La Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen varias investigaciones abiertas en torno a crímenes y sucesos violentos registrados en los últimos meses en Ceuta. Investigaciones que no han podido ser finalizadas porque falta lo principal: detener a los presuntos implicados. Una línea, la que dibuja la frontera del Tarajal, se convierte en el gran obstáculo. Las fugas de los delincuentes a Marruecos (también a la inversa cuando se trata de delitos cometidos en el vecino país) están a la orden del día. Tal es así que lo primero que hacen las fuerzas de seguridad cuando se tiene constancia de un hecho violento es avisar a la frontera para evitar esas escapadas.
No siempre se consigue. El reloj juega en contra de los investigadores imposibilitando la práctica de detenciones, más aún cuando los implicados cuentan con apoyo.
La semana pasada la hija del peluquero Juan de la Peña, asesinado en su local del centro, iniciaba una recogida de firmas a través de change.org precisamente para instar a las autoridades a que no se olviden de hacer justicia, para que el crimen de su padre no se olvide. Los dos presuntos autores de los hechos están en Marruecos. Fueron identificados a las pocas horas de conocerse lo ocurrido, pero el hecho de que la muerte violenta se hubiera producido bastantes horas antes de su hallazgo jugó en contra de la Policía. Para cuando se supo quiénes eran los implicados, éstos habían cruzado al otro lado. La frontera se convirtió, de nuevo, en su línea protectora, como tantas otras veces ha sucedido con delitos de diverso tipo. Hace un par de meses, una vecina de Hadú era atropellada cuando cruzaba un paso de peatones. El autor del atropello escapó, dejándola malherida en la carretera. Hoy, plenamente identificado, la Policía no ha podido detenerle. Se sospecha que está en Marruecos.
A la inversa el panorama no varía. Las autoridades marroquíes se han quejado a las españolas acusando de utilizar Ceuta como una especie de paraíso para la ocultación de delincuentes. Marruecos ha llegado a tener identificados y con orden de busca y captura a individuos a los que acusaba de prácticas terroristas, señalando tener constancia de que estaban ocultándose en barriadas de la ciudad. Nada se pudo hacer más allá de que las autoridades españolas tuvieran conocimiento de lo que sus colegas investigaban al otro lado.
Ni tan siquiera funcionan como debieran las comisiones rogatorias que en el ámbito judicial se piden entre uno y otro país. Los juzgados de Ceuta solicitaron información sobre las muertes de los subsaharianos fallecidos el 6-F en su intento de bordear el espigón del Tarajal. Solicitaban de forma oficial los resultados de las autopsias, nunca llegaron.
Idéntica situación se repitió con la muerte, denunciada y judicializada en Ceuta, de un porteador en pleno perímetro fronterizo. Recibió un disparo. Su cuerpo fue hallado al otro lado de la valla. Marruecos nunca atendió la comisión rogatoria cursada por los juzgados españoles.
La espiral sin salida es de tal gravedad que muchos delincuentes se han servido de la protección fronteriza para burlar la acción policial pero también la judicial, cruzando al otro lado tras ser conocedores de sentencias en su contra. La retirada del pasaporte es el medio en el que se sostiene la justicia para evitar la fuga de imputados. Una medida que choca directamente con la propia arquitectura de un espacio fronterizo en el que las salidas a Marruecos obtienen un control escaso.
El pasado mes la propia Delegación del Gobierno anunciaba medios e inversiones para dotar de mayor seguridad a Tarajal. Hoy por hoy ésta hace aguas convirtiéndose en un bálsamo para quien se mueve al margen de la ley.