Con motivo de la celebración de la conferencia de las naciones unidas sobre desarrollo sostenible Rio+20, la red internacional de academias de ciencias (IAP) ha hecho público un informe sobre “Población y consumo”. Los científicos del todo el mundo consideran que el crecimiento de la población y el consumo insostenible constituyen dos de los más importantes cambios ocurridos en el mundo. Actualmente la población mundial se sitúa en torno a 7.000 millones y muchas proyecciones sugieren que probablemente alcance, para el año 2050, entre 8.000 y 11.000 millones. Según estas previsiones, el mayor incremento poblacional se dará en los países llamados del tercer mundo. Al mismo tiempo, en las naciones ricas se observa una tendencia negativa en el crecimiento demográfico. Por su parte, en cuanto a los niveles de consumo, los factores se encuentran igualmente invertidos: países pobres, con mucha población y poca capacidad de consumo; y estados ricos, con un descenso poblacional y desorbitadas necesidades de recursos. Unos bienes que proceden, precisamente, de aquellas regiones del planeta sobrepobladas y empobrecidas. Resulta evidente que nos enfrentamos a una bochornosa falta de justicia y equidad entre las naciones ricas y las pobres. Para contrarrestar este desequilibrio, los países más desarrollados están obligados a reducir sus índices de consumo y los pobres a aumentarlo por un camino distinto al transitado por las naciones poderosas de la tierra. Al tiempo que abordan la senda de la prosperidad, los países del sur están obligados a emprender políticas de reducción en sus cifras de población. A este respecto, La comunidad científica manifiesta que “la población es un importante componente de un complejo nexo de procesos que determinan el desarrollo económico y social de un país. El rápido crecimiento de la población puede ser un obstáculo para implementar mejores condiciones de vida en los países pobres, para eliminar la pobreza y reducir la inequidad de género”.
Los miembros del IAP han expresado en su informe que la “población y el consumo están en el corazón del desarrollo sostenible y los esfuerzos para mover al mundo hacia el uso sostenible de los recursos naturales. Ambas son política y éticamente sensibles, pero es esencial que no se conduzcan de manera irresponsable por las políticas de mercados”. Llevados por esta idea, las academias científicas han planteado una serie de recomendaciones, dirigidas a los responsables políticos nacionales e internacionales, que a nosotros nos parecen muy oportunas y necesarias. La primera de ellas incluye un llamamiento para “asegurar que la población y el consumo están considerados en todas las políticas, incluyendo aquellas relativas a la reducción de la pobreza y el desarrollo económico, la gobernanza global, la educación, la salud, la igualdad de género, la biodiversidad y el medioambiente”. En el aspecto poblacional, recomiendan “fomentar el desarrollo de estrategias que ayuden a reducir el crecimiento de población. Programas que promuevan la educación, en particular de mujeres y jóvenes, tienen que ser centrales en estas estrategias”.
De todas las recomendaciones que hace la comunidad científica internacional queremos destacar la solicitud que lanzan para que se reconozca “que el continuo crecimiento poblacional contribuirá a incrementar la urbanización”. De ahí que sea necesario “desarrollar e implementar políticas urbanísticas que tengan en cuenta las necesidades de consumo y las tendencias demográficas”. No se trata de una novedad en el ámbito científico y de la sostenibilidad. El grupo de expertos que trabaja para la Comisión Europea sobre el tema de las ciudades sostenibles viene insistiendo en los documentos que ha redactado sobre la necesidad de que “reconozcan la capacidad de carga del medio ambiente a nivel local, regional y mundial como principios de referencia dentro de los cuales se pueden discutir otras consideraciones”.
Existe, por tanto, unanimidad entre los científicos y expertos en sostenibilidad sobre la urgente necesidad de abordar la delicada cuestión de equilibrar el tamaño de la población con la capacidad de carga de los territorios que los acoge. Tal y como manifiesta de manera explícita el IAP, el establecimiento de limitaciones en el crecimiento poblacional no está exento de derivaciones éticas. Sin embargo, aún reconociendo este peligro no podemos dejar de abordar esta cuestión con prontitud, sobre todo en territorios que, como Ceuta, ha superado con creces su capacidad de carga ambiental y social. A nosotros nos preocupan ambos aspectos, pero observamos con perplejidad y asombro la falta de respuesta institucional y ciudadana ante los problemas sociales que está provocando el desbordamiento de nuestra capacidad de carga. Cuando nos referimos a este término, nos estamos refiriendo, -tal y como recoge el documento de la Comisión Europea sobre “Ciudades Sostenibles-, “a la capacidad de la ciudad, en tanto que sistema social, de satisfacer las demandas y aliviar las tensiones sociales. El colapso del orden social de las ciudades puede considerarse análogo al de los ecosistemas físicos, ya que es el resultado de tensiones (p.ej., la contaminación, en un caso, o la pobreza en el otro) que superan la capacidad de los mecanismos (p.ej., la absorción y el reciclado de contaminantes, en un caso, y la ayuda de la colectividad y los mecanismos de autoayuda en el otro) para asimilarlas”.
Si atendemos a lo expuesto por la Comisión Europea sobre la sostenibilidad de los complejos urbanos, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuenta la ciudad de Ceuta con suficiente capacidad para satisfacer las demandas de una población en imparable crecimiento y aliviar al mismo tiempo las tensiones sociales que está provocando?. La respuesta hasta la fecha ha sido ignorar el problema y emprender una carrera hacia adelante que nos conduce directamente al colapso. Pocos nos atrevemos a hablar de este asunto abiertamente, supongo que por miedo a ser tachados de neomalthusianos o cosas por el estilo, o simplemente por pereza intelectual. No hay duda de que se trata de un problema delicado, por lo que este implazable debate debe conducirse guiado por la prudencia, la reflexión serena y el sentido común.
Desde nuestro punto de vista, antes de nada necesitamos un diagnóstico sobre la capacidad de carga del sistema ecológico ceutí que permita establecer el umbral óptimo de población en función de nuestro tamaño y características de nuestro ecosistema local. Parte de este diagnóstico está plasmado en los informes elaborados por el Observatorio de la Sostenibilidad de Ceuta y Melilla. Pero hay que ir más allá. Necesitamos un estudio específico que analice, desde criterios científicos, los aspectos demográficos, sociológicos y ambientales de la estrecha vinculación entre población y territorio.
A partir de las conclusiones de este estudio podremos establecer aquellas medidas que permita reconducir la clara situación de insostenibilidad en la que está inmersa Ceuta. Todas estas acciones tienen que pivotar sobre los principios expuestos por el IAP: menor consumo de recursos y reducción de la presión demográfica sobre el territorio. ¿Cómo podemos aliviar esta presión poblacional?. Pues actuando en las dos vías que conduce al crecimiento de la población: el propio crecimiento vegetativo y el asentamiento de personas no nativas. Para atajar la primera fuente de incremento poblacional sólo queda acudir a políticas educativas y de concienciación social sobre el problema de la sobrepoblación, así como abordar políticas sociales y fiscales que desincentiven el excesivo número de hijos. No podemos seguir premiando la irresponsabilidad de los progenitores que se cargan de hijos sin contar con medios económicos para su crianza. A este respecto, conviene recordar las palabras de Charles Fourier: “el hombre sensato sólo desea tener un pequeño número de hijos, a fin de asegurarles la fortuna sin la cual no hay dicha; el hombre irracional y carnal procrea hijos por docenas; excusándose con que es Dios quien los envía y jamás habrá demasiadas personas honradas” (extraído de su obra “El falansterio”).
En cuanto al control de la migración nacional o extranjera tenemos que acudir a medidas de índole política y legislativa. Nuestra propuesta, que ya trataremos con amplitud en posteriores escritos, consiste en la discusión y posterior aprobación de una ley de residencia específica para las ciudades de Ceuta y Melilla, similar a la que llevan reclamando desde hace décadas buena parte de la clase política y la sociedad canaria. Si en Canarias esta reclamación tiene bases que la sustenta, en los casos de Ceuta y Melilla adquiere una dimensión de Estado al estar en juego la viabilidad de unas ciudades amenazadas por un inminente colapso ambiental, social y económico. Los políticos empiezan a darse cuenta del problema y por eso hablan de modificar las normativas sobre empadronamiento, control de las construcciones ilegales o sostenibilidad de los servicios sanitarios y educativos. Pero no van a la raíz del problema: la sobrepoblación que sufre Ceuta. Y ésta sólo se podrá controlar cuando contemos con un diagnóstico certero y un plan global para enfrentar esta cuestión con valentía y determinación.