La ONU dice que debe ofrecerse más trabajo a los discapacitados

El Gobierno de España debe trabajar más para aplicar de manera efectiva y real la legislación relativa a promover los derechos de las personas discapacitadas. Así lo han manifestado desde el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano reunido en Ginebra para abordar la situación en España, que en 2008 ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre este tema. Asociaciones de discapacitados acusan al Gobierno español de no aplicar la Convención, pese a su ratificación e incorporación al ordenamiento jurídico español.
En Ceuta, organizaciones como el CERMI han defendido siempre la necesidad de ejercer una inclusión real del colectivo con la incorporación de estas personas de una manera efectiva al mundo laboral.  
El número de contratos realizados a personas con discapacidad en Ceuta durante 2010 asciende a
545, marcando una tasa de contratación del colectivo del 2,66%, una de las más altas de España, tan sólo superada por Melilla (5,01%) y Asturias (2,99%). Estos datos se desprenden de un estudio llevado a cabo por el equipo de trabajo ceutí del Servicio Público de Empleo Estatal que dice entre otras cosas que la tasa nacional de contratación de las personas con discapacidad asciende al 1,05%.
El 60,18% de los contratos son ocupados por mujeres, que han aumentado la contratación con respecto al año anterior un 10,44%; por el contrario, los hombres con algún tipo de discapacidad han visto disminuidos sus contratos en un 8,05%. En general, los contratos a personas discapacitadas han aumentado un 2,25% con respecto a 2009.
Por su parte, en el estudio llevado a cabo por el CERMI sobre la situación actual y las necesidades, recursos y redes de apoyo a los discapacitados en Ceuta, destacan la importancia de los planes de empleo como una de las pocas salidas al empleo de este colectivo, que en la ciudad alcanzó una tasa de actividad el pasado año de un 13,8 por ciento en 2008.
La ONU, insiste en que España debe atender a medidas como la de la obligación de que las empresas de más de 50 empleados empleen a un 2% de discapacitados y que aseguran que no se cumple en muchas de ellas. Las entidades que trabajan con el colectivo aseguran que queda mucho trabajo por hacer en este sentido pero que no tirarán la toalla para lograr que la discriminación deje de ser una característica cotidiana.