La Junta de Personal urge al ME a atender las “graves carencias” educativas

{jaimage crop="TC" /}A modo de plataforma reivindicativa ante el Ministerio de Educación bajo las directrices de Wert, la Junta de Personal Docente ha plasmado en un documento las actuaciones que, a su juicio, considera necesarias para abordar los graves problemas del sistema educativo local. “Son reivindicaciones muy sentidas y asumidas por el profesorado, y sobre las que llevamos mucho tiempo trabajando”, indican desde la Junta. “Aún siendo conscientes de las dificultades del momento”, añaden, “y desde el sentido de la responsabilidad que nos ha caracterizado siempre, vamos a seguir luchando para que Ceuta tenga los mismos derechos que el resto de comunidades en materia educativa”.
Esa ristra de reclamaciones se resumen en la consecución de unos logros. De entrada, la constitución de un órgano de gestión que sea específico para Ceuta y Melilla. “La experiencia de una década aconseja que exista un único interlocutor administrativo que canalice la política educativa de Ceuta y Melilla. El sistema actual es muy ineficaz, y provoca continuos desajustes y demoras que repercuten muy negativamente en el funcionamiento del sistema”, indica la Junta de Personal. Unido a este interlocutor válido se reclama la construcción de centros escolares. Queda de fondo el discurso irónico que ofreció en Ceuta el anterior ministro Gabilondo, que se marcha sin conseguir que su obra en Loma Colmenar siquiera se haya plasmado en un documento.
“La crisis no puede ser excusa para retrasar más la puesta en marcha de un plan urgente de construcciones escolares que dote a la Ciudad de una red de centros adecuada a las demandas de la población escolar. En esta materia Ceuta vive una situación de emergencia, y como tal es preciso actuar. Como mínimo es preciso construir inmediatamente un instituto de Secundaria, dos colegios de Educación Infantil y Primaria y un centro de Educación Especial”.
Más allá de estas actuaciones la Junta de Personal considera imprescindible la constitución de un órgano de negociación propio, “en el que podamos plantear nuestras reivindicaciones y alcanzar acuerdos vinculantes, tal y como hacen el resto de comunidades. La situación de injusta inferioridad que padecemos actualmente es inaceptable”, sentencian. En la Mesa de Negociación, y como primer objetivo, señalan que se debe refrendar los acuerdos pendientes de cumplimiento (en especial la equiparación del complemento específico a la media de las comunidades autónomas), independientemente de que se pacte un nuevo calendario de materialización en función de la evolución de la situación económica. A estas reclamaciones se suma la petición de modificación de la orden de interinos, en el sentido consensuado por todos los sindicatos y las dos Ciudades.
En este conjunto de reclamaciones se solicita, además, la adopción de una política de escolarización que tenga como objetivo lograr un grado racional de uniformidad del alumnado entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. “En la actualidad se aplica una política notoriamente desequilibrada que termina por concentrar en un grupo limitado de centros un elevadísimo porcentaje del alumnado conflictivo. Por su parte, la ausencia de criterios claros y de rigor en la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, provoca un distribución muy desigual de este alumnado”, apunta. A la administración, considera, cabe solicitarle la adopción de una nueva política de escolarización orientada a lograr un grado racional de uniformidad entre la población escolar de todos los centros sostenidos con fondos públicos, así como determinar y aplicar criterios objetivos de distribución del alumnado con necesidades educativas especiales.
Como complemento de estas medidas se solicita la actualización de la normativa, cuyo desarrollo está bloqueado, amén de estudiar el estado en que se encuentran las plantillas de los centros en cuanto a personal de administración y servicios. Dice la Junta de Personal que “están bajo mínimos” y que a pesar de las constantes reivindicaciones, “la administración no se ha tomado en serio esta cuestión. Entre planes de empleo, y programas similares, de dudosa legalidad, han improvisado soluciones; pero no ha resuelto el problema”, añaden.
Piden además que se fije un sistema ágil de sustituciones que garantice la cobertura de las bajas a partir del tercer día y que se mejore las posibilidades de movilidad del profesorado, “desde el más absoluto respeto a los derechos individuales”.
Como colofón a esta completa plataforma reivindicativa que no hace sino buscar soluciones al esqueleto de problemas educativos, se solicita que el Foro de la Educación ejerza efectivamente la competencia de elaboración del Calendario Escolar que tanta polémica ha ocasionado en los últimos años por la inclusión o no de la Semana Blanca y se reclama el incremento del número de centros a los que se le asigne la condición de “Difícil Desempeño”.
Con la intención de dotar de estabilidad a las plantillas de los centros, y de reducir los elevados índices de precariedad en el empleo (hasta situarlo en un 8%); se reclama articular ofertas públicas de empleo ajustadas a la necesidades reales del sistema, tanto en su volumen total como en la distribución de especialidades.

Más peticiones

Ratio de alumnos
Reclaman una ratio de alumnos óptima que permita impartir docencia “en condiciones aceptables”.En ningún caso, reclaman, se debe superar los 25 alumnos por aula; y en aquellos casos calificados de difícil desempeño o especial dificultad, en educación infantil que ninguna unidad supere los 20 alumnos.
Profesorado de apoyo
En el contexto de masificación denunciado, “la situación de la educación infantil es insostenible” por lo que se exige “medidas inmediatas y urgentes que permitan que cada centro tenga asignada una dotación de tres maestros por cada dos unidades y la incorporación de técnicos de Educación Infantil para la atención a los grupos del primer nivel”.
Atención a la diversidad cultural
Entiende la Junta de Personal que la administración educativa debe entender, y asumir, que una parte muy importante de la población escolar “presenta una serie de características muy complejas que dificultan enormemente la labor docente”, señalan. Este reconocimiento conllevaría la obligación de dotar a los centros de los recursos suficientes para gestionar con eficacia la atención a la diversidad que, “en nuestro caso, lejos de ser una declaración retórica o superflua, es una necesidad insoslayable”. Por ello se piden medios adecuados como la creación de aulas de inmersión lingüística de acogida; la incorporación a las plantillas de los centros de profesionales especializados en ámbitos socioeducativos; el incremento del profesorado de apoyo para aplicar correctamente la flexibilidad prevista  en la orden ministerial de atención a la diversidad en los grupos con alumnos con necesidades educativas especiales; o la determinación de los centros a los que, por sus especiales características,  se les deberá reforzar la plantilla de efectivos para atención a la diversidad.