Hay quienes se empeñan en despreciar a la clase judicial. Porque considerar que pueden verse influidos por algo más allá de las leyes es eso, despreciarlo, cuestionar su independencia, tildarlos de seres fácilmente manejables por lo que uno opine, diga, escriba o difunda. Que esto ocurra a estas alturas resulta no solo esperpéntico sino preocupante. Más aún cuando las malas consejeras llegan de aquellos que deben conocer muy bien (o deberían) que la maquinaria judicial sigue su curso, que los magistrados y magistradas debaten mucho más allá de un titular de periódico, que siguen las pautas que deben para una buena instrucción sin dejarse influir por ‘rabietas’ al estilo ‘Sálvame Deluxe’ con aprendices de paparazzi frustrados en acción.
La instrucción del ‘caso Emvicesa’ va avanzando, se trabaja más de lo que se conoce, se actúa más de lo que se publica, se sospecha más de lo que puede llegar a demostrarse. Es un encaje de bolillos en donde las presiones y los nervios de unos pocos no constituyen más que la ‘anécdota’ para quienes buscan su momento mediático. Son muchos más los que buscan la claridad, la transparencia, el conocimiento absoluto de lo que estaba sucediendo con una política de vivienda que no funcionaba como debía en la adjudicación de las casas. El folclore está bien para quienes quieren jugar al despiste (es hasta lícito, no deja de ser un arma válida que asoma en cualquier procedimiento judicial de peso), pero la única clave en todo este proceso que debe interesar es la de esclarecer qué pasó, cómo se adjudicaban las casas, qué negocio se había montado y quiénes eran los responsables. Y a esas respuestas se llegan dejando trabajar a jueces, fiscales y policías. Tenemos buenos profesionales, aunque siempre quedan abiertas las rendijas para los amantes de generar turbulencias, por eso de que algo queda