La politización de las Cajas de Ahorro

Las Cajas de Ahorro tuvieron su origen en los antiguos Pósitos y Monte de Piedad. Tales Pósitos, se empezaron a crear en Italia en el siglo XV, y luego se fueron extendiendo al resto de Europa. Su principal cometido era hacer acopio de grano para prestarlo a los labradores en épocas de escasez, con un interés moderado. Por su parte, los Montes de Piedad nacieron en España por Real Orden de 3-04-1835, como instituciones de crédito sin ánimo de lucro, con el propósito de fomentar el ahorro popular y mitigar las necesidades de las clases más pobres; aunque el primer Monte de Piedad de España data de 1550, y se creó en Dueñas (Palencia). Luego, en el trienio liberal (1820-1823) los Montes de Piedad se fusionaron con las Cajas de Ahorro. La primera Caja de Ahorros española fue la de Jerez de la Frontera, creada en 1834. Al año siguiente una Real Orden regulaba estas instituciones, que tenían como objetivo recibir depósitos que devengarían intereses a corto plazo, con miras a propagar el espíritu de economía y trabajo. Así, pues, estas tres figuras crediticias, Pósitos, Montes de Piedad y Cajas de Ahorro, facilitaban préstamos con garantías prendarias en condiciones ventajosas. Las Cajas habían nacido antes en Italia en el siglo XVI, auspiciadas por la Iglesia Católica, aun cuando las primeras que se crearon fueron criticadas por la Santa Sede; pero en el Concilio de Letrán de 1515 se admitió la posibilidad de establecer un módico interés por los préstamos sobre prendas, y en el Concilio de Trento de 1545, se proclamó ya su carácter benéfico.
Vemos así, cómo las Cajas de Ahorro durante cientos de años fueron instituciones de fomento del ahorro y de clara inspiración benéfico-religiosa, sin el menor ánimo de lucro, destinadas a promover el ahorro popular y a ayudar a las clases más desfavorecidas garantizándoles un mínimo de previsión social. Así, por Real Decreto de 29-06-1853, se hizo obligatoria su creación en todas las provincias y se encomendó su impulso a los antiguos Gobernadores Civiles, dándoseles un marcado carácter de financiación del déficit público; si bien, la Ley de 29-06-1880, aunque remarca su carácter benéfico, reconoce su origen privado. Pero lo cierto fue que las Cajas de Ahorro vinieron desempeñando hasta la década de los años 1970 unas funciones encomiables, muy meritorias, básicas y esenciales, en el fomento y promoción del ahorro de las clases más populares y humildes, desarrollando, además, importantísimas funciones de carácter social, cultural y formativo, dentro del ámbito territorial de cada una. Y, habiendo sido ello así, inmediatamente hay que preguntarse: ¿Qué es lo que ha podido ocurrir para que las Cajas de Ahorro, de haber venido siendo instituciones de ahorro al servicio del pueblo y que tantos problemas han resuelto a las clases más pobres, después, en muchos casos, han pasado a ser un auténtico problema para muchos modestos ahorradores, como titulares de participaciones “preferentes”, “subordinadas” y  productos tóxicos?.                 La respuesta a tal interrogante creo que está en la participación en ella de los sindicatos y los políticos.
Por el artículo 33.7 de la Ley 2/1971, se estableció la participación sindical en los Consejos de Administración de las Instituciones de Crédito de carácter oficial y en el de las Cajas de Ahorro benéfico-sociales. El Real Decreto 789/1975, en su artículo 1º. Dos, fija dicha participación sindical, disponiendo: “En todo caso, la Organización Sindical estará representada en las Cajas de Ahorro por Dos Consejeros, representantes de los Consejos Provinciales de trabajadores y técnicos y de empresarios, respectivamente…”. Y, aun cuando en el artículo 3.Dos se dice que “el cargo de Consejero es honorífico y gratuito y no podrá dar lugar a percepciones distintas de las dietas por desplazamiento, en su caso, por residencia en lugar distinto del que constituya el domicilio de la Caja”, luego resulta que tales dietas las han venido cobrando los Consejeros sindicales de forma sistemática, según se ha dicho en los medios de comunicación, por los que nos enteramos de casos en que exceden de los 60.000 euros anuales, que se acumulan a las demás remuneraciones que los sindicalistas  han percibido de las empresas y sector público donde trabajaban, pese a que sean “liberados”. Y, cuando en algún caso se ha reprochado esa duplicidad de percepciones, la excusa expuesta por algún Consejero sindical afectado fue que lo cobrado de la Caja lo entregaba al Sindicato. Y, aunque en el artículo 3.Tres, se dispone que “los Consejeros no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la Caja respectiva…”, ha sido público y notorio el caso de uno de ellos que pagó a la Caja, por un préstamo que le concedió la misma Entidad,  la compra de un piso proveniente de un desahucio por 5.000.000 de pesetas, cuando la Caja lo había ejecutado al desahuciado por 8.000.000 de pesetas y esa fue la cantidad por la que el propio hipotecado lo había ofrecido al sindicalista. ¿Qué clase de doble moral es esa, tanto de ese sindicalista como de la propia Entidad?.
Pero la presencia sindicalista no fue lo peor, porque la normativa de 1985 permitió también la entrada en las Cajas de Ahorro de representantes de las Comunidades Autonómicas y Corporaciones Locales. Y así fue como llegó ya el desmadre; porque la política, donde pisa “no vuelve a crecer la hierba”, como se decía del caballo de Atila, y como también dijo en verso el poeta Gabriel y Galán: “La política de ahora/ que al bien ajeno no aspira/ la política traidora/ que es una inmensa mentira/ viene promesas haciendo/ que sabe que nunca va a cumplir/ favores viene pidiendo/ mentiras viene a decir”. Y es que la política y los políticos todo lo politizan y lo manipulan para poder hacer y deshacer a su antojo, aunque no en favor de los representados sino en su propio provecho que, en lugar de dedicarse a resolver los problemas de los ahorradores, de lo que principalmente se preocupan – salvo honrosas excepciones - es de beneficiarse a sí mismo a costa del dinero ajeno, sin importarles lo más mínimo que se ponga en peligro los depósitos de los ahorradores, con un culto clamoroso hacia el lucro personal y un absoluto desprecio hacia los clientes, a los que, sobre todo en los últimos años, se les han creado numerosos y graves problemas, como los conocidos casos de las “preferentes”, “subordinadas”, “activos tóxicos”, imposición con letra chica de los “suelos hipotecarios”, cláusulas engañosas y torciteras, comisiones abusivas, préstamos usurarios y otras prácticas habituales con las que se enriquecen a costa de los demás arañando dinero de todas partes, como el blindaje de directivos con escandalosas indemnizaciones que ellos mismos se autoconcedían, pese a estar en bancarrota en algunos casos. Y, en fin, de instituciones benéficas favorecedoras del ahorro de las clases populares, que desde su creación estuvieron históricamente vinculadas a actividades crediticias y de ahorro no especulativo y sin fin de lucro alguno, pasaron a convertirse en instituciones financieras lucrativas, compitiendo en los mercados como los Bancos.
A partir de la entrada de los Sindicatos y los políticos en las Cajas de Ahorro, sus Consejeros se fueron haciendo con las riendas de dichas Entidades, de cuyos representantes comenzaron a elegirse los Presidentes y Directores Generales que, como único título de formación técnica y profesional, solían aportar – salvo honrosas excepciones - sus carnets del partido o sindicato. Sólo así se explica que el año 2009, nada menos que el 34 % de los miembros de los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro habían sido nombrados en razón de su origen político o sindical, y únicamente el 50 % de los mismos contaban con conocimientos técnicos y experiencia bancaria, que tan necesarios son para la gestión de dichas Entidades. A la vez, tanto el Decreto de marzo de 1933 del Estatuto de Cajas de Ahorro, como el Decreto 1838/1975, sobre distribución de beneficios, Real Decreto 502/1983, sobre inversión de excedentes líquido y Ley 13/1985, sobre coeficientes de inversión, fijaban entre un 50 y un 75 % el porcentaje de los beneficios anuales con que las Cajas de Ahorro debían dotar la llamada Obra Social, que es la encargada de desarrollar actividades socioculturales, servicios de asistencia social, sanidad, enseñanza, investigación, etc, para que esa parte de los beneficios revertieran a los lugares de ubicación; pero, paralelamente con el desembarco de los políticos de las Comunidades Autónomas, de entes locales y sindicalistas, en el período 1975-1986, se produjo una importante caída de los recursos destinados a la Obra Social. Incluso la Ley 31/1985, de órganos rectores de las Cajas, hizo desaparecer la comisión de dicha Obra y la comisión revisora del balance, que pasaron a depender del Consejo de Administración. Así, en los últimos años, pese al notable incremento del beneficio de las Cajas, se ha producido una reducción del porcentaje de beneficios destinado a la Obra Social, que de la dotación del 26, 2 % en el año 2000, pasó a ser de sólo un 17,8 %  en el 2007.
Se han dado casos escandalosos en que las Cajas de Ahorro han condonado deudas a algunos partidos políticos sin saber por qué motivo, cuando de esas deudas eran acreedores los propios ahorradores; lo que se cree es un flagrante atropello de los derechos de los impositores, clientes y titulares de cuentas, a los que, si se quedan en descubierto un solo día, se les penaliza usurariamente. Y, luego, ahí está el sonrojante blindajes de los directivos de Entidades intervenidas con dinero público, que sólo 25 de ellos se fueron de los Consejos de Administración llevándose 130 millones de euros de indemnizaciones, como si de salir a saco se tratara, o como premio a su pésima gestión, que en realidad es lo que han provocado los rescates y las intervenciones por el Banco de España, en buena parte, también por culpa de éste que, a pesar de su deber de ejercer la inspección y control sobre las Cajas de Ahorro, simplemente se ha limitado a hacer dejación de las mismas, mirando complacido hacia otro lado en anteriores mandatos. En fin, toda una cadena de vergonzosos escándalos que, entre unos y otros, han sido los que han provocado la actual crisis, con el lastre de tan descomunal déficit y grave incremento de deuda pública, a los que tendrán que seguir haciendo frente nuestros nietos. Es una verdadera pena y, así, no podemos seguir; o algunos sindicalistas y políticos caen de una vez por todas en la cuenta de sus graves irresponsabilidades, o el pueblo, que es sabio, terminará barriéndolos de calle. Ojalá que la nueva normativa sobre Cajas de Ahorros termine de una vez por todas con la politización de las once Cajas que creo quedan, tras las numerosas fusiones, absorciones, intervenciones y conversiones en Bancos, para que España no se hunda más.

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