La ocupación irregular de una de las 317 VPO, el primer caso de “presunto fraude”

• Hachuel confirma el resultado de la inspección de Emvicesa en las casas de Loma Colmenar

El portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, ha sido claro a la hora de calificar la ocupación irregular detectada por parte de Emvicesa y que ya fue adelantada por este periódico en una de las 317 VPO de Loma Colmenar. “Es un presunto fraude”, sentenció en declaraciones a los periodistas, independientemente de que se demuestre si ha habido cobro de por medio o no. Se refiere al caso de un adjudicatario al que le tocó una de las casas que no reside en ella, sino que en el transcurso de una inspección se ha comprobado que la habita otra familia.

“Ha habido un presunto fraude. Una familia, demandante de vivienda, que ha pasado todos los filtros... que después le dé la vivienda a otro, con contraprestación económica o no, es un fraude. Si no la necesitaba, lo honesto era decirlo, no dárselo a otros. Si ha habido contraprestación económica, no me atrevo a calificar el hecho”, matizó.

De momento lo que ha hecho la Ciudad es iniciar un expediente por una triple vía: la resolución de contrato, otro sancionador administrativo y un tercero de desahucio del inquilino; pasos sometidos al periodo que se estime de alegaciones que podrá presentar el adjudicatario.

La Empresa Municipal de la Vivienda, de la Consejería de Fomento, seguirá prolongando en el tiempo las inspecciones aleatorias que tienen como cometido verificar que es el adjudicatario quien ocupa la casa y no otro inquilino, ya que ir contra ésto puede suponer la pérdida de la vivienda. Estos controles, en las que los funcionarios de Emvicesa van acompañados por la Policía Local,se iniciaron con la entrega de las viviendas y continuarán sine die, actuando la Administración en cuanto se detecte la más mínima irregularidad. Por otra parte, aproximadamente un centenar de vecinos de esta promoción han solicitado a la Consejería de Fomento autorización para la ejecución de obras menores, “y es bueno porque significa que los inquilinos están concienciados de que hay que solicitar los permisos correspondientes antes de ejecutar reformas”, ha subrayado el portavoz.

Las viviendas de esta promoción pública, adjudicadas de acuerdo con las bases establecidas por la Comisión Local del área, en la que participan todos los grupos políticos de la Asamblea, y el Reglamento regulador de las adjudicaciones en materia de vivienda, están sujetas a las prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de Viviendas Protegidas recogido en el Real Decreto 2.066/2008 de 12 de diciembre, el Reglamento de desarrollo del Plan de Vivienda 2009-2012 y la Ley de Arrendamientos Urbanos.