La privatización de la gestión del agua

Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este año el tema escogido es el de la “Cooperación en la esfera del agua”, como elemento crucial para la seguridad, la lucha contra la pobreza, la justicia social y la igualdad de género. Se nos recuerda que una de cada tres personas vive en un país con escasez de agua y que para 2030 es posible que esta escasez afecte a la mitad de la población mundial. Todo esto se agravará como consecuencia del cambio climático y del incremento de las necesidades de la población. Se impone, por tanto, un uso racional del agua. Por todo ello, la Asamblea General de la ONU, a través de la Resolución 64/292, reconoció en 2010 “el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.  
Pero, ¿garantizan los Gobiernos y las Administraciones el suministro público y el acceso al agua a sus poblaciones?. El debate que recorre Europa en estos momentos, como antes lo hizo en otros continentes, fundamentalmente de la mano de las tesis de los economistas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, es si la liberalización del servicio de gestión del agua y su pase a manos privadas, va a garantizar el suministro público, o por el contrario va a llevar a una pérdida de calidad del servicio a la ciudadanía, a una reducción de empleos y a un encarecimiento de tarifas para lucrar a los empresarios, como ocurre en todos aquellos mercados con una fuerte presencia de “clientes cautivos” (por ejemplo, el transporte de viajeros en el Estrecho de Gibraltar).
A pesar de que el agua es un Derecho Humano reconocido por Naciones Unidas y de que es un recurso esencial para los ecosistemas y para mantener la calidad de vida, para recuperar la economía y para hacer una transición a formas más sostenibles, el debate sigue estando centrado en la privatización de su gestión. Y ello aunque las evidencias demuestren que en los últimos años las privatizaciones de este servicio esencial han incrementado las dificultades de las Administraciones Públicas para controlar las decisiones estratégicas y se ha hecho imposible el control público y ciudadano de los contratos de gestión público-privado, según denuncia el sindicato Comisiones Obreras en su último informe para promover una iniciativa ciudadana a nivel europeo, con el título “El agua es un derecho Humano”, al objeto de recoger un millón de firmas entre los países miembros, que faciliten que la Comisión Europea presente una propuesta legislativa para promover y garantizar el suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para todos.
En el año 2009 se celebraba la 137 Conferencia anual de la Asociación Americana de Salud Pública en Filadelfia (Pensilvania), cuyo tema central era el agua, analizada desde la perspectiva de la salud pública. En uno de los estudios presentados se estimaba la influencia que ejercía el agua  en la esperanza de vida al nacer de las personas. Para ello se utilizó el índice de escasez de agua (Water Powerty Index) elaborado y publicado para 128 países, que agrupaba componentes como el acceso al agua, los recursos disponibles, la capacidad de distribución y almacenamiento, el uso y el medio ambiente. Pues bien, nuestra conclusión fue que de todos estos componentes, independientemente de la cantidad de recursos hídricos que tengan los países, es la posibilidad de acceso al agua potable de la población la que ejerce una influencia claramente significativa en el incremento de la esperanza de vida al nacer de las personas.
En otro de los trabajos que nuestro grupo presentó, se analizaba si la mejora en el tratamiento de aguas residuales que se observaba en España en la última década había sido homogénea entre Comunidades Autónomas, así como si había asociación estadística entre el volumen de aguas tratadas y el tremendo incremento en la superficie construida. Los resultados de los análisis nos mostraban que, tanto el factor regional, como el temporal influían de forma significativa en la variabilidad observada del tratamiento de las aguas residuales, así como que la 'superficie construida' ejercía una importante influencia estadísticamente significativa, y por tanto muy negativa, sobre el mismo.
Es decir, que estamos ante un recurso esencial, al que tiene acceso una clientela cautiva, cuya demanda es muy inelástica al incremento de los precios. O dicho de otra forma. La privatización de la gestión del agua, incluso aunque se haga bajo formas de gestión publico-privadas, cuya eficacia es mayor, podría ocasionar graves perjuicios al ciudadano en el libre acceso a un recurso esencial como es el agua. Por esta razón, quizás convendría alejarse de discursos y propuestas aparentemente “atractivas”, desde el punto de vista del ahorro de costes, que no encierran más que una trampa similar a la de la supuesta bajada de tarifas en la travesía del Estrecho, por el sólo hecho de facilitar la “competencia” allí donde ésta no es posible.