El 95% de las casas de la barriada sigue en situación de ilegalidad, a pesar de lo cual los vecinos pagan los impuestos de la Ciudad
Los vecinos de la barriada Príncipe Alfonso han vuelto a reivindicar la legalización de sus viviendas, una cuestión que lleva coleando desde tiempo atrás y que, a día de hoy, sigue sin respuesta ni amago de solución por parte de las autoridades.
Actualmente, el Príncipe Alfonso cuenta con 3.000 viviendas, el 95% de las cuales se encuentra en esta situación irregular, según apunta el presidente de la asociación de vecinos, Abdelmalil Mohamed ‘Kamal’, quien tiene claro que este es uno de los motivos de la proliferación de obras ilegales en la barriada. “Al no haber una regularización, muchos optan por construir ilegalmente porque al no existir un control sobre las casas pueden hacer lo que quieren”.
La gran mayoría de estas viviendas tiene una antigüedad de más de cien años y su origen procede de la venta de estas casas a los primeros habitantes de la barriada. “Por muchas casas han pasado tres generaciones. Mi abuelo fue una de las personas que adquirió una vivienda, pero ese documento no tiene validez y, a pesar de los años que han transcurrido, aún no está legalizada”, explica Kamal.
Algunas de estas edificaciones se encuentran en terreno militar, lo que conlleva una tramitación más complicada entre las autoridades civiles y militares, pero Kamal asegura que su intención es mover este tema paso a paso. “Sólo pedimos que, por ahora, se regularicen las viviendas que están en parcela civil porque comprendemos que las que se ubican en terrenos militares es un tema más complicado, pero al menos que se vea que hay una intención por parte de la Ciudad”, asevera el presidente vecinal.
Las casas no disponen de cédula de habitabilidad y ello les imposibilita tener contrato de luz o agua. “Están en un limbo porque tampoco pueden contratar estos servicios básicos y por eso muchas familias no tienen suministro de algo tan esencial. En la misma situación se encuentran muchos negocios del barrio, como es el caso de las tiendas”.
Si embargo, y a pesar de encontrarse en esta situación de ilegalidad, las familias abonan el impuesto de la vivienda, que la Ciudad cobra anualmente. “Es una situación irreal porque no están legalizadas y, sin embargo, pagan el catastro como el resto de ciudadanos ceutíes”, apunta Kamal mientras que hace un llamamiento a las autoridades para que “agilicen el procedimiento porque ya llevamos muchos años así y no es justo que tengan a estas familias en este sinvivir”.