La Justicia admite a trámite en Ceuta una denuncia de ‘preferentes’

Los Juzgados de Ceuta han decidido admitir a trámite y abrir diligencias previas por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental a raíz de la denuncia formulada por un ceutí de 76 años contra la importante entidad bancaria de la que era cliente y de la que vio desaparecer como por arte de magia los 125.000 euros, el ahorro que había conseguido acumular durante toda su vida, que tenía en una cuenta corriente común y en depósitos a plazo fijo.
Según explicó ayer el letrado Carlos Alonso, del despacho ‘Alonso-Hiecke Abogados’, que representa al jubilado, en julio de 2007 la entidad en cuestión, cuyo nombre evitó revelar, “contrató a mi cliente, sin su consentimiento, participaciones referentes por un valor total de 125.000, suma a la que ascendían los ahorros de toda su vida”.
“Este producto financiero, que es de una enorme complejidad y riesgo, es impropio de una persona de avanzada edad, quien naturalmente busca tranquilidad y seguridad en los últimos días de su vida”, argumentó el abogado, quien subrayó “el alto riesgo de este producto, que es de carácter perpetuo, por lo que nunca podría recuperar su dinero”.
Tras solicitar en varias ocasiones y “a lo largo de varios meses” copia de los contratos a través de los que se había formalizado la adquisición de dichas ‘preferentes’, la entidad bancaria le entregó copia de los mismos, “donde constan firmas que no son de su autoría y, por tanto, falsificadas”.
“Esta situación está causando graves perjuicios a mi cliente, quien se ha visto obligado incluso a poner en venta su vivienda habitual y a recibir ayuda económica de sus hijos, además de estar en tratamiento médico por la ansiedad que le ha producido verse despojado de los ahorros de toda su vida”, destacó su representante legal.
Según datos de ADICAE, en todo el país hay más de 700.000 familias afectadas por las denominadas ‘preferentes’, un producto financiero que prometía altos intereses pero no revelaba su carácter perpetuo ni sus riesgos: el banco no está comprometido a devolver el dinero en una fecha fija porque no hay un vencimiento determinado y la inversión no está cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), contrariamente a los depósitos que sí está cubiertos hasta un tope de 100.000 euros por titular y cuenta.
‘La Caixa’, ‘Bankia’, ‘BBVA’, ‘Santander’ y ‘CAM’ fueron, por este orden, las entidades que mayor volumen de ‘preferentes’ colocaron en nuestro país.

La Fiscalía andaluza ordena abrir diligencias

La Fiscalía Superior de Andalucía ordenó a las diferentes fiscalías provinciales de la comunidad la apertura de diligencias sobre la comercialización de las denominadas participaciones preferentes en un decreto en el que advirtió además de la ‘mala praxis’ generalizada de entidades con estos productos. El decreto distingue varias situaciones relacionadas con las preferentes que, según la Fiscalía, deben ser analizados en la mayor parte de los casos desde la jurisdicción civil por haber podido existir situaciones abusivas de falta de información o el uso de un producto financiero no apropiado para el público que lo contrató.

Las preferentes

¿QUÉ SON?
Un producto financiero “perpetuo” y con riesgo
Las participaciones preferentes son “productos financieros complejos que no hay que confundir con los depósitos”, inversiones “de tipo perpetuo”, es decir, sin una fecha de vencimiento determinada, y que cuentan “con una liquidez muy reducida”. Algunos expertos las han descrito como “el ‘eslabón perdido’ entre el depósito y las acciones”.
AFECTADOS
Adicae cifra en 1.200 los ceutíes perjudicados
La Asociación  de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae-Ceuta, cuantifica en 1.200 las personas afectadas en la ciudad autónoma por la colocación engañosa de productos financieros que se vendieron como depósitos a plazo.
ARBITRAJE
Comisión para las entidades intervenidas
PP y PSOE alcanzaron la semana pasada un principio de acuerdo sobre la solución para los titulares de participaciones preferentes en entidades que han sido intervenidas por el Estado, que pasaría por crear una comisión pública que supervise los procesos de arbitraje. Todos los afectados podrían optar por esta vía si lo solicita el usuario o la entidad lo propone y lo acepta el inversor.