La puesta en libertad de un individuo detenido con una pistola por la Policía Nacional a finales de la semana pasada ha causado un malestar en el seno de la Policía, materializado en una nota de prensa remitida por el sindicato UFP a los medios de comunicación. El sindicato pedía mayor colaboración judicial para no terminar de esta manera con los servicios policiales, al entender que en el caso concreto la detención de esta persona había sido peligrosa, además de que habían recibido amenazas tanto los agentes actuantes como los de conducción.
Fuentes judiciales consultadas por este medio han reseñado que al detenido se le acusará de tenencia ilícita de armas pero cuando se sepa que el arma está en perfecto estado de funcionamiento. Este informe no ha sido trasladado al ámbito judicial por lo que aún no se ha confirmado, como lo necesita la justicia, la operatividad del arma para que, finalmente, se le puede imputar un delito que puede castigarse con año y medio de prisión.
Además las mismas fuentes puntualizan que la prisión preventiva que dicte el juzgado no es algo automático, no puede ser una medida que se adopte a la ligera, ya que sobre ella tiene mucho que ver, por ejemplo, el riesgo de fuga del detenido.
