Así lo afirmó ayer la magistrada de la Sala de lo Militar del Supremo, Clara Martínez de Careaga, si bien reconoció que no es una jurisdicción “fotogénica”
Mientras que en algunos países de nuestro entorno integraron en la justicia ordinaria la jurisdicción militar, salvo los casos como Italia en los que esta integración fue parcial, en España aún pervive hoy la jurisdicción militar con sus especialidades, pero sin caminar en paralelo al resto. De hecho, “la pervivencia es posible y deseable”, afirmó ayer la magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, Clara Martínez de Careaga, durante su intervención en las VIII Jornadas Jurídicas en la que explicó el anclaje constitucional que tiene la jurisdicción militar.
Martínez de Careaga sostuvo que en el caso español esta jurisdicción puede convivir “de manera natural” con el resto de jurisdicciones sin que esté condenado a desaparecer como ocurrió, por ejemplo, en Francia. Y, de hecho, así convive Lo Militar porque su especialidad, hoy día no viene dada por ser o no, que no lo es, una jurisdicción al margen del resto, sino por la especialidad y singularidad de la materia que trata, esto es, el ámbito castrense.
La magistrada indicó que desde el año 1987 se materializó ese principio de unidad jurisdiccional y Lo Militar se integró como el resto de jurisdicciones Civil, Penal, Contencioso y Social. Además, la Sala V del Supremo está integrada por un presidente y siete magistrados. Cuatro son jueces de carrera y otros cuatro proceden del ámbito militar sin que ello suponga que se trate de un tribunal mixto.
Además, poco a poco la jurisdicción militar ha ido evolucionando y se han introducido algunas reformas y más recientemente el nuevo Código Penal Militar que establece los nombramientos desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y deja atrás las ternas que eran propuestas desde el Ministerio de Defensa, indicó.
Sobre la misma reforma del Código Penal Militar, Martínez de Careaga destacó que se ciñe a los asuntos estrictamente militares. Pero no ha sido éste el único cambio en el ámbito castrense. Su evolución desde 1978, remarcó la magistrada, ha sido “tranquila, respetando las garantías, de manera natural”. Por ello, opinó que la histórica desconfianza hacia la jurisdicción militar bien por una falta de independencia o bien por una excesiva docilidad están “ya diluidas”.
Además, remarcó el hecho de que las propias Fuerzas Armadas se han ido adaptando a los tiempos como han sido la participación en misiones internacionales, la creación de la Unidad Militar de Emergencias o la reforma militar que reorganizó territorialmente al Ejército. Un proceso de modernización que también ha traído consigo la tipificación de nuevas figuras delictivas recogidas en el nuevo Código Penal Militar. Las causas de la supervivencia
La magistrada de la Sala de lo Militar hizo una breve, pero clarificadora reseña histórica sobre las causas que propiciaron la supervivencia de la jurisdicción militar más allá de 1978 y la Transición Española. Martínez de Careaga indicó que esta supervivencia se debió, por una parte, por los “vaivenes políticos”. Además, la jurisdicción militar fue perdiendo prestigio por hechos destacados durante las guerras carlistas, la época de las colonias españolas y la dictadura de Primo de Rivera que lo utilizó para sofocar movimientos independentistas y obreros, como también ocurrió durante la dictadura franquista.
Así las cosas, la pérdida de prestigio, el uso y el abuso, la falta de independencia fueron deteriorando el sistema sin que el debate sobre la supervivencia de esta jurisdicción se abordara, no obstante, en la Transición porque “podía ser motivo de desestabilización”.
Además, el estamento militar estaba directamente afectado por el terrorismo y no fue plato de buen gusto la legalización del partido comunista y el regreso de los exiliados. Había pues, indicó Martínez de Careaga, un clima de “miedo” a tramas golpistas y era fundado en tanto se detectó una trama en 1980 en la ‘Operación Galaxia’, el 23-F en 1981 y otra trama abortada en 1982, recordó. Por todo ello, se optó por mantener la jurisdicción militar e incluirla en la Carta Magna.