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La Policía pide información en Emvicesa sobre los adjudicatarios finales y los destinatarios establecidos
Más de un año después de decretarse el secreto de sumario, lo que deja en suspenso los plazos máximos de instrucción establecidos en la legislación, las diligencias incoadas por el caso de las 317 viviendas de protección oficial (VPO) de Loma Colmenar y su ‘lista fantasma’ siguen sumando folios.
Funcionarios de la Policía comisionados por la juez que dirige las investigaciones han vuelto a visitar esta semana las oficinas de Emvicesa, esta vez para interesarse por la promoción de 170 VPO construida junto al Hospital Universitario y ocupada hace poco más de cuatro años.
Según las fuentes consultadas, el objetivo ahora es conocer al detalle el reparto de parte de esas viviendas entre distintos cupos (sobre todo) y constatar que sus adjudicatarios reales se corresponden con los nombres que salieron de la Comisión Local de la Vivienda cuando Antonio López todavía llevaba el timón del área.
El reparto de esas casas de dirigió en su inmensa mayoría a un amplio grupo de realojos de Tejar de Ingenieros, Hotel Lisboa, Miramar, el Príncipe o el Puente Quemadero, así como a colectivos singulares (personas con discapacidad, convenios de permuta, menores de 35 años y víctimas de violencia de género) y al cupo general (el resto de las sobrantes).
En el auto en el que, en septiembre de 2015, la instructora se negó a paralizar el proceso de adjudicación de las 317 VPO, la juez ya se refirió a la promoción anexa al Hospital Universitario en comparación con el proceso de reparto de la última.
“Es cuanto menos sorprendente que no se firmasen los contratos [de las 170 VPO] hasta el 7 de noviembre de 2012, siete meses después de la reunión de la Comisión, por lo que surge la duda de cómo es posible que realizar la lista discutida y firmar 317 contratos se haga en un plazo de dos meses”, refirió en relación con la celeridad de López en las gestiones tras las últimas elecciones, muy superior a la de cuatro años atrás, cuando sí había dado “sobrada cuenta en un informe de gestión sobre la entrega y la preparación de los contratos tipo de arrendamiento”.
La lista de ‘compromisos’ heredados
Parte de los incluidos en la ‘lista fantasma’ que terminó en el Juzgado por denuncia del Gobierno de Ceuta son personas que “habían sido adjudicatarias de una vivienda en la anterior promoción de las 170 viviendas de Loma Colmenar que por problemas de espacio (eran más familia que habitaciones tenía la casa) renunciaron a ellas mediante escrito, asumiendo el Subdirector General de la Vivienda el compromiso [de poco o ningún valor legal] de instar a la Comisión Local de la Vivienda la adjudicación en la promoción de 317”. También había adjudicatarios “por el procedimiento legalmente establecido de los cupos”, refirió la juez en septiembre de 2015.
Investigados por cohecho tras confesar que pagaron por casas
Un número indeterminado de las personas que han sido citadas a declarar en el marco de la investigación judicial abierta hace ya un año y medio ha reconocido haber pagado dinero para convertirse en adjudicatarios de viviendas de promoción pública.
Las dos primeras pasaron a la condición de investigados (la nueva denominación de la figura del imputado) por un presunto delito de cohecho el verano pasado tras haber confesado que abonaron un total de 20.000 euros para hacerse con cuatro Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la promoción de Loma Colmenar, con una en un caso y con tres en otro a razón de 5.000 euros por casa, según fuentes bien informadas.
La Policía Nacional ha abierto como mínimo dos investigaciones en torno a la adjudicación de viviendas de promoción pública, una tras la publicación del listado 'fantasma'. De más atrás venía otra que incluyó la detención y puesta a disposición judicial de al menos una persona por su presunta relación con las exigencias de cantidades de dinero que oscilaban entre los 8.000 y los 10.000 euros para la supuesta adjudicación de VPO. Además la Policía tenía identificadas a seis personas más relacionadas con esta presunta trama. Estas diligencias fueron archivadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad a finales de 2015.
llevo 9 años detrás de una casa de protección oficial y nada de nada, lo que si tengo claro es que no pago dinero negro por una casa.
tampoco no lloro en emvicesa para que me la den por derecho, todo español tiene derecho a una vivienda digna, nos duele que el dinero de los contribuyentes se usen para fines delictivos como es el caso, financiación del estado para que otros se enriquezcan a costa de las adjudicaciones.
QUE INVESTIGUEN LA CONCESION DE LAS 81 VIVIENDAS DE YBARROLA Y VERAN