El ministro de Hacienda, señor Montoro, lleva algún tiempo amagando con hacer pública una lista de morosos y defraudadores al Fisco, pero no termina el hombre de darla y dice que lo mismo para abril. ¡Para abril! Se ve que al señor Montoro no le corre mucha prisa, o que, como presumen los malpensados que suelen pensar con gran acierto en éstas cuestiones, se trata de una lista, además de larga, caliente, que acaso a algunos convendría expurgar, reelaborar un poco, para que la ciudadanía no terminara de mandar a la casta político-financiera a tomar por donde amargan los pepinos. Muchas grandes fortunas, grandes empresas, grandes corporaciones, incluso algún que otro "grande" de España, tendrían en esa lista, presumiblemente, un sitial de honor.
Pero en tanto el señor Montoro elabora, reelabora o pergeña esa lista, uno no tiene inconveniente en sugerirle un par de ideas por si le pueden ser de alguna utilidad: pregunte a Hervé Falciani, el banquero italo-suizo arrepentido, que por desvelar una lista parecida, sólo que internacional, a lo bestia, ¡casi 3.000 nombres!, la justicia suiza, por llamarla de algún modo, le quiere colgar de los pulgares. Lo tenemos aquí, en España, en libertad condicional gracias al informe favorable de la fiscalía de la Audiencia, y es dueño de ese secreto que no lo es, en realidad, para ningún gobierno ni para ninguna Hacienda. Entre esos 3.000 nombres de defraudadores, evasores y chorizos de alto copete habría, aunque se ha desmentido en varias ocasiones, algunos, unos doscientos y pico, de rancia raigambre hispana, con lo que, de ser así, ya tendría el señor Montoro material para ir empezando su lista.
Pero otra cosa que puede hacer el señor Montoro es, en vez de publicar la lista, entregársela directamente a un Juez o a la Policía, a fin de que, sin dilaciones que pudieran borrar pruebas, inicien sus pesquisas para comprobar si, en efecto, los del estadillo estafan a sus compatriotas por el procedimiento de evadir capitales, llevárselos a paraísos fiscales, eludir tramposamente los impuestos o, sin más, no pagar lo que les corresponde porque tienen bula y no les da la gana. A la Justicia, caso de que la hubiera, le interesaría muchísimo esa lista que el resto de los mortales, pese a no estar publicada ni conocerla por menudo, nos imaginamos perfectamente.
