Primer punto del orden del día del pleno de mañana y primer punto polémico. La propuesta del área de Fomento relativa a la aprobación del reglamento regulador de las cédulas de habitabilidad, que ha sido consensuada con Caballas tras una petición de este partido, podrá dar pie al primer gran enfrentamiento entre administraciones. De aprobarse dicha propuesta, la Delegación del Gobierno llevará el caso ante el Juzgado de lo Contencioso, toda vez que, en base a la alegación presentada por los servicios jurídicos, considera que la legalización de viviendas irregulares es inviable.
La idea de Fomento, en base al nuevo texto adaptado por la consejera del Área, Susana Román, es la de adaptar la normativa vigente a “las singularidades” del Parque de Viviendas de Ceuta, esto es, a la existencia de casas “construidas sin licencia previa de obras, susceptibles de legalización o no; que se encuentran fuera de ordenación; y cuya existencia carece de control técnico, administrativo o registral” pero cuyos moradores “requieren de determinados suministros básicos respetando la legislación urbanística vigente”.
Esto viene a significar que habrá ceutíes que ocupan viviendas al margen de la ley pero que podrán disponer de servicios básicos como la luz y el agua. La Ciudad deja claro en el texto que solo podrán beneficiarse de este extremo aquellas viviendas irregulares que ya estén construidas, que reúnan unas “condiciones mínimas de habitabilidad” y sobre las que no se pueda aplicar “acción de restablecimiento de legalidad urbanística” alguna de inmediato. Mientras se resuelve el proceso de legalización, se permitirá que dispongan de esos suministros, solo con “carácter excepcional” hasta tanto se apruebe el instrumento de desarrollo de planeamiento urbanístico que le sea de aplicación y en todo caso con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La propuesta de Caballas, arropada por los populares, nace con la oposición de la plaza de los Reyes y de la Asociación de Promotores quienes, ya la semana pasada, se mostraban contrarios a la propuesta.
Con la alegación presentada por la administración central se advierte de que la regularización de esos suministros básicos “no parece posible”, acusando a la Ciudad de inmiscuirse en una competencia estatal (el Planeamiento Urbanístico), recomendando a la institución municipal a que se centre en “detectar, corregir y, en su caso, sancionar” a los propietarios de viviendas sin licencia para no “consolidar su situación”.
Los promotores inmobiliarios lamentan el “agravio comparativo con quien, asumiendo el máximo esfuerzo de ahorro y restricciones en la renta disponible, adquiere una vivienda ‘legal”.
Tras el debate plenario de mañana vendrá la noticia quizá más relevante: que ambas administraciones terminen en el Contencioso.
