque la institución diferencia claramente la valoración que hace del de Ceuta respecto al de Melilla. El área que dirige Soledad Becerril critica que “en ambos centros se ha apreciado que los módulos habilitados como dormitorios no reúnen los requisitos necesarios para servir como alojamiento residencial” y sentencia que “a pesar de haberse reducido el tiempo de estancia media de los residentes, este continúa siendo elevado”. En el caso de las instalaciones del Jaral, la baja ocupación ha permitido que las condiciones en que están los inmigrantes sean mejores, y respecto al tiempo de estancia hay un colectivo que roza ya los 2 años. Se trata de solicitantes de asilo, cuyos casos estaban bloqueados y ahora mismo están bajo estudio para que se opte por admitir o no a trámite dicha solicitud.
El Defensor tampoco considera “adecuadas las dependencias habilitadas para las familias por la misma causa, es decir, por el largo tiempo de permanencia. Esta Institución reconoce que se han realizado esfuerzos para derivar a recursos residenciales o asistenciales más adecuados a personas pertenecientes a colectivos en riesgo de vulnerabilidad y, en especial, a familias con hijos menores, pero no son suficientes. De hecho, continúan residiendo grupos familiares cuya situación requiere un análisis profundo para encontrar alguna alternativa a su situación actual”, denuncia. Valora, eso sí, la puesta en marcha de talleres en el centro para formar a inmigrantes así como los cursos de alfabetización y pone la alerta en los casos de posible trata que se han producido en el CETI, pidiendo la puesta en marcha de medidas para detectarlos. En el informe no se incluye que ya el CETI ha actuado en este ámbito hasta el punto de que, gracias a su labor, ha conseguido órdenes de alejamiento de dos acosadores a un par de residentes.

Coordinación de los servicios médicos en los traslados a CIE

El Defensor advierte que sigue abierta una investigación en torno a los traslados de inmigrantes a CIE, al conocerse la inexistencia de un protocolo de coordinación efectivo entre los servicios médicos de los centros de estancia temporal para inmigrantes de Ceuta y Melilla, dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y los centros de internamiento de extranjeros, dependientes del Ministerio del Interior. “La ausencia de este protocolo impide que los servicios médicos de los centros de internamiento de extranjeros conozcan la situación médica en la que se
encuentran las personas que son trasladadas para su expulsión desde los citados centros de Ceuta y Melilla, lo que supone que en ocasiones se repitan pruebas innecesarias”.

Las quejas, a nivel general, van a más

Las quejas ante el Defensor del Pueblo crecieron en 2012 un 56 por ciento respecto a 2011, según recoge la Memoria Anual presentada ayer en el Parlamento por la titular de la institución, Soledad Becerril, quien ha reclamado reformas y acuerdos para restaurar la confianza en las instituciones.
La Defensora ha entregado en el Congreso y en el Senado la Memoria Anual de la institución, que gestionó 280.592 expedientes en 2012, una cifra que se ha disparado por el gran número de escritos presentados por la supresión de la paga extra de los funcionarios y en relación con los recortes aplicados en política sanitaria. El número de quejas recibidas por el Defensor fueron 33.478 -21.420 en el año 2011-, lo que supone un incremento del 56 por ciento, y además la institución realizó 371 investigaciones de oficio -506 en el año anterior-.
Las cifras se elevan en el registro de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad -246.743 en 2012, en 2011 hubo 2.455-, en el que se incluyen firmas de personas afectadas por la reforma sanitaria, la modificación de las retribuciones del personal al servicio del sector público, los cambios en la ley de dependencia y beneficiarios de la Renta Activa de Inserción.
Las decisiones adoptadas por el Gobierno sobre los desahucios  protagonizan buena parte de las quejas, aunque el Defensor valora que han sido “puntuales y sin la búsqueda de una solución global” y pide un marco legal “menos gravoso” para evitar la pérdida de la vivienda, elemento que muchas veces es el único patrimonio de los ciudadanos.
El informe insiste en sus reclamaciones de mejora del sistema de subastas, la limitación de los intereses moratorios y mejoras en la transparencia de la comercialización de hipotecas.
El Defensor del Pueblo ha constatado el cambio de perfil de las personas que ocupan una vivienda, puesto que ya comienzan a aparecer familias estructuradas que han sido desalojadas por el impago de hipotecas o alquileres.
Además, el número de quejas remitidas a la institución relacionadas con la supresión de la renta básica de emancipación de los jóvenes y las demoras en el pago se dispararon un 73 por ciento.
La Defensora ha recomendado que se modifique la normativa sobre planes de pensiones para permitir que los parados rescaten estos ahorros en caso de necesidad.
En el ámbito de la justicia y seguridad se constata el aumento de quejas derivadas de la actuación policial en manifestaciones, al tiempo que critica las “escasas” investigaciones abiertas para determinar si los agentes se han extralimitado en el ejercicio de sus funciones. Denuncia que el Programa de Prevención de Suicidios en cárceles no es útil y comparte la percepción de la mayoría de ciudadanos de que las multas de tráfico son “excesivas” y “especialmente gravosas”.