El PSOE se opuso a esta fórmula en la comisión informativa y señala que es mejor la oposición.
Terminaron todas las consultas que durante los últimos meses ha estado llevando el equipo de gobierno, en relación con la reforma de los reglamentos de la Policía Local y del SEIS (Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento) para que los dos máximos responsables de estos organismos puedan ser nombrados por la fórmula de libre designación.
En la mañana de ayer tuvo lugar una comisión informativa de Presidencia, Gobernación y Empleo, presidida por Jacob Hachuel, donde se presentaron las reformas de ambos reglamentos, después de que en las últimas semanas hubieran pasado por la preceptiva mesa de negociación, de manera qe fuera conocido por los sindicatos con representación en el Ayuntamiento estos cambios que se iban a introducir.
A pesar de la oposición del PSOE a esta fórmula, defendiendo mejor la oposición, lo cierto es que el Gobierno aprobará estos cambios en los Reglamentos en el próximo pleno ordinario del mes de febrero y a continuación estará en exposición pública durante un mes, teniendo como es lógico que regresar nuevamente a otra sesión plenaria para el visto bueno definitivo.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández, mantuvo un “choque frontal” contra el Gobierno del Partido Popular. El socialista considera que “el puesto de jefe, del que dependen más de 400 miembros de ambos cuerpos y se caracteriza por la especialización, es de funcionario de oposición, de responsabilidad y, en ningún momento, de confianza”.
Para Hernández, “la ley es clarísima; la libre designación debe venir recogida en la regulación de acceso a los puestos públicos en la RPT, concretándose qué plazas serán a concurso y cuáles a libre designación, además de que la provisión de puestos de trabajo para ambas modalidades requiere de convocatoria pública”.
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas de reforma de la función pública regula el concurso y la libre designación, mientras que el Real Decreto 364/95 desarrolla la Ley, por lo que el portavoz indica que “hay que someterse plenamente al art.103 de la Constitución”, y asevera que “esta Administración tiene la obligación legal de tener una RPT desde 1984”.
