La multa

Se informaba el pasado 10 de septiembre de que las navieras Balearia, Trasmediterránea-Acciona y FRS habían sido sancionadas por la Comisión Nacional de la Competencia con una multa de 3,8 millones de euros (2 millones para Trasmediterránea, 1,3 millones para Balearia y medio millón para FRS). La causa estaba en la denuncia realizada por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre el pacto de precios que hicieron durante los períodos vacacionales de los años 2008 y 2009. Evidentemente, la multa ha sido recurrida y, finalmente, lo más seguro es que no se pague, como ha ocurrido en otras ocasiones.
De forma casi simultánea a esta noticia, se producía otra, cuatro días después, en la que se daba cuenta de un informe, por ahora "secreto", de  Marina Mercante, en el que, tras realizar un estudio de costes fijos y variables, y analizar la evolución de los pasajeros en la línea Ceuta-Algeciras, se estimaba que era factible una reducción de las tarifas. A tenor del tiempo transcurrido desde que el verano pasado se "dieron cuenta" de que la naviera adjudicataria de la línea de interés público aplicaba tarifas por encima de las recogidas en el pliego de condiciones, supongo yo que estará siendo un estudio complicadísimo, pues aún está, nos cuentan, en su fase preliminar. Pero ya está casi terminado. Muy pronto se podrá mejorar un servicio, que tanto malestar causa a los ceutíes, y tanto dinero está costando a las navieras en multas, según las palabras pronunciadas por alguno de los responsables políticos participantes, aunque, eso sí, en tono muy solemne y sin muestra de rubor alguno.
Días atrás me decía un parado ceutí que creía que los políticos le engañaban. Yo asentí y le expliqué lo que pensaba al respecto. Efectivamente, el político, salvo honrosas excepciones, miente siempre. Y lo hace porque desde que Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe, la mentira adquirió carta de naturaleza en esa profesión. Es algo consustancial a su condición. Es más, al político que no miente y es honrado, no sé por qué causa, la gente deja de votarle. Por supuesto, me estoy refiriendo a los profesionales de la política. A los que viven de esto. No a los que se dedican al noble arte de la política, en el sentido de servicio a la sociedad, que es como la entendían los griegos.
Hace ahora cuatro años, exactamente el 8 de noviembre de 2006, coincidiendo con una manifestación de protesta contra los precios de los barcos, escribí un artículo titulado "La política de precios de las navieras del Estrecho", en el que denunciaba la práctica oligopolista de esas compañías a la hora de fijar sus precios, el trato degradante que a veces sufrían los pasajeros, o los malos servicios que se daban. También explicaba que la causa de ese comportamiento estaba en que éramos una clientela cautiva, pues no teníamos otra posibilidad de viajar si no era utilizando sus servicios. Lógicamente, en esas circunstancias sale más rentable el oligopolio que la competencia. Por esto, en los manuales de teoría económica ya se explicaba hace tiempo que hay bienes públicos que no deben privatizarse, ni someterse, sin más, a las reglas de la competencia. La multa impuesta, precisamente por no respetar esas reglas de la competencia, que en su día justificaron la privatización de esta línea de interés público, avala estas teorías, que conocen perfectamente los técnicos que asesoran a los políticos.  
En un estudio del profesor García-Parada Arias, se muestra que el precio que estamos pagando por kilómetro de travesía en la línea Ceuta-Algeciras es casi idéntico al que se paga por cada kilómetro en el helicóptero Ceuta-Málaga (1,32 euros frente a 1,41). Pero con una notable diferencia. No es comparable el coste medio por viajero en ambos medios de transporte. Ni tampoco el número de pasajeros a partir del cual las compañías empiezan a obtener beneficios. Un dato. En el año 2009 viajaron en barco en la línea Ceuta-Algeciras un total de casi dos millones y medio de personas, y se transportaron más de doscientos mil vehículos. Con solo hacer una sencilla operación aritmética y multiplicar el precio medio del viaje por ese número de pasajeros y de vehículos, nos podremos hacer una idea de la astronómica cifra de ingresos que tienen las navieras al año. Y ello sin contar los beneficios que obtienen por otros servicios. Nada que ver con el helicóptero. En estas circunstancias es fácil comprender la escasa preocupación que tienen los consejos de administración de las navieras con estas multas y con las periódicas reuniones de grupos de "notables" de Ceuta para amenazarles con bajar las tarifas. Son estas empresas las que tienen la "sartén por el mango", por decisión del poder político.
¿Soluciones?. Muchas. La primera, romper el maridaje entre determinados grupos políticos y algunos consejos de administración. Misión imposible, pues se les acabaría el "colchón", a unos y a otros, para recolocar a sus respectivos incompetentes. La segunda, retomar el control público de la línea del Estrecho. Pero esto, desde que Milton Friedman adoctrinó a las legiones de asesores económicos de los políticos actuales, de uno y otro signo, ni siquiera se puede plantear, salvo que te arriesgues a que te tachen de antiguo. Así que, dada nuestra pasividad, y en aras de la "modernidad", creo que nos toca aguantar. Porque aquí lo único que se va a rebajar, si no ponemos remedio, van a ser los sueldos y las pensiones de los currantes, gracias a que Zapatero, por fin, ha comprendido los secretos de la ciencia económica. Esta es la realidad.