La puesta en marcha definitiva de la EDAR conllevará crear al menos 16 empleos

La puesta en marcha de forma definitiva de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Santa Catalina conllevará la creación de “al menos” 16 puestos de trabajo tres de ellos de titulados medios o superiores, según la documentación elaborada por Acemsa con vistas a elegir si su gestión se desarrollará de forma indirecta, como opina que sería más conveniente la propia sociedad municipal y el Ejecutivo local, o directa, como defiende el primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas.
En su estimación de la plantilla “mínima” que necesitará la EDAR para cumplir sus funciones, la empresa pública apunta que será preciso contar con un jefe de Planta, un jefe de Laboratorio y un jefe de Mantenimiento que cuente con titulación académica de nivel medio o superior (en los dos primeros casos) y medio en el tercero.
Además, la Estación debería incorporar un administrativo, dos oficiales de mantenimiento (uno para el ámbito electromecánico y otro para el eléctrico) y diez operadores repartidos en turnos de uno por la mañana, dos por la tarde y otros tantos por la noche.
La EDAR tiene por objeto “resolver las deficiencias que la ciudad presenta en su red de saneamiento” dando tratamiento a un caudal de hasta 625 litros por segundo y solucionar “los problemas de disponibilidad, saneamiento y calidad del agua de la población local”. Diseñada para poder atender a un censo de hasta 110.000 habitantes, la infraestructura depurará el líquido elemento antes de verterlo al mar, en un caso, y permitirá su reutilización en parte.
La Estación inició sus pruebas de funcionamiento durante la primera semana del mes de julio. Se prevé que, una vez terminado este periodo, durante el primer trimestre de 2013 pase a manos de la Administración local “sin interrumpir la explotación al finalizar el periodo de puesta a punto y pruebas”.

Gestión directa o indirecta
Durante esta semana se ha reunido por primera vez la Comisión constituida en el seno de la Asamblea para decidir si su gestión se realizará de forma directa o externalizada. “La primera posibilidad que se plantea es la de incorporar personal propio de Acemsa y gestionar directamente su explotación; la segunda posibilidad es externalizar el servicio mediante un contrato que deje su explotación en manos de una empresa especializada”, expone Acemsa en su análisis preliminar de la cuestión.
La sociedad municipal llega a la conclusión, al analizar la disyuntiva, de que la segunda alternativa es la más viable. “A pesar de que actualmente Acemsa presenta una plantilla de alrededor de 60 personas, estas quedan encuadradas en los distintos departamentos de forma que, mientras que hay un sobrante de personal de Administración, existe un déficit de técnicos, sino estos últimos los que mayor incidencia tendrían para la explotación de este tipo de planta”, advierte la empresa, que se vería obligada a “desmantelar” alguno de los servicios que presta actualmente.
Más concretamente, la empresa del agua considera que no sería difícil disponer de un administrativo, pero advierte de que si se la obligase a hacerse cargo de la EDAR tendría que prescindir de dos de sus tres titulados en Ingeniería y “coordinar” con el laboratorio de la Ciudad la fórmula para contar con el responsable de este ámbito o “contratarle”. También habría que incorporar a los responsables de mantenimiento eléctrico o mecánico, mientras que “podría formarse y enviarse a la planta a diez operarios, pero desmantelando previamente alguno de los servicios existentes”.

Ahorro y control de costes
Por todo ello, Acemsa concluye que “la gestión indirecta presenta como ventajas el ahorro y control de los costes operativos que supone incorporar una empresa externa en la que se abona el servicio mediante el modelo de coste fijo y variable, evitando la asunción de costes derivados de la formación y sobrecostes por convenio colectivo, sustituciones, turnicidad, nocturnidad, toxicidad, etcétera”.
“Una de las razones por las que podría considerarse la intervención directa de Acemsa sería el contacto con los usuarios”, indica el director técnico de Acemsa, “situación que en este caso no se da, ya que el servicio contratado queda fuera del ámbito de los usuarios”.
La empresa del agua estima, finalmente, que el esquema general que se le plantea para el futuro “como gestora del ciclo del agua” es otra razón que “avala” la externalización, ya que “se trata de construir un sistema que permita una gestión del suministro de agua y su posterior evacuación de manera que las tareas especializadas intermedias puedan ser controladas por un reducido número de personas cuya tarea principal consista en mejorar las condiciones de calidad y servicio para el usuario sin sobredimensionar la plantilla, algo desaconsejable por su alto coste”.

Las claves

Costes
Acemsa calcula que los costes totales anuales de la EDAR ascenderán a 3,02 millones de euros, IPSI incluido (2.74.800 euros que recuperará la Administración), algo más de un millón en concepto de costes fijos y algo más de 1,25 en cotes variables.
Análisis
Optar por una gestión directa o indirecta “no se trata solo de ventajas e inconvenientes de uno u otro sistema, sino que es necesario tener muy en cuenta el actual y futuro dimensionamiento de Acemsa”, advierte el director técnico de la empresa.
Conclusión
“Avalamos la externalización”, apunta la sociedad pública, “por ser el sistema que mejor se adapta a las necesidades actuales”.
Antecedente
El ejemplo de la desaladora es un antecedente que, “tras algo menos de quince años de explotación, está dando resultados positivos en cuanto a calidad, servicio, conservación de las instalaciones y, en general, adecuación a las necesidades de la ciudad”.

El agua subirá un 3,6% cada año

Repercutir parte de los costes de explotación y mantenimiento de la EDAR sobre el cliente de Acemsa y hacer lo propio “mínimamente” con los de la inversión realizada para su construcción conllevará, según las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), un incremento de 44 céntimos en el precio que paga el usuario por cada metro cúbico consumido.
“Esto supone una subida en términos reales de un 3,6% anual acumulativo hasta 2015 que asumimos que es un límite máximo difícil de superar en las actuales condiciones, dejando para el periodo 2015-2021 la recuperación completa de costes”, calcula la CHG.
“La entrada en funcionamiento de la depuradora implica que la Ciudad de Ceuta debe recuperar al menos los costes de explotación y mantenimiento, que se estiman en 0,39 euros por metro cúbico, y una pequeña parte de la amortización de la infraestructura (mejora de redes de abastecimiento), cifrada en 0,05 euros por metro cúbico, de modo que el total de repercusión en el horizonte 2015 sea de 44 céntimos”, desgrana.
El precio que actualmente abona un consumidor ‘tipo’ en la ciudad autónoma está “en el entorno de 1,90 euros”.

Un “doble efecto positivo” sobre las aguas costeras

La construcción de la EDAR de Santa Catalina, que ha absorbido más de 22 millones de euros (un 85% aportado por Acuavir y un 15% por la Ciudad Autónoma) tendrá un “doble efecto positivo sobre las aguas costeras”, ya que “no sólo mejora la calidad del efluente (al ser tratadas las aguas residuales previamente a su vertido al mar) sino también la calidad de las aguas receptoras, mejorando las condiciones en las que se realiza el vertido en cuanto a distancia a la línea costa y dilución inicial. La actuación mejora la calidad del agua, pero no influye en el consumo del mismo, si bien prevé un tratamiento terciario que permitirá la reutilización de un parte del agua depurada. El Real Decreto Ley 11/95 de 28 de diciembre, que transpone la Directiva 91/271/CEE y que establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, exige una depuración secundaria a las poblaciones mayores de 2.000 habitantes equivalentes y una depuración adecuada al resto de poblaciones, estableciendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2001, prorrogándose por problemas técnicos (posibilidad que ya recoge el citado Real Decreto) hasta el 31 de diciembre de 2005.