Ceuta o la ‘dulce prisión’. Así es como la oenegé APDH denomina en su informe sobre la inmigración a la ciudad autónoma. Lo hace con motivo de la publicación del documento sobre derechos humanos en la frontera sur, en el que dedica un capítulo destacado a la situación migratoria en Ceuta y Melilla, y que ya fue avanzado en la edición de este medio ayer. Ambas son consideradas como un “limbo legal y vital” en el que quedan atrapados los inmigrantes cuando llegan a las consideradas frontera sur de Europa. APDH se detiene en el desgaste que para los inmigrantes supone el permanecer un tiempo no esperado en los centros de estancia temporal. “Es un desgaste no físico pero sí psicológico. Es fácil reconocer en esta situación cómo el inmigrante comienza a tener la sensación de que se le cierran las puertas y de que su vida se va gastando sin ninguna posibilidad de avanzar en su proyecto de futuro a todos los niveles: laboral, legal, económico, de seguridad. Esta tortura psicológica a la que los inmigrantes son sometidos, el estrés de no saber cuándo podrían ser repatriados, les va deteriorando poco a poco, hasta el punto de sufrir enfermedades. Esta situación psicológicamente precaria puede hacer que a veces algunos terminen deseando la muerte antes que seguir así”, expone la asociación en su informe. En torno a esta situación se han posicionado, además de APDH, otras oenegés. E incluso, más allá del plano puramente social, el propio Defensor del Pueblo en su informe anual ha hecho hincapié en la necesidad de acortar los plazos de estancia en los centros para evitar, precisamente, esos daños psicológicos en los sin papeles.
Las salidas llevadas a cabo este año y, sobre todo, las que se organizaron en el pasado, han permitido que la estancia en el centro de estancia temporal sea menor, acortando e incluso eliminando la presencia de grupos que lleven más de tres años en Ceuta. Precisamente esa fatiga psicológica que, tal y como expone APDH, padecen los inmigrantes ha dado lugar a otros intentos de escapada como los que se han llevado a cabo dentro de los camiones de basura. Este hecho también es expuesto por la oenegé que alude a la desesperación existente entre los colectivos que pretenden así salir antes de tiempo y no esperar años hasta que se organice su salida a la península. Cita además casos concretos de inmigrantes que han optado por movilizarse y protestar, incluyendo en este apartado al colectivo de cameruneses que el pasado verano pidió a cartonazos salir de la ciudad, tras llegar engañados por las mafias que los movilizaban y controlaban bajo falsas promesas en torno a las tarjetas amarillas. Una mirada a lo sucedido en septiembre de 2005 En este informe que hace alusión a los diez años de inmigración clandestina -analizando los hechos desde 2001 a 2011-, APDH menciona explícitamente lo ocurrido en septiembre de 2005 con los llamados asaltos a la valla. “Marruecos, como parte de su cooperación con la Unión Europea en materia de lucha contra la inmigración y de acuerdo con el convenio de asociación en vigor desde 2000, fue paulatinamente cerrando sus fronteras terrestre y marítima. El papel de Marruecos como gendarme al servicio de la Unión Europea llegó a su máxima expresión en septiembre 2005. Mientras estaban escalando la frontera entre Marruecos y los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, al menos 14 personas fueron muertas por disparos”, apunta. “Las autoridades de cada uno de los dos países
hicieron recaer la culpa sobre el otro, pero seis años después, todavía no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre aquellos hechos”, añade. Para la oenegé hubiera sido necesaria una investigación que aclarara lo que ocurrió aquella madrugada del 29 septiembre. Los muertos quedaron al otro lado de la frontera y Marruecos nunca dio a conocer el contenido de las investigaciones que supuestamente habían llevado a cabo. Tampoco hubo sanciones para los agentes que participaron aquella noche. ¿Otros centros de internamiento?
¿Qué son los CETI de Ceuta y Melilla?, ¿centros de retención o de estancia temporal?, ¿en dónde quedó esa temporalidad? Estas son cuestiones analizadas en el informe de APDH que pretende hacer hincapié en el sentido migratorio que tienen las hermanas. “Ceuta y Melilla representan un caso muy particular con relación al fenómeno migratorio: son lugares donde se ‘experimentan’ y se pueden ver de forma casi inmediata los efectos y repercusiones de las políticas de gestión de la migración desde África por parte de la Unión Europea y de España”, advierte la oenegé.
Esos ‘experimentos’ dan lugar a las auténticas realidades que se viven en ambos centros. Ceuta y Melilla, convertidas desde hace años en gendarmes de Europa, se convierten en “medidores sensibles de los cambios en las políticas migratorias. Resulta más que importante para las personas que defendemos los derechos humanos analizar los tipos de control que se ponen en marcha, los confinamientos y las expulsiones así como sus consecuencias en sufrimiento humano para las personas que las padecen”, indican.
“Como se sabe, ambas ciudades autónomas no pertenecen al territorio Schengen, lo que impide a las personas migrantes que acceden a ellas continuar su desplazamiento por el resto del territorio español y Europa”, apostilla. Una situación que da lugar al cumplimiento de normativas específicas para ambas ciudades, que da lugar a situaciones convulsas como las acontecidas el pasado verano con los intentos de salida de portadores de las tarjetas amarillas.
“Las dos ciudades, tradicional objeto de agrios y profundos desencuentros geopolíticos, se convirtieron en los únicos fragmentos territoriales de la UE en el continente africano. Pero esta pertenencia no se extendió al Tratado de Schengen, firmado en 1985 y al que se adhiere España en 1991, que garantiza la libertad de circulación en el interior de las fronteras europeas. La no pertenencia de Ceuta y Melilla al espacio Schengen tiene otra consecuencia: la libertad de circulación interna lleva aparejada el mayor control y el fortalecimiento de las fronteras exteriores. Así que en Ceuta y Melilla coexisten dos fronteras separadas por apenas unos kilómetros: las de España y la UE con Marruecos y las del espacio Schengen con la península y el resto de Europa”, indican.
Para la oenegé, tanto Ceuta como Melilla se han convertido en una especie de “tierra de nadie”, con “un régimen especial donde las leyes se aplican según las necesidades de la política de control migratorio y no según las necesidades y derechos de las personas más vulnerables”. La oenegé cuestiona el papel que se otorga a los centros de acogida, convertidos en centros de retención, un “limbo legal donde miles de personas son retenidas contra su voluntad”, apostillan.
Una consecuencia más de la externalización de fronteras practicada por la UE son las muertes de inmigrantes ocurridas, además de la existencia de “cientos de familias subsaharianas esposadas en autobuses con destino al destierro y la muerte segura en el desierto”.
Señala APDH que los intentos de entrada son ahora más dramáticos. “La Guardia Civil constató un repunte de entradas desde estos incidentes”, indica, en relación a las entradas en 2005, “y también que desde esa fecha las autoridades marroquíes rechazaban por sistema a los indocumentados que España intentaba devolver. Por parte de las autoridades españolas, se ha limitado en extremo el traslado de personas a la península y se han sistematizado los métodos de detención-expulsión. La consecuencia es mayor sufrimiento, mayor riesgo, mayor desembolso económico, y más indefensión ante las mafias y las redes de trata de personas; en definitiva, se ha generado una violencia silenciosa, creciente e inhumana. Más muerte a cambio de un aparente poder disuasorio. Ceuta y Melilla ya nos son puertas fáciles de franquear para dirigirse a Europa: ahora son lugares de retención de inmigrantes por todo el tiempo que sea necesario para poder materializar la expulsión a través de acuerdos de devolución con sus países de origen”, denuncian. “A partir del año 2008 los acuerdos de readmisión de inmigrantes son una de las razones que tiene el gobierno para retenerlos en Ceuta todo el tiempo necesario hasta ser reconocidos por sus países y gestionar su deportación. Un proceso que está tardando varios años en muchos casos. Todo este tiempo en que los inmigrantes son obligados a permanecer indefinidamente en Ceuta o en Melilla viven en una situación de limbo legal en la que ven restringidos los derechos que cualquier inmigrante tiene en la península”, concluyen.
“Por ejemplo, a las personas migrantes en Ceuta y Melilla no les permiten empadronarse, por lo que no pueden ser documentados después de tres años como permite la ley. Tampoco tienen derecho a la seguridad social ni a la educación reglada obligatoria. La aplicación hiperrestrictiva de la nueva Ley de Asilo ha venido paradójicamente a dificultar aún más las posibilidades de ‘dar el salto a la península’. En lugar de suponer una mejora para los potenciales refugiados que conseguían llegar a alguna de estas ciudades, éstos se sumaron al bloqueo de los que llevan años en la misma”.