La ley, entendida como la expresión jurídica de la voluntad mayoritaria de una comunidad, constituye la piedra angular del sistema democrático. “La ley es igual para todos, y no hay nadie que pueda quedar al margen de ella”. Esta sentencia, repetida hasta la saciedad, resume de un modo claro y sencillo las pautas de comportamiento individual y colectivo que informan las constituciones de las democracias más avanzadas. Y sin embargo, no hay mayor mentira. Es la falacia por excelencia. La ley es, de hecho, un potentísimo instrumento en manos del poder, utilizado de manera inmisericorde contra los sectores más vulnerables de la sociedad, para proteger los intereses de las élites. Se ha convertido en una inteligente artimaña para revestir de legitimidad las decisiones arbitrarias e injustas de quienes gobiernan las instituciones al servicio de lo que ahora llaman eufemísticamente “los mercados”. La aplicación impunemente discriminatoria de las normas, las vacía por completo de contenido. Ya no cumplen su función de igualar derechos y obligaciones, orientados a la consecución del bien común; actúan precisamente en dirección opuesta, materializando la mayor de las injusticias posibles: aquella que se comete en nombre de todos.
Lo que sucede en la “Ceuta del PP” es un claro ejemplo de esta perversión democrática. La derecha, confiada en la sólida perennidad de su dominio, se comporta con absoluto desprecio al más elemental sentido de la justicia. Duro e intransigente con la gentes humilde; pero servil y sumiso con los poderosos. Están resquebrajando consciente y deliberadamente los cimientos de la democracia.
Ceuta es un terreno muy propicio para este tipo de prácticas. Desde hace mucho tiempo, la realidad ha ido por delante de la ley, ocasionando un desfase que por momentos se antoja irrecuperable. Vivimos en un consentido (cuando no auspiciado) “limbo” jurídico. En cualquiera de los ámbitos que queramos analizar, nos encontraremos con disposiciones legales de imposible cumplimiento; lo que obliga a hacer un permanente ejercicio de “flexibilización” en la aplicación de la norma para mantener “la ciudad en pié”. Y es esta “legitimidad moral del incumplimiento” la que desbarata el principio de legalidad y proporciona una coartada perfecta para la arbitrariedad que, según la lógica de la derecha, siempre encuentra las mismas víctimas. No es una hipótesis. Basta con observar objetivamente nuestra realidad.
En Ceuta existen aproximadamente mil familias (probablemente más) a las que el ayuntamiento les impide, por aplicación de la ley, contratar el suministro de energía eléctrica. Ciudadanos y ciudadanas españoles, que residen en Ceuta desde siempre, que conviven con nosotros, estudian, trabajan o buscan trabajo, pasean, ríen, lloran, pagan sus contribuciones, consumen… pero a los no se les puede autorizar que tengan luz en su casa… porque lo “dice la ley”. Sus viviendas están “fuera de ordenación”, entre otros motivos porque la ordenación es caótica y obsoleta, como consecuencia de una policía nefasta radicalmente contraria a los intereses de Ceuta. El Gobierno se muestra autoritario e inflexible. No se puede tolerar que estas familias puedan encender una bombilla… porque así lo establecen las normas, alegan con sarcástica solemnidad. Gente humilde sobre la que cae todo el peso de la ley aunque todo el mundo entienda que estamos ante una injusticia gratuita (¿a quién podría molestar que estas personas tuvieran su contrato de luz en orden, en lugar de tener que trampear el suministro?)
Pero vayamos, por un momento, al lado opuesto. Allí donde habitan los amigos el poder. En el centro de nuestra Ciudad, en el recinto portuario, se yergue con arrogancia la instalación de la empresa generadora de energía eléctrica ENDESA, vomitando un humo negro y denso que se expande por el are hasta impactar en las viviendas colindantes. La ley prohíbe taxativamente que este tipo de instalaciones se puedan ubicar en lugares como éste por su proximidad a núcleos poblacionales. Tan es así que el propio ayuntamiento, blandiendo esta normativa, denegó la implantación de una planta de biodiesel a pocos metros de distancia. El Gobierno debería obligar a ENDESA a buscar un emplazamiento alternativo (donde no vivan personas, tal y como establece la ley) para construir una nueva instalación más moderna (para reducir los niveles de contaminación). Sin embargo, no es así. La empresa no quiere acometer esta inversión porque dice que es muy costosa; y el Gobierno se muestra “comprensivo” y complaciente con el gigante empresarial para proteger sus abultados beneficios. No importa que vulneren la legalidad. No importa que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos.
Esta es la forma en la que la derecha ceutí concibe la democracia. La ley aplicada (o no) a medida del poder. Repugnancia en estado puro.