El subteniente de la ULOG-23, José Manuel Ventosa, detenido tras agredir a su mujer a cuchilladas y lesionar a su hijo mayor cuando éste intentó proteger a su madre, tendrá que declarar hoy ante el magistrado del juzgado número 4, que instruye los casos de violencia de género. Lo hará tras cumplir el tiempo legal establecido en los calabozos de la Jefatura Superior y después de que se negara a prestar declaración ante los agentes. Con las pruebas en la mano (se ha intervenido un cuter, dos cuchillos -uno de ellos jamonero- y un destornillador), y contando con las testificales de los agredidos y del guardia civil que intervino para auxiliar a la pareja, la Policía Nacional ha vinculado al militar con dos delitos de homicidio en grado de tentativa además de otro de violencia de género, de los que deberá responder ante la justicia.
Mientras, en el Hospital Universitario, siguen ingresadas las víctimas. Se ha dispuesto protección policial hasta que ambos reciban el alta médica. La esposa, Yolanda Almagro, tiene lesiones en el cuello, tórax y costado, en donde recibió la puñalada. Mientras su hijo mayor tiene serias lesiones en las manos, debido a que sufrió cortes de tendones teniendo que ser intervenido quirúrgicamente. La rehabilitación posterior será complicada ya que el joven se cortó las manos al intentar frenar las cuchilladas que iban dirigidas a su progenitora.
El agresor fue atendido de las lesiones producidas por los golpes que le daban sus propios hijos. En el Hospital todavía tenían grabada su imagen. Y es que tan sólo una hora antes de cometer el ataque contra su propia familia, el subteniente había ingresado en el clínico tras ingerir abundantes pastillas. Fuentes del Hospital indican que su comportamiento no fue del todo correcto con quienes lo atendieron. Allí pidió el alta voluntaria y abandonó el lugar dirigiéndose hacia la vivienda que compartía con su todavía esposa en Patio Páramo, en donde cometería el brutal ataque.
La Policía cuenta ya con las declaraciones efectuadas por el guardia civil que intervino para detener al agresor así como con las testificales de quienes presenciaron y sufrieron el suceso.
“Lo que había venido a hacer ya está hecho”, dijo el agresor nada más abrir la puerta de la vivienda ante los gritos del agente de la Benemérita. Y es que este agente, que acudía a su trabajo y que reside en el mismo bloque que la familia, intentó empujar la puerta y entrar por la fuerza sin éxito. Desde fuera le gritó al agresor que abriera la puerta, escuchando, tal y como ha manifestado, los gritos de la mujer que se lamentaba diciendo: “Que nos matan, que nos matan”, ha indicado.
Lo curioso es que el propio agresor sería el que abrió la puerta al agente, completamente ensangrentado. Tras cometer la agresión y recalcar que había terminado su trabajo le dijo al agente: “Estoy muy mal” y se sentó en el rellano de la escalera. Ante el guardia civil confesaría que había cometido esta agresión.
Hasta el lugar llegaron guardias civiles y policías nacionales, además de las ambulancias del 061 encargadas de trasladar a los heridos hasta el Hospital, en donde permanecen ingresados.
La familia, tal y como ayer avanzó a este periódico, pide que la justicia actúe, temen que haya una persecución por parte del agresor y ponen por delante la ristra de amenazas y coacciones que han sufrido hasta la fecha.
El detenido tiene además interpuestas dos denuncias contra su mujer y su cuñada, acusándoles de lesiones y de intento de atropello. Hechos negados por las víctimas y que tendrán que someterse a juicio rápido en abril. Una orden de alejamiento incumplida El detenido no sólo ha incumplido la orden de alejamiento dictada por el juez, sino que además, antes de la agresión, intentó buscar un contacto con su todavía esposa a través de terceras personas. Algo que también había prohibido el juez del número 4. Esa tercera persona es un compañero del detenido que efectuó varias llamadas para intentar que existiera un acercamiento entre ambos. Violencia de género, en alza La cifra de muertas en 2011 va camino de igualar las de 2008, el peor año hasta ahora. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha elevado a 12 la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en España en lo que va de año, el peor dato registrado en el mismo periodo de tiempo desde 2007, cuando se computaban 13 víctimas, cifra que se alcanzaría en caso de confirmarse definitivamente el de Reus (Tarragona). En ese supuesto, en 2011 habría ya dos víctimas mortales más que en 2008, el peor año desde que se elaboran estadísticas. El delegado del Gobierno, Miguel Lorente, ha condenado ambos asesinatos y ha reiterado que la “solución requiere de la coordinación, esfuerzo y dedicación de todas las administraciones implicadas, así como de las familias, los entornos y la sociedad en su conjunto”. Lorente ha insistido en utilizar la ley y el rechazo social contra el maltrato. De los doce casos confirmados, sólo existía denuncia previa por malos tratos en uno. De las doce mujeres, nueve convivían con el asesino y ocho mantenían aún una relación de pareja con él. En cuatro casos, el asesinato se produjo cuando ya habían roto o se encontraban en fase de ruptura. “Esperamos que haya justicia” La familia de las víctimas quiere que se haga justicia y reclama públicamente que exista una protección ya que atesoran amenazas no sólo contra quienes han resultado heridos, sino también hacia el resto. Tienen miedo y recuerdan que el detenido, el subteniente de la ULOG-23, José Manuel Ventosa, tenía la prohibición de portar armas y aún y todo hizo uso de varias blancas. Como también tenía la prohibición de acercarse a su todavía pareja, y no sólo se acercó sino que intentó matarla ensañándose con ella asestándole varias cuchilladas. Lo que haga ahora la justicia será por la vía civil, ya que paralelamente el Ejército deberá adoptar sus medidas oportunas, iniciando el expediente para actuar en contra del detenido.
De entrada si el juez determina hoy su ingreso en prisión, el detenido no pasaría a la cárcel de Los Rosales, ya que al ser militar sería trasladado a otro centro penitenciario, posiblemente Madrid, sometiéndose a otro régimen y protocolo.
La familia solicitará públicamente al juez que adopte las medidas oportunas para garantizar la seguridad de todos sus miembros, debido al empecinamiento mostrado por el agresor por atacar a los ahora heridos. Cuenta la Policía con las declaraciones de quien han sido víctimas de las cuchilladas y también del hijo menor, que fue quien escapó a casa de una vecina para pedir ayuda. Todavía ayer los más cercanos recordaban todo lo ocurrido como “una película”, apuntaba un vecino.